La otra Trinchera: el modelo de aguas
Con la discusión del retiro del 10% de laS AFP, la comisión de Constitución del Senado tuvo que posponer la votación de la reforma al Código de Aguas prevista originalmente para el 20 de julio, situación que volvió a retrasarse por efecto del último cambio de gabinete.
Esto es así, dado que la salida de Andrés Allamand y Víctor Pérez de la Comisión de Constitución del Senado debió reemplazarse por los senadores Rodrigo Galilea (RN) y Luz Ebensperger (UDI), quienes ya solicitaron un mes más de plazo para analizar este proyecto.
Esta comisión se completa con los senadores Pedro Araya, Alonso de Urresti y Francisco Huenchumilla. Lo anterior significa una nueva dilatación de esta reforma que ya lleva 9 años en tramitación, y que fue aprobada por la Cámara de Diputados y las Comisiones de Recursos Hídricos y Agricultura.
La discusión se centra en los puntos que tienen relación con las características del derecho privado de los derechos de agua.
Actualmente el agua es un Bien Nacional de Uso Público, pero el uso y aprovechamiento de ella está consagrado a perpetuidad como propiedad privada para sus titulares.
En esto hay que destacar que el agua no está privatizada, pero sí su uso y aprovechamiento, lo cual se establece como una trampa legal en el contexto de la instauración del modelo neoliberal en los años 80.
Dentro de los temas principales de esta reforma, se encuentra el planteamiento que estos derechos de agua pasen a tener una temporalidad de 30 y 20 años donde el legislador puede revisar si amerita renovarlos, modificarlos o eliminarlos.
Otro punto controversial, corresponde a la posibilidad de caducar aquellos derechos que no se están utilizando, donde actualmente sólo existe el mecanismo de un pago de patente por no uso.
La principal traba que tiene el proyecto tiene que ver con el argumento de inconstitucionalidad que tendrían estos puntos antes señalados, los cuales han sido arduamente expuestos por el gobierno y sus representantes como el actual director general de aguas Oscar Cristi y los ex senadores Allamand y Pérez (se estima que los nuevos miembros de la comisión sigan la misma línea).
Esta defensa acérrima al argumento de inconstitucionalidad además ha contado con las fuertes presiones ejercidas a la comisión desde el mundo agrícola y empresarial, específicamente de la Sociedad Nacional de Agricultores, las Juntas de Vigilancia VI y la CPC, junto al apoyo legal del centro de pensamiento Libertad y Desarrollo contando con programas y difusiones radiales en Radio Agricultura.
Las presiones y defensa del mundo agrícola son de esperar, cabe destacar que cerca de un 80% del uso de agua se va a riego agrícola en el país. Por otro lado, la defensa del gobierno tiene corrientes fuertemente ideológicas en una situación similar a la defensa por el retiro del 10%. El sistema de AFP junto a la privatización de los recursos naturales son el corazón el modelo neoliberal.
Incluso de aprobarse, esta reforma no plantea ningún mecanismo de revisión, control o regulación del actual mercado de aguas, que tiene pocas transacciones durante el año y funciona con una asimetría de información relevante para sus actores. Tampoco considera los aspectos de derechos ancestrales, ambientales o sociales.
Hay que destacar que el agua es al mismo tiempo un bien social, ambiental y económico. En ese sentido, el mercado de aguas (si es que funcionara) sólo se hace cargo de la componente económica.
Por otro lado, al tratarse de un Bien Nacional de Uso Público, el legislador debe poner el interés público y nacional por sobre el particular a la hora de regular el derecho de aprovechamiento del agua.
Esto hace completamente constitucional plantear una temporalidad en el uso de los recursos hídricos, asegurando un periodo efectivo de certeza jurídica para sus titulares de 30 o 20 años, suficiente para actualizar sus ganancias. Por tal razón, no hay argumentos técnicos, económicos y legales sólidos para realizar esta defensa a ultranza más que los que provienen del mundo ideológico.
La rigidez que plantea el sistema de derechos de agua a perpetuidad no soluciona el contexto de los acelerados cambios que sufren los contextos locales, el desarrollo y las evidencias de los impactos del cambio climático.
En estos últimos años los sectores oficialistas han utilizado diversas estrategias para dilatar el avance de esta reforma, lo cual se refleja en demoras en entrega de informes, abundancia de expositores o realizar múltiples indicaciones para dificultar su comprensión y votación.
La actual crisis de confianza en las instituciones y la importancia de los gobiernos y contextos locales presenta una urgencia adicional por realizar este tipo de reformas, y que también consideren actores representantes de los terrenos locales, pueblos originarios y otras actividades como el turismo, el medio ambiente y la valoración cultural local.
La tramitación de esta reforma delata una serie de problemas centrales de la discusión en Chile, que es la desconexión de la clase política con las realidades del país, la exclusión de otros actores, el modelo centralista y la mirada economicista de las reformas, donde se incorpora sólo la mirada del mundo empresarial.
Aunque esta reforma resulta deficiente y no atiende aspectos fundamentales para la legitimidad del sistema, no puede seguir dilatándose, argumentando posiciones ideológicas que hoy tienen poca representatividad en un contexto ad-portas de un plebiscito para una nueva Constitución.
El modelo de aguas es una de las múltiples defensas de trinchera que les quedan a los defensores del modelo neoliberal.
Desde Facebook:
Guía de uso: Este es un espacio de libertad y por ello te pedimos aprovecharlo, para que tu opinión forme parte del debate público que día a día se da en la red. Esperamos que tus comentarios se den en un ánimo de sana convivencia y respeto, y nos reservamos el derecho de eliminar el contenido que consideremos no apropiado