El ámbito empresarial exige una máxima: No traiga problemas, traiga soluciones. Pues bien, la frase acuñada en el modelo del antiguo liderazgo es un boomerang para La Moneda, que parece sobrepasada por esta crisis sanitaria. Así se lo hizo saber al Gobierno la ciudadanía que protestó con cacerolazos luego de conocer que recurrirá al Tribunal Constitucional para frenar un tercer retiro de los fondos previsionales.
Lo cierto es que ningún país puede enfrentar esta crisis de forma dividida. En Chile todos los sectores nos hemos puesto al servicio de superar esta pandemia y sus consecuencias, pero ¿qué ha hecho La Moneda? Parece que sólo se ha dedicado a exigir a la ciudadanía, a la que se le mantiene por más de un año con toque de queda y en una mal manejada cuarentena, imposible de soportar sin sustento asegurado. Entonces, es comprensible el hastío de la población, porque espera más del Estado, pero sobre todo, espera más de su gobernante. Un esfuerzo adicional de empatía quizás, que compense su falta de eficacia al administrar la respuesta del Estado.
Al contrario, hay una delgada línea que esta administración cruza cada tanto: Vulnerar la fe pública como pasa con anuncios con letra chica. A ello agregue un sistema cuyo presidencialismo exacerbado da a entender que las decisiones todas están en manos del gobierno de turno. Un ejemplo es la cartita bajo la manga que gusta de usar al actual Mandatario, como recurrir al TC, instancia que hemos buscado reformar para evitar se transforme en el brazo armado de tal o cual gobernante. Pero claro, ello requiere un amplio consenso político.
El Tribunal Constitucional tiene un rol que cumplir en nuestro sistema para asegurar la supremacía constitucional, pero el actual modelo contiene defectos que le están haciendo daño a la democracia, como pasó con la ley que perfeccionaba la acción del Servicio Nacional del Consumidor, doblando la mano a años de tramitación legislativa. Y como hoy apuesta La Moneda que pase, con esta solución desesperada que se ha visto en el uso de los fondos previsionales.
En la mesa del Senado hemos analizado la admisibilidad del proyecto que finalmente permitiría un nuevo retiro del 10% y nos parece perfectamente legítimo y -así lo reafirma la propia Carta Magna- impulsar reformas constitucionales, porque está dentro de la facultad innegable del Congreso de la República. De manera que el Ejecutivo debe respetar las potestades que el Congreso tiene.
El fin de este hecho va más allá de un enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, o reafirmar que no existe iniciativa exclusiva del Presidente de la República en materia de ley de reforma constitucional. Nos mueve el propósito tan evidente como la necesidad de muchas familias de sobrevivir a esta pandemia, sin endeudarse o accediendo a una expedita y digna solución disponible ante el apuro económico de miles de trabajadores.
Llamemos a terminar con estas trincheras y frases desafortunadas como la pronunciada por Ricardo Ariztía, de la SNA, donde da a entender que la gente no trabaja porque le llegan bonos, lo que francamente indigna y demuestra que parte de la derecha no ha dimensionado la situación por la que atraviesa el país.
Quedan muchas acciones pendientes para llegar a soluciones concretas con tal de superar la pandemia. Quienes representamos al Estado debemos dar el ejemplo, trabajar incansablemente en superar esta crisis social, respetando la institucionalidad, no para refugiarnos en ella. Contribuyendo al bien común, más allá del propio. Lamentablemente, se privilegia la descalificación, mientras como Senado tenemos la obligación política y ética de generar el diálogo en este momento, otra forma no estaremos a la altura.
Todavía tenemos la capacidad de usar recursos propios revisando la materia tributaria como hemos plateado desde el Senado. Pero no sólo el Estado debiera hacer ese esfuerzo, debe involucrase el sector empresarial y entender que de esta situación sólo salimos juntos, o cada día que pase, más familias estarán en situación de mayor vulnerabilidad.
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