La megasequía que tensiona la producción de agua potable para un millón cien mil personas entre las regiones de Arica, Parinacota y del Bío-Bío, además del lamentable lugar número 18 en el ranking mundial de los países que presentan un “alto riesgo” de estrés hídrico, coloca a Chile en la compleja situación de asumir que debe tomar acciones audaces si no queremos integrar la lista de los países que se encuentran en una verdadera emergencia climática debido a la escasez de agua.
Según el último informe del Instituto de Recursos Mundiales que se conoció a inicios de mes, nuestro país tristemente está muy cerca de sumarse a la lista de los países que hoy presentan un riesgo extremadamente alto en cuanto a la demanda de agua que hay y la cantidad disponible en el territorio disponible para sus habitantes.
Si la autoridad no toma en serio este problema y titubea en las acciones concretas que debe adoptar, es muy probable que al 2040 Chile esté entre los países con mayor estrés hídrico. Así lo afirman estudios científicos.
Para ello se necesita que el gobierno elabore y ejecute un programa de gestión de recursos hídricos integral que considere la protección, recuperación y conservación de ríos y humedales, sistemas de riesgo optimizado, embalses para la acumulación de aguas y tratamiento de aguas servidas, además de revisar y reevaluar el otorgamiento de derechos de aprovechamiento de agua.
Pero una acción que la autoridad puede poner ya en acción es la implementación del reglamento para los APR de acuerdo a la nueva regulación para los servicios sanitarios rurales, norma que fue ampliamente aplaudida en su momento por los comités de agua potable rural, pero que hoy ven con preocupación porque sin normas claras no es del todo efectiva.
Esta ley que impulsamos en el Congreso tenía como objetivo beneficiar a miles de comunidades de todo Chile, especialmente rurales , que viven gracias a estas cooperativas, lo que en la situación actual de grave escasez hídrica resulta fundamental.
El ministerio de OO.PP. es el llamado a dictar a la brevedad este reglamento porque aunque las regiones que están al sur del Bío-Bío no atraviesan por una megasequía sí requieren de manera urgente una modificación al régimen hídrico. Hoy no tenemos infraestructura que nos ayude a enfrentar los efectos nocivos del cambio climático.
La COP25 representa una oportunidad para romper con la poca voluntad política que ha habido en los últimos 20 años para avanzar en medidas que nos permitan dar un uso eficiente al agua, pero por sobre todo impulsar medidas regulatoria que coloquen punto final a la venta del agua en Chile.
En todo el mundo este recursos es de todos y no sólo de algunos. Esa la primera medida que debemos cambiar si vamos a tomar en serio este grave problema.
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