Educación, ¿antigüedad asegura calidad?

Durante el día de ayer, en la comisión de Educación de la cámara de Diputados, se votó a favor el proyecto que pasa profesores a contrata a la planta, pero con una importante modificación en relación al proyecto original, el traspaso será por única vez  y no permanente.

El proyecto que será votado en sala, es igual que la Ley n° 19.648 que buscó dar estabilidad a cerca de veinte mil profesores que se encontraban bajo el régimen de “contrata”. El requisito para acceder a planta  era haber estado contratado a plazo fijo a lo menos, tres años continuos o cuatro años discontinuos, por un mínimo de veinte horas cronológicas de trabajo semanal.

La iniciativa, emana a partir de lo que establece el Estatuto Docente, que permite dos modalidades de regímenes laborales a los profesionales de la educación: a contrata o planta, estableciendo como límite que el número de horas de aquéllos “(…) no exceda del 20% del total de horas de la dotación de las mismas (…)” (art. 26).

El propósito del proyecto es mejorar la calidad de la educación, terminar con el menoscabo laboral de los profesores a contrata y reivindicar la función docente.

¿Logra el proyecto de ley estos objetivos? Creemos que no. Si realmente queremos llevarlos a cabo, los legisladores y actores sociales -especialmente el gremio de los profesores- deben tener en cuenta.

El proyecto de ley no mejora la calidad de la educación.

El proyecto no ha puesto requisito complementario alguno para ser docente de planta. Se persiste en el principio rector del Estatuto Docente: “la antigüedad está sobre la calidad”. Este criterio es nefasto para mejorar nuestro sistema educativo.

El proyecto asegura un acceso inmediato a planta, cumpliendo con los requisitos establecidos. Según el Estatuto Docente, para acceder a ser profesional de planta se debe pasar por un “concurso público de antecedentes”, mientras que los profesionales a contrata, acceden por medio de un decreto alcaldicio o un contrato de trabajo.

Por lo cual, bastará un decreto alcaldicio o un contrato de trabajo por tres años continuos o cuatro discontinuos, para acceder a la titularidad, lo que atenta contra la igualdad ante la ley.

Además, el Estatuto Docente establece un sistema rígido, en el cual no hay incentivos para la remoción de los profesores deficientes (o derechamente malos), y tampoco promoción al incentivo de retiro. Por consiguiente, al priorizar la antigüedad por sobre la capacidad y habilidad del profesional, no se condice a una mejora en la calidad del sistema.

El proyecto no termina con el menoscabo laboral ni reivindica la profesión docente, en tanto que el máximo de 20% reservado para mantener a profesionales a contrata, se mantiene. No elimina la posibilidad de mantener este 20%, que por lo demás no es un perjuicio para el sistema, pues impide que sea aún más rígido de lo que ya lo es.

Si bien es cierto, que hoy las cifras de docentes a contrata son alarmantes, tal como lo ha demostrado la prensa, en la que se expone que de los 4.406 establecimientos educacionales, 1.130 tienen en su plantel docentes a contrata y de ellos, 108 establecimientos superan el 20% del total de su planta.

El problema denunciado no es de la normativa, sino de su correcta fiscalización. Hoy la fiscalización del Estatuto Docente pasa por la Contraloría General de la República, en el caso de aquellos municipios que tienen Departamentos de Administración Municipal, y por la Dirección del Trabajo, si se trata de Corporaciones Municipales.

Son ambos entes quienes deben realizar la correcta fiscalización del sistema. Si el problema visualizado por los patrocinadores del proyecto es la vulneración al límite máximo legal dispuesto a personal a contrata, las responsabilidades son de los entes fiscalizadores y no de la normativa.

Por lo demás se suma un nuevo factor, que al parecer el Colegio de Profesores ha pasado por alto, y que justamente, contribuye al menoscabo de la labor docente.

La LGE publicada en el Diario Oficial en 2009, permite en su artículo 46 letra g, que cualquier profesional con título profesional o licenciatura de al menos 8 semestres pueda ejercer la docencia.

Por consiguiente, un profesional, como el descrito, que no es docente y está a contrata, puede pasar inmediatamente a planta docente. Si bien la LGE establece un plazo de ejercicio, sólo basta aprobar la evaluación de conocimientos disciplinarios y prácticas pedagógicas establecidas en el reglamento para que continúe enseñando.

La invitación es a ampliar la mirada. Si realmente deseamos mejorar las condiciones laborales de los profesores y así también la calidad de nuestro sistema educativo, las voluntades deben orientarse a cambios estructurales en educación.

Durante el gobierno de Sebastián Piñera, se han anunciado 25 proyectos de ley en educación de los cuales sólo ocho se han concretado, lo que corresponde al 32% de cumplimiento.

Entre los 17 proyectos de ley que no han sido ingresado, se encuentra el proyecto de Carrera Docente (Informe de cumplimiento legislativo, mayo 2013, en www.cdc.cl)

Es en proyectos como el de Carrera Docente, donde los esfuerzos deben ser dirigidos, así todos ganan: profesores, estudiantes y el sistema educativo en su conjunto.

Y no como el presente proyecto que busca el beneficio sólo de un grupo de profesores.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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