Una nueva institucionalidad en infraestructura

Carlos Cruz Lorenzen

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Este mes, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) presentó el Plan de Infraestructura 2025-2055, un esfuerzo inclusivo y trascendente, que cubre diversas disciplinas de la infraestructura y todas las regiones del país. La elaboración de esta propuesta contó con el apoyo de un grupo transversal de especialistas, tanto por las disciplinas que representaban como por sus afiliaciones políticas.

A lo largo de las discusiones se pudo comprobar las coincidencias que existen en estos temas. Hubo consenso en que debemos tener una mirada centrada en el largo plazo y en la importancia de la infraestructura como una oportunidad para el crecimiento del país. Asegurar que las propuestas plasmadas en el plan se proyecten en el tiempo debería ser la tarea de quienes participaron en ella.

Es común que, al asumir un nuevo gobierno, exista el incentivo de dejar plasmado el aporte de cada autoridad en un documento -o varios-, que proyecten la gestión de los equipos a su cargo. La propia impronta se logra, en buena medida, superponiéndose a la de sus antecesores. En general, los cambios que se le introducen a las propuestas significan nuevos presupuestos y señales perturbadoras para los sectores involucrados y, en muchos casos, postergación en la ejecución de los proyectos.

Es en este sentido que, si bien creemos valiosa la "instrucción" dada por el Presidente de la República a la ministra de Obras Públicas para que constituya un comité interministerial para la coordinación de los proyectos en la actual administración, no es suficiente para asegurar la permanencia de este plan en el tiempo. Ad portas de un cambio de gobierno en 2026, independiente de su signo político, es altamente probable que quienes integren ese comité sean personas diferentes de las actuales, lo cual necesariamente significará cambios respecto a lo que se estaba planificando. Para evitar esto, como Consejo de Política de Infraestructura hemos propuesto la creación de una entidad diferente que asegure la continuidad de orientaciones entre un gobierno y otro.

Para ello, creemos que en esta entidad debería tener una presencia importante el sector privado, cuyos representantes deberían ser seleccionados a través del sistema de Alta Dirección Pública.

Consideramos que la contraparte de esta institución debería ser el Presidente de la República, con el objetivo de que la definición de prioridades cuente con el respaldo de la máxima autoridad política del país.

Asimismo, debería tener autonomía financiera de tal manera de contar con una secretaría ejecutiva que pueda -en conjunto con los ministerios, empresas del Estado y Regiones-, mantener lo más al día posible el Plan Nacional de Infraestructura, a partir de la política pública que se diseñe para el sector. Los recursos para este efecto deberían provenir del aporte que los ministerios y empresas vinculadas a la infraestructura puedan realizar al ver disminuidas sus tareas en el campo de la planificación y control de ejecución.

La infraestructura requiere miradas de largo plazo y continuidad en sus planes y decisiones, de modo de asegurar que lo que hoy se ha identificado en forma consensuada como importante se pueda materializar en los períodos siguientes. La falta de continuidad tiene altos costos para el país y retrasos significativos en dotarnos de la base material para sustentar nuestro desarrollo. Institucionalizar la continuidad del Plan 2025-2055 debería ser una tarea imperiosa.