Una política pública para el litio.

Chile es el principal productor de sulfato de litio a nivel mundial y posee las mayores reservas y de mejor calidad dimensionadas hoy en nuestro planeta.

Mucho se ha hablado del futuro del litio pero la verdad es que aun no existe certeza del real potencial de este mineral, lo cual dependerá de la demanda futura generada por el éxito que tengan las iniciativas vinculadas a su utilización.

La fabricación de automóviles eléctricos, cuyas baterías se construyen con litio metálico, representan quizás la mayor expectativa en relación a su utilización en el mediano plazo, y así lo han entendido las empresas que fabrican estos automóviles, las cuales están tomando posiciones sobre propiedad minera de litio en distintos países del mundo, incluido Chile.

El éxito en la comercialización de automóviles eléctricos podría, en un periodo de 10 años, generar un importante aumento en la demanda y en el precio de este mineral.

En el largo plazo, quizás 50 años, existen estudios que, con un aceptable nivel de seriedad, hablan del tritio, sub producto del litio, como el más probable compuesto a ser utilizado como combustible en la generación de energía nuclear a través del proceso de fusión.

Cualquiera de las alternativas anteriormente descritas, que tuviera un meridiano grado de éxito colocaría a Chile en una posición más que expectante en el mercado mundial del litio, con los consecuentes beneficios para el país.

El litio se explota en Chile, principalmente en el Salar de Atacama, en propiedades mineras de CORFO, por parte de empresas privadas sobre la base de antiguos contratos suscritos en el gobierno militar y previo a la declaración de mineral no concesible.

Estos contratos de explotación vencen dentro de los próximos 15 a 20 años, y en ellos tienen definido el volumen de mineral que pueden explotar, recibiendo el Estado un beneficio menor de esta explotación.

En los últimos años estas empresas han tratado conseguir autorización para aumentar el volumen de producción autorizado, la cual en los gobiernos de la Concertación no se les concedió.

Parece más que razonable entonces evaluar hoy como abordaremos la explotación del litio cuando venzan estos contratos, y como administraremos las reservas que actualmente tiene el Estado y que no están siendo explotadas.

El Gobierno ha propuesto abordar la explotación del Litio a través de los llamados CEOL, contratos que otorgan una autorización manteniendo la propiedad del estado.

Este tipo de contratos se utiliza en exploración petrolera, con el nombre de CEOP, donde el negocio es de alto riesgo, alta inversión y desconocimiento absoluto de las reservas, situación muy distinta a la que encontramos en el caso del Litio, ya que no se da ninguna de las incertidumbres que vemos en los contratos de exploración de hidrocarburos.

Es necesario entonces previo a ello delinear una política para el Litio y aquí va una propuesta:

1° Resolver, con visión de largo plazo, respecto de la condición de “reserva estatal y mineral no concesible” que tiene hoy el litio en nuestro país. Este es un aspecto importante de dilucidar, especialmente si el Gobierno propone incorporar derechamente al sector privado en su futura explotación, o dejar definitivamente el recurso para explotación estatal.

2° Incorporar a Codelco, empresa pública que dispone de las mayores reservas de litio no explotadas en Chile, en los estudios que tiendan a definir una política de explotación y comercialización, y constituirla en la heredera natural de las actuales reservas de litio que tiene CORFO en el salar de Atacama.

3° Constituir una instancia pública - privada de carácter técnico que se aboque al tema, donde el Estado explicite su voluntad sobre el desarrollo de la minería del litio, focalice los recursos estatales y privados disponibles para investigación, promueva la interrelación entre la minería del litio y los sectores industriales, realice ingeniería de mercado a nivel internacional de modo de monitorear las oportunidades para este mineral, y promueva la explotación y desarrollo de este recurso.

Esperar que el devenir de los hechos nos sorprenda sin una clara política pública para este mineral, entregando su explotación al sector privado, podría representar un riesgo para el país, no solo por la pérdida del retorno económico futuro esperado, sino desaprovechar una posición estratégica a nivel mundial.