Educación pública y demanda insatisfecha

Francisca González Echavarri

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La pérdida de clases en Atacama durante el segundo semestre de 2023 producto de la crisis en la educación pública evidenció las dificultades que tienen las familias de nuestro país para optar por escuelas de mayor calidad cuando se encuentran disconformes con las alternativas existentes o cuando, derechamente, se ven impedidos de la provisión del servicio educativo.

Lo ocurrido dio pie para que, en el marco de la discusión presupuestaria para el año 2024, se analizara la pertinencia de tener una norma como la establecida en el artículo 8 de la Ley de Subvenciones -que fue introducida por la Ley de Inclusión Escolar- la cual, al exigir que se acredite la existencia de una demanda insatisfecha, que no pueda ser cubierta por medio de otros establecimientos, obstaculiza el proceso de creación de nuevos colegios particulares subvencionados que puedan proveer de nuevas alternativas para las familias. Esta norma trae aparejada como consecuencia una petrificación del sistema educativo, puesto que los otros establecimientos no tienen necesidad de cuidar sus matrículas, siendo esto un desincentivo a la mejora continua y a la calidad.

En virtud de lo anterior, y por medio de un protocolo de acuerdo, el Gobierno se comprometió a ingresar un proyecto de ley que modificara la norma con el fin de agilizar las autorizaciones del Ministerio de Educación para obtener el beneficio de la subvención y lograr que exista una mayor oferta educativa para las familias en el territorio.

Lamentablemente, este proyecto que fue presentado durante este mes se encuentra lejos de cumplir el fin que lo motivó. Existe en él un punto especialmente perverso: establece nuevas circunstancias que permitirían favorecer la acreditación de la demanda insatisfecha, entre ellas la posibilidad de que se le presente como medio para su determinación un listado de padres y/o apoderados -identificando también a los alumnos-, que represente al menos un 70% de la matrícula proyectada. Pero esto, que debería ser un facilitador, queda con nulo valor, e incluso permite concluir que este proyecto sólo pretende ser un saludo a la bandera, al establecerse seguidamente que alumnos del listado que se encuentren matriculados en otros establecimientos del territorio, se descontarán de la lista para efectos del cálculo. Esto incluso podría obligar a las familias a renunciar a la matrícula, lo que genera incertidumbre y un mayor riesgo de deserción.

Se mantiene entonces una línea de acción que se viene imponiendo solapadamente durante los últimos años y que queda de manifiesto en los últimos proyectos de ley que se han presentado al Congreso, en donde, en cambios que parecieran insignificantes, se va limitando la oferta de colegios particulares subvencionados y priorizando la oferta pública sin que ello conlleve necesariamente un esfuerzo para aumentar al mismo tiempo la calidad de la educación provista en sus propios establecimientos. Un reciente estudio de Acción Educar concluye que, desde las restricciones incluidas el 2015 por medio de la Ley de Inclusión, se ha producido una disminución importante en las solicitudes para impetrar la subvención por primera vez y un aumento de la variabilidad en la tasa de rechazo de las mismas. Indicando además que ello no ha ido acompañado de un aumento de las preferencias de las familias hacia la educación estatal por sobre la educación subvencionada.

Lo anterior no permite más que concluir que se ha querido cumplir con la formalidad de presentar el proyecto, pero en realidad no existe adhesión alguna a la preocupación que lo motivó. Mucho se ha escuchado de parte de las autoridades del Gobierno, la importancia de alcanzar acuerdos. Pero es imprescindible que éstos se logren por medio de negociaciones basadas en una auténtica buena fe, en donde exista la intención real de cumplir con lo que se acuerda, no sólo en forma sino también en el fondo.

El proyecto evidencia falta de empatía con los estudiantes y sus familias y falta de voluntad para generar el cambio requerido, que surge desde la constatación de la vulneración del derecho a la educación ocurrida en Atacama y de la preocupación ante una educación pública estatal en crisis a nivel nacional. Aquello no permite asegurar un sistema educativo de calidad y limita la posibilidad de las familias de elegir una mejor educación para sus integrantes.