Más allá del estancamiento: la urgencia del desarrollo territorial rural
El debate económico en Chile se encuentra hoy capturado por la alarma ante las cifras de actividad. Frente a este panorama desalentador, la discusión pública tiende a focalizarse en cómo arañar décimas de expansión macroeconómica que mejoren las expectativas en adelante. Sin embargo, si bien el crecimiento económico es fundamental, hay otras dimensiones que no debemos olvidar. Si en las épocas de bonanza los beneficios apenas gotearon hacia los márgenes, en periodos de debilidad económica es la ruralidad más desventajada la que primero sufre las consecuencias de la postergación.
Es imperativo no perder de vista el desarrollo: el desafío de fondo no es solo volver a crecer, sino construir condiciones de vida dignas, equitativas y sostenibles en los territorios históricamente relegados.
El enfoque del Desarrollo Territorial Rural nos aporta una clave indispensable frente a este foco macroeconómico: el territorio no es un mero contenedor físico ni una suma algebraica de variables productivas, sino una construcción social compleja y viva. La evidencia muestra con claridad que no existe un campo estándar, sino una trama diversa de espacios rurales marcados por trayectorias, ecosistemas e identidades heterogéneas. Por esta razón, el progreso no puede medirse únicamente a través del fomento agropecuario o extractivo tradicional. El verdadero desarrollo exige transformaciones integrales y simultáneas en dimensiones que van desde el bienestar social y la calidad de los servicios básicos, hasta la sustentabilidad ambiental, la preservación cultural y el fortalecimiento de la toma de decisiones descentralizada.
En nuestro campo, el mal momento económico agudiza brechas estructurales que las estadísticas promedio suelen ocultar. Hablamos de una ruralidad fragmentada por la baja densidad poblacional, la falta de conectividad digital y vial, la severa escasez hídrica y un déficit persistente en salud y educación oportuna. Estas carencias aceleran la migración de los jóvenes hacia los centros urbanos, provocan el envejecimiento de las actividades productivas locales y debilitan el patrimonio cultural comunitario. Frente a esta realidad, las políticas públicas diseñadas de forma centralista y de arriba hacia abajo resultan muchas veces estériles si no incorporan una mirada arraigada en el contexto particular de cada territorio y articulada con pertinencia local.
Iniciativas como la Política Nacional de Desarrollo Rural, promulgada en mayo de 2020 tras un prolongado proceso de elaboración técnica y participativa iniciado en 2012 e institucionalizado en el Ministerio de Agricultura, marcaron un hito conceptual indispensable al consagrar principios como la descentralización, la diversidad territorial y una mirada multidimensional de la calidad de vida que trasciende lo meramente productivo. Sin embargo, la experiencia de su despliegue y aterrizaje regional evidencia que el desafío de fondo no radica en promulgar directrices generales, sino en dotarlas de continuidad política, financiera y operativa frente a las inercias del aparato público.
En un país de arraigada tradición centralista, una estrategia de esta envergadura corre el constante riesgo de reducirse a un repositorio de acciones aisladas o de quedar encasillada como un programa sectorial agropecuario si no se construye una gobernanza transversal efectiva. Para que el desarrollo territorial sea real y no retórico, se requiere una coordinación intersectorial robusta que vincule a ministerios, gobiernos regionales y municipios, transfiriendo capacidades y dialogando de igual a igual con las organizaciones productivas y sociales que sostienen la vida comunitaria en el territorio.
El crecimiento macroeconómico es relevante, pero de nada sirve obsesionarse con balances agregados si estos conviven con el abandono y la precarización del mundo rural. Ante el actual letargo de la economía, la respuesta no vendrá de fórmulas homogéneas, sino del impulso decidido a los territorios y del fortalecimiento de la participación como motor genuino de equidad y desarrollo local.