Las primeras críticas al suspendido informe Doing Business
El jueves 27 de agosto del presente año, el Grupo del Banco Mundial dio a conocer la suspensión del famoso, aunque cuestionado, Informe Doing Business (Índice de Facilidad para Hacer Negocios) que tras 17 años de ininterrumpidos reportes, este 2020, como muchas de las cosas que conocemos, ha sufrido un duro revés, pero esta vez no es producto del coronavirus, sino más bien debido a una seguidilla de cuestionamientos que comenzaron el año 2018 con las declaraciones del entonces economista jefe, Paul Romer.
En dicha oportunidad, Romer dejo entre ver (aunque luego se retractó) que las clasificaciones de Chile en dicho ranking (Doing Business 2017) habían sido modificadas para afectar el gobierno de la ex presidenta Bachelet, y beneficiar la candidatura del actual presidente Piñera.
Lo que está claro, es que no fue la primera vez que existieron cuestionamientos a la metodología ni a las clasificaciones del Doing Business, ya que durante los 17 años en que se realizaron las publicaciones, siempre hubo cuestionamientos de diferentes organizaciones.
Una de las más importantes, y que desde un principio ha tenido reparos respecto a la construcción de este índice, es la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Ya por el año 2007, Berg y Cazes (investigadores de la OIT) cuestionaban la forma de calificar a los países, pues al otorgar una alta calificación a naciones que no tiene leyes del trabajo, o que estas son mínimas, lo que se incentivaba era la desregulación del mercado laboral, pues al promover la facilidad para hacer negocios en base a un desincentivo regulatorio, este establecía una desregulación laboral.
Además, para Berg y Cazes, la principal crítica a los informes del Banco Mundial, dice relación con el tema de Contratación de Trabajadores, pues el caso hipotético contempla un supuesto “trabajador tipo” que tiene 20 años de permanencia en el empleo, pero que, según datos de la Unión Europea, para el año 2005, en 15 países estudiados tan solo el 17% de la población trabajadora tenía permanencia en su empleo equivalente a 20 años o más.
Para el caso de América Latina, el promedio de permanencia fue de tan solo 6,2 años. En tal sentido, el hecho de desregular el mercado laboral supuestamente iba a generar un inminente aumento en la cantidad de negocios en los países desregulados y que, por consecuencia, la informalidad disminuiría y la estabilidad en el empleo aumentaría, lo cual está fuera de lo que muestra el debate empírico.
En este sentido, es importante resaltar que la finalidad de los reportes de Doing Business consistía en promover que los Estados generasen reformas que fueran en línea con la creación de nuevas empresas, impulsando de esta manera el crecimiento económico, lo que permitiría mejores condiciones para las personas trabajadoras.
No obstante, las instituciones juegan un rol esencial para el mercado laboral, pues son las que ejercen una fuerte influencia en la disminución de las tasas de desempleo.
En consecuencia, es preocupante ver que tanto influyeron estos reportes en nuestras instituciones, debido a que estos se utilizaban para la desregulación del mercado laboral e incentivos empresariales.
Cabe señalar que, en cada uno de los 17 reportes, se daban a conocer las principales reformas laborales a nivel global que promovían la desregulación, por lo que es más necesario que nunca, conocer cuan profundas son las irregularidades detectadas al interior de las clasificaciones Doing Business.
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