Mesa Nacional del Agua, continuidad del despojo

“Todos tenemos que cuidar el agua” sentenció el presidente este 29 de enero, presentando el primer informe de la Mesa Nacional del Agua convocada 9 días antes del estallido social de octubre. Este tiene el objetivo de crear soluciones de mediano y largo plazo para enfrentar la crisis hídrica.

Para entrar en contexto, después del estallido social el problema del agua ha pasado a ser un enfermo terminal, ya que junto a la prolongada sequía existente, su distribución se sigue basando en un modelo no legitimado, formando parte de ese país que ha sido usufructuado por unos pocos, en que un 95% de la población ha visto el crecimiento económico sólo por TV.

En cuanto al agua, las actuales acciones del gobierno han sido tan erráticas, hasta el punto fusionarse las carencias técnicas, incapacidades intelectuales y el incontrolable deseo colonizador de perpetuar la propiedad privada del agua y sus beneficios para una pequeña elite dominante. En ese aspecto, la endogámica relación entre la clase política y el poder económico pone de manifiesto la imposibilidad de generar cambios desde la vía institucional, ya que esa misma institucionalidad carece de legitimidad en todo orden.

Sinceramente, desmenuzar las propuestas de este informe es perder el tiempo (podrá quedar para otro artículo), ya que no hay “nada nuevo bajo el sol” y es un informe con idénticas propuestas a cualquier informe de recomendación internacional que usted tome del año 2010 y que sea elaborado por instituciones como el Banco Mundial, Cepal y ONU.

¿Diez años perdidos?

¿Incapacidad?

O derechamente ¿intencionalidad en mantener el status quo?

El agua es una propiedad privada a perpetuidad, se inscribe en el conservador de bienes raíces, se puede arrendar o vender y los beneficios por su uso sólo los recibe su dueño y NO el país, como lo han querido hacer ver algunos defensores del actual modelo.

Como en todas las áreas es un modelo hecho para unos pocos, beneficios individuales y lucro descarado con bienes naturales. El agua ha sido tratada como una especie de “capital de inversión”, lo cual constituye un verdadero despojo, una situación extraña como lo diría el Jefe Indio Seattle en su carta de 1855 al entonces presidente de USA.

Hace pocos días el parlamento rechazó la idea de declarar el agua como un bien nacional de uso público, si bien esto está dicho en el Código de Aguas, lo que prevalece es la Propiedad Privada plasmada en la Constitución y ligada al Código Civil.

La actual Mesa del Agua propone una serie de contradicciones y propuestas de buen alumno, por ejemplo, plantea la planificación estratégica del Estado sobre el uso del agua, que bajo un estado subsidiario es imposible ya que no tiene potestades para inmiscuirse en negocios privados, un ejemplo es el caso de los Derechos de Agua traspasados de Aguas Andinas a Alto Maipo.

Para la protección de los ecosistemas sucede lo mismo, el Estado no tiene derechos de aguas que le permitan protegerlos, ya que los animales y bosques no tienen dinero para comprarlos.

Desde las propuestas legales, se persiste en fortalecer los mecanismos económicos y el mercado de aguas que en la realidad nunca ha funcionado como tal y en la neoliberalización del recurso hídrico aplicando “incentivos” a la inversión privada (¿corrupción legal?).

Cabe mencionar que recientemente se aprobó que los nuevos derechos de agua serán otorgados como concesiones temporales con un plazo máximo de 30 años. En esto, hay que mencionar que el 99% de los derechos de agua en Chile ya están otorgados y seguirán siendo propiedad privada a perpetuidad. Por lo tanto, es una reforma con efectos marginales.

La única forma de asegurar la seguridad hídrica es debilitando la propiedad privada, generar un concepto más flexible de uso del agua sobre todo bajo un escenario de cambio climático. Sólo así se puede incorporar al Estado como ente planificador a largo plazo. Y esto no es marxismo, es la normalidad en todos los países del mundo.

Todas estas medidas que se propone en la Mesa Nacional se planean dentro de un programa de acción a terminar a fines del año 2020, un apuro nunca visto en 20 años de constantes iniciativas de reformar el código de aguas.

Esto evidentemente obedece a una acción desesperada dentro de la discusión de una nueva Constitución, para anticipar y generar una nueva normativa de aguas similar a las leyes de “amarre” del año 1989 previo al plebiscito constitucional entre el Pinochetismo y la Concertación.

Para terminar, es importante indicar que esta Mesa Nacional del Agua que según el Mandatario “incorpora a la sociedad civil” tiene dentro de sus integrantes a los principales ministros de su gobierno, muchos de ellos de la escuela de Chicago, uno de ellos ex directorio Penta y Brotec, dos miembros de la familia Walker con una gran cantidad de Derechos de Aguas en su poder, numerosos miembros de la Fundación Avanza Chile que a la vez son miembros del Directorio de la minera BHP, al polémico senador del Maule Rodrigo Galilea con su proyecto de 700 casas al lado del humedal Valdivia, un oficial del ejército, al diputado Pablo Kast hijo del Chicago Boys Miguel Kast, a otro Chicago José Ramón Valente, a los polémicos diputados René Alinco y José Pérez y a Ricardo Ariztía ligado al rubro ganadero y bovino en zonas de Alhué y Melipilla, entre otros.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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