Una propuesta a la reforma de las Pensiones

La reforma al sistema de pensiones es uno de los  mayores desafíos de corto plazo en la agenda legislativa nacional. El número de chilenos que jubilan con una pensión que no permite vivir dignamente en la vejez va experimentando un aumento sostenido.

Los trabajadores que comenzaron  a cotizar en los años 80´ y se ilusionaron con el nuevo sistema constituyen una masa relativamente silenciosa que debe experimentar la trágica realidad de una promesa incumplida, una jubilación segura y suficiente.

Es efectivo que el modelo de Estado subsidiario realiza transferencias no monetarias para suplir algunas de las necesidades básicas, pero cualquier gasto no programado altera un equilibrio precario de quienes ya no pueden fácilmente sustituir ocio por trabajo.

Por tanto el país tiene en latencia una delicada situación social, diagnóstico compartido por prácticamente la totalidad de los especialistas laborales y políticos, donde el actual gobierno ingresó hace ocho meses una reforma a las pensiones que la semana pasada fue aprobada en la sesión  de la Comisión  de Trabajo del parlamento.

Al inicio del sistema de AFP, la libertad de elegir (obviando que algunas veces la elección era forzosa) solo podía ser ejercida en las pocas administradoras que tenía el sistema, excepto para algunos empleados fiscales y militares.

Resulta peculiar que,  hoy a 39 años de la instauración del sistema, la libertad de elegir en el sistema de pensiones siga siendo nula, solo permitiendo la autoselección de cada cotizante asociada a su propensión al riesgo (alternativas de Fondos A-E).

La mayoría de los chilenos que no tuvieron continuidad impositiva o bajo nivel de salarios tendrán pensiones que no cumplen con la tasa de reemplazo que permita sostener en el tiempo una pensión segura.

Además,  los nuevos cotizantes siguen sin poder  elegir  el  tipo de sistema de pensiones que desean y que se hará cargo de su futuro previsional.

Es decir, hoy, existe un hecho estilizado del sistema,  no existe la seguridad que el problema de las bajas pensiones que tienen cientos de miles de jubilados se solucione.

Por tanto estaríamos  viviendo la transición a una distopía. Este simple hecho torna imperioso postular nuevas alternativas a la discusión legislativa, que colaboren para  mejorar las jubilaciones actuales y diseñar una mejor institucionalidad  que dote a la totalidad de los chilenos, tanto a los cotizantes regulares, con contrato y sueldo mayor a la media, como aquellos que verificadamente no lo logren durante su vida laboral. Es necesario disponer de una  alternativa que realmente  aproxime el monto de la jubilación a una tasa de reemplazo que permita tener esa ansiada buena calidad al momento del retiro de ciudadanos de un país que aspira lograr el desarrollo en pocos años más y que además exista la libertad de elegir al menos entre dos sistemas. 

La presente propuesta considera que los ahorros del  4% adicional, el 14% total, las rentas vitalicias y los APV, sean administrados por un fondo de pensiones estatal (FPE), en una filial del Banco Estado con una participación privada de hasta el 49,9 % de los derechos económicos y políticos, definidos por una ley ad-hoc.

El objetivo de la nueva forma inteligente de jubilar es simple: crear una alternativa al sistema de AFP para mejorar las jubilaciones de los actuales y futuros jubilados. Las características generales de la propuesta se resumen en:

i) Crear un administrador público  con participación privada, que se forma utilizando el aporte de lo mejor de ambos mundos.

ii) Incentivar a la cooperación  Estado-privados para asegurar pensiones dignas mediante un nuevo pacto social.

iii) Financiar parcialmente el aumento del gasto previsional del Estado en los próximos años (mediano plazo), condicionando una jubilación con retorno asegurado al riesgo país en el largo plazo para los nuevos cotizantes.

iv) Introducir competencia a las AFP y las aseguradoras de rentas vitalicias compitiendo por y en la cancha con el actual sistema.

v)  Reinvertir las utilidades de nuevo administrador  reduciendo con ellos los costos que enfrentan los cotizantes.

La propuesta contiene la preferencia revelada por la ciudadanía al mantener las cuentas de capitalización individual, pero simultáneamente inyecta liquidez permanente al Estado a una tasa menor que la que este obtiene en el sistema financiero.

Técnicamente hablando, el aporte mensual de cada cotizante es dividido en 2 partes; una que es destinada a un bono bullet de largo plazo que pagará principal e intereses al momento de obtener la edad de jubilación, no inferior a 70 años para los nuevos cotizantes.

Es decir al año 2070, un  nuevo cotizante, tendría asegurado y capitalizado un proporción de los ahorros que impuso durante 50 años de vida laboral, si comenzará las imposiciones en el 2020, a los 20 años de edad.

Los montos mensuales de todos los cotizantes formaran un fondo mutuo que podrá ser vendido en el mercado financiero, tal como actualmente se realiza para las inversiones de menor retorno y menor riesgo.

La otra parte de la cotización sería utilizada para solucionar el problema actual de bajas pensiones, aportando al Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) , permitiendo mejorar la calidad de vida y dinamizando el consumo individual actual, que sumado contribuirá a la demanda agregada, pilar de crecimiento del PIB.

En el modelo de ciclo vital, este dinero es destinado completamente a consumo presente dado que la preferencia intertemporal es muy positiva o dicho de otra forma, los beneficiados no descuentan el futuro. Sin embargo, esta parte no es regalada altruistamente, constituye un préstamo que deberá ser devuelto y sumado a la jubilación de cada aportarte, monto registrado en los pasivos contingente de Hacienda, que a su vez, tendrá tiempo suficiente para provisionarlos al momento de la ejecución.

El sistema propuesto ofrecerá alternativas  al cotizante para aportar  el nuevo 4%,  el actual 10% o ambos, además de ofrecer la operación del mecanismo de seguro de retiro denominado renta vitalicia estatal, donde la gestión de los fondos como la administración del monto de sobrevivencia podrán dar inmediata profundidad al nuevo fondo de pensiones estatales, y funcionar en términos similares a los ofrecidos en el mercado, pero con condiciones basadas en el nuevo pacto social.  

El nuevo fondo podría  ser extensivo a los funcionarios públicos y a los funcionarios de las FF.AA, en similares condiciones, lo que permitiría una solución a los actuales cuestionamientos  del desempeño de las jubilaciones en estos sectores.

Es por esas casualidades, un poco condicionadas, que quizás por cerca de un siglo, el diseño de las pensiones de los chilenos  estará encargado a un chileno de apellido Piñera. En esta segunda oportunidad, al menos, hay una alternativa para escoger como jubilar, un poco más seguro.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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