Aula Segura
Durante las últimas semanas, la agenda pública ha sido copada por la preocupación de los sostenedores, profesores, alumnos, padres y funcionarios de los liceos emblemáticos que han sido testigos y víctimas de distintos actos de violencia en establecimientos educacionales.
Si bien hay sectores que han intentado bajarle el perfil, hay hechos objetivos que merecen al menos una señal de alerta. Durante este año se han registrado más de 160 procedimientos policiales en los distintos liceos emblemáticos de Santiago. Sólo en el INBA figuran más de 30, el último de los cuales ocurrió hace menos de una semana, dejando varios estudiantes detenidos y más de una treintena de molotov decomisadas.
La legislación actual es insuficiente respecto a los casos de violencia extrema en los colegios. Si bien contempla la expulsión y cancelación de matrículas, impone condiciones que las hacen en la práctica inviables.
En primer lugar, porque los hechos deben estar descritos en el reglamento interno del establecimiento; entre los cuales, por supuesto, nadie vislumbró el rociar con bencina a un profesor. En segundo lugar, el procedimiento dura al menos 25 días hábiles, lo que deja mucho tiempo para que estos actos de violencia puedan repetirse.
Es por esto que el Ejecutivo ingresó a tramitación en septiembre pasado el proyecto Aula Segura, que simplemente busca fortalecer las facultades de los directores de establecimientos educacionales, permitiéndoles expulsar de manera casi inmediata a alumnos que se vean involucrados en hechos graves de violencia.
Pese a la lógica y al sentido común de este proyecto, un grupo de senadores de Oposición pretendió primero trabar la discusión y luego desnaturalizarlo, basados en un ánimo de revancha que dista mucho del diálogo necesario para llegar a acuerdos que beneficien a nuestros estudiantes.
Desde la justificación de las tomas en 2014 por parte de las alcaldesas Tohá y Errázuriz, hasta las trabas lideradas por Yasna Provoste, lo único que está logrando la izquierda es liquidar a nuestros liceos, los que hasta hace poco eran modelos de excelencia, mérito y respeto.
Es de esperar que esta actitud obstruccionista no se repita en la Cámara y que prime la responsabilidad política, por sobre los intereses particulares.
El mensaje debe ser uno y muy claro: no seremos cómplices pasivos de la violencia al interior de los colegios.
Como parlamentarios, estamos comprometidos con la calidad de la educación de cada uno de nuestros niños y jóvenes, y con la dignidad e integridad que merece toda la comunidad escolar.
Por eso queremos entregar todas las herramientas que brinda la ley a los directores de nuestras escuelas, para que aquellos violentistas dejen estudiar en paz a quienes sí quieren hacerlo.
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