Nacionalización del cobre para la concreción de un Estado garante de derechos
La propiedad colectiva de los bienes naturales estratégicos ha sido a lo largo de la historia la que ha permitido tanto la soberanía de las naciones como el soporte económico de una sociedad. En Chile la discusión pública de la época dio cuenta de la relevancia, en todos los sectores políticos, que tenía la nacionalización del cobre en relación a la dependencia económica, la necesidad de distribución de estos ingresos para garantizar las demandas de la ciudadanía, para detener la pérdida de divisas y para la producción de bienes fundamentales para la transmisión de energía y, por tanto, la relevancia geopolítica que puede desprenderse de la propiedad colectiva sobre el metal rojo.
La revisión de algunos de estos discursos nos permite observar no solo la conciencia política de la soberanía nacional sobre el cobre, sino también las acciones que se emprendieron para que fuese una realidad.
Radomiro Tomic afirmaba en 1941 que "...el cobre podría ser para la economía chilena como la 'lámpara de Aladino' (como el petróleo para los árabes), pero la tradicional desconfianza (...) nos impide aprovechar el don prodigioso de la naturaleza que representa tener en nuestro territorio un tercio de la reserva mundial de cobre terrestre, de los mejores y mayores yacimientos con los más bajos costos comparativos de producción del orbe del metal más escaso y más indispensable para la generación, distribución y uso de la energía eléctrica".
El Presidente Salvador Allende aseveró en 1970 que "...nacionalizar el cobre ahora, el hierro, el salitre y la riqueza que, indiscutiblemente, obligará a una gran unidad de los que defienden a Chile y sus fronteras económicas. Yo reclamo que estén junto a nosotros aquellos que no tienen nuestro mismo domicilio político ni nuestras mismas ideas, pero que piensan en Chile y su destino (...) pero el pueblo de Chile y el gobierno popular que presido han medido claramente la responsabilidad de la medida que es indispensable tomar para fortalecer la economía de Chile, para romper su dependencia económica".
El senador de derecha del Partido Nacional Francisco Bulnes declaró en 1971 "...pero ser partidario de la propiedad privada no significa oponerse en principio a que determinadas actividades económicas pertenezcan al Estado por razones excepcionales. De acuerdo con esta manera de pensar, nunca nos hemos opuesto conceptualmente a que el Estado chileno se haga dueño de la gran minería del cobre, que provee la mayor parte de las divisas con que cuenta el país (...) y cuya permanencia en manos extranjeras significa, obviamente, que el producido de una riqueza natural imposible de reponer no queda totalmente en Chile, sino que se va en parte al exterior".
El parlamentario recordaba que "en oportunidades anteriores, sobre todo porque las empresas exigían condiciones excesivamente favorables para ampliar sus explotaciones, estuvimos muy cerca de decidirnos por la expropiación de la gran minería del cobre. En 1965 uno de nuestros parlamentarios -del derechista Partido Nacional- el senador Julio Von Mühlenbrock presentó un cuerpo de indicaciones que disponían la expropiación". Luego, agregaba que "contribuimos a aumentar mucho la injerencia de la Corporación del Cobre en la comercialización de los productos y aún en la explotación misma de los minerales. Más adelante, en 1969, acogimos con mucha satisfacción la renegociación de los convenios, que daba lugar a la nacionalización pactada, que se realizaría dentro de un término prudente". Y concluía sosteniendo que "en el momento presente estamos de acuerdo en que la nacionalización se lleve a efecto de una vez por todas y mediante decisión soberana del Estado de Chile".
En el Chile actual se silenció por muchos años la importancia del cobre para Chile, compartamos algunas cifras y comparaciones para poder graficar el nivel de importancia que tiene el cobre para nuestro país.
Chile posee el 30% de las reservas mundiales de cobre, metal fundamental para el desarrollo de la industria verde. Hay diversas estimaciones de cuánto sería el nivel de ingresos fiscales que se podría obtener con una nacionalización, considerando que los costos se pagan con los metales adicionales que el mineral contiene, como el oro, la plata y el molibdeno. La estimación más baja de los ingresos que obtiene la gran minería privada va desde los 23.669 millones de dólares al año (año 2020), más de un retiro de fondos de pensiones. Eso sin considerar los ingresos que lograríamos con una diversificación productiva o el valor agregado que se podría obtener si el bien es explotado únicamente por el Estado; tampoco considera la evasión en que incurren las empresas; montos altos, muy altos para un país tan desigual, sin garantías sociales y lamentablemente sin fiscalización real posible a las empresas privadas. Tal hecho fue denunciado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.
Algunos dirán instauremos un royalty, quizás logremos idealistamente el mejor escenario construido, un royalty de 30% y ellos se quedarían con el 70% de los ingresos por un bien no renovable, y nosotros sin gobernanza sobre la producción, sin soberanía y con la debida mantención del despojo.
Es por ello que en pleno debate económico sobre la propiedad colectiva en la nueva Constitución es necesario que se restablezca la conciencia sobre aquellos ámbitos que le dan sostenibilidad a las finanzas públicas para la concreción de un Estado garante de derechos. Para ello es imprescindible la mantención de la nacionalización del cobre, la nacionalización de las empresas de la gran minería del cobre y el fin a las concesiones plenas de la gran minería privada.
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