Presupuesto con nombre y apellido

Ya estamos empezando a ver en detalle la propuesta del gobierno para el Erario 2020. Lo primero en que nos enfocamos - enseñanza de la tramitación del año pasado - es procurar que lo de “presupuesto austero” no implique restar al Fondo de Desarrollo Regional para el gasto permanente de nuestra región de Coquimbo. 

Esto porque la ejecución al debe del GORE es por lo bajo preocupante. Por eso seguiremos insistiendo en la necesidad de inversión pública respecto infraestructura que ayude a mejorar el uso del escaso recurso hídrico con el que se cuenta: tratamiento de aguas grises, embalsar aquellos recursos y redistribuirlos de mejor manera, tanto para asegurar el consumo humano como para las actividades productivas vinculadas a la agricultura, además de las alternativas que surjan como herramientas que nos ayuden a administrar el agua.

Aquello es fundamental y seguiremos siendo majaderos respecto que los recursos extraordinarios deben venir en la ley de presupuesto con nombre y apellido. 

¿Por qué nuestro resquemor? Porque Hacienda anunció recursos adicionales para enfrentar la emergencia hídrica, pero al ver las iniciativas de inversión en Agua Potable Rural del MOP vemos 0% de incremento, es decir, siguen considerando los mismos recursos, centrados en $117.673 millones. ¿De qué prioridades hablamos entonces? 

Otro indicio que no me cuadra respecto a los anuncios, es que las iniciativas de inversión en Obras Hidráulicas crecen sólo 3,9% para 2020 sin información sobre cuáles están destinados a morigerar la emergencia hídrica. Insisto, eso nos obliga a exigir la información sobre los planes de inversión vinculados a la emergencia hídrica en regiones con sequía y no en otras. Aquí obviamente hay una incongruencia. 

Porque cuando se habla de mejorar y fortalecer los sistemas de agua potable rural, no nos podemos conformar con el global y suponer que la focalización está hecha.

Debemos saber a qué proyectos se van a destinar esos recursos, en qué van a consistir; si van a significar profundización y mejoramiento de pozos o exploración que permitan buscar nuevas fuentes de captación de agua. También necesitamos asegurarnos que todo lo relacionado con estructura de riego y el apoyo de Indap a la emergencia.

Ello procurando también la inyección a los programas de empleo, la construcción de vivienda social, inversión en caletas pesqueras, acciones destinadas a mejorar infraestructura que genere la estimulación de la economía local. 

Pues bien, el discurso no es suficiente y la disposición del Erario Nacional del próximo año es ambigua. Hasta ahora el Ejecutivo ha presentado cifras globales e incorporado una supuesta recaudación fiscal de una reforma tributaria que aún estamos tramitando.

Lamentablemente lo único claro es que el Gobierno ha enviado un proyecto de presupuesto con un incremento de 3%, tomando como parámetros un PIB tendencial de 3% y un precio de cobre estimado de US$ 2,86, lo que claramente puede ser calificado de “austero y conservador” y no “reactivador”, como promesa básica.

Por ello, cuando las cifras no calzan, cuando de manera inédita nos sorprenden estableciendo ingresos potenciales que pueden generar una distorsión de los ingresos reales y por ende incidir en las políticas públicas, no podemos hablar de una propuesta “reactivadora” a priori, sin que se especifique dónde se va a ejecutar. 

Entonces, según estos antecedentes puedo creer que estamos frente a un presupuesto desfinanciado, o bien estamos comenzando a tramitar un proyecto ya desahuciado que no admitirá su ejecución, sino sólo el uso de fondos disponibles.

Ambas alternativas son nefastas, no tan inverosímiles y nos obligan a exigir un Presupuesto 2020 cuyas partidas tengan nombre y apellidos. 

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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