El desinterés por la educación pública

Stephan Schubert

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Cada vez son menos los padres y apoderados que escogen un colegio público para sus hijos, ya sea municipal o dependiente de Servicios Locales de Educación (SLEP), así lo indican las cifras comparadas de 2006 y 2022, respecto de estudiantes entre 6 y 17 años.

De acuerdo a la información reciente, los padres y apoderados prefieren postular a sus hijos a colegios particulares subvencionados o particulares pagados, pues las matrículas de este tipo de establecimientos educacionales ha ido creciendo y actualmente supera el 50% en todos los quintiles, en consecuencia, las matrículas en establecimientos públicos ha ido a la baja.

Lo interesante de estos índices es que, contrario a lo que uno tendería a pensar, la matrícula en colegios subvencionados o particulares pagados ha subido no sólo de los sectores más acomodados, sino que también respecto del quintil más pobre, aumentando en 17,5% las matrículas, lo que nos lleva a cuestionar las causas que han llevado a que incluso en los sectores más vulnerables los padres decidan hacer un esfuerzo económico en pos de la educación de sus hijos.

Si reflexionamos acerca de cuáles podrían ser esas causas, encontramos varias razones que podrían estar generando este cambio en la decisión de los padres respecto de la educación de sus hijos, como por ejemplo, hay quienes mencionan la importancia de la regularidad en la asistencia a clases, que en colegios públicos, específicamente conocidos como "emblemáticos", esta es una situación que se ha visto entorpecida por las constantes tomas que producen estudiantes o infiltrados que terminan por afectar el aprendizaje de todos los alumnos. En este mismo punto, es posible mencionar la falta de seguridad al interior de estos colegios, razones suficientes para que un padre no quiera matricular a sus hijos en este tipo de establecimientos.

Por otra parte, respecto del aumento de matrículas en colegios particulares pagados en el quintil más pobre, que pasó de 0,6% en el 2006 a 1,5% el año pasado, podríamos tender a pensar que aún existe mucha desinformación en relación a la forma de postular a los colegios por medio del Sistema de Admisión Escolar (SAE), lo cual tiene como consecuencia que padres y apoderados con menos acceso a la información y conectividad no matriculen a sus hijos a colegios públicos o subvencionados dentro de los plazos establecidos, y al ver que sus hijos podrían quedarse sin educación durante ese año, deciden realizar un esfuerzo (probablemente un muy grande esfuerzo) y matricular a sus hijos en un colegio particular pagado.

Otra razón de peso podrían ser los problemas de infraestructura en los establecimientos públicos, como por ejemplo, en las regiones del norte del país, donde además hay situaciones sanitarias graves, lo que obviamente no permite generar procesos educativos dignos para ninguna persona.

Estas son sólo algunas posibles razones que justificaría el desincentivo en la matrícula en establecimientos públicos.

Por lo ya expuesto, es que es urgente que el Ministerio de Educación se haga cargo de manera diligente de los problemas que hoy aquejan la educación, especialmente a los establecimientos que dependen de su financiamiento, pues la violencia se ha apoderado de muchos colegios que deben ser intervenidos, de otra forma, las autoridades a cargo terminarán por ser cómplices de la vulneración del derecho a la educación de quienes ven constantemente interrumpido su proceso de aprendizaje por causa de la violencia, así como de otras variables que aumentan el desinterés de los padres y apoderados en su elección por colegios públicos.

Pero sobre todo, creemos que si las familias de nuestro país están encontrando respuesta a sus necesidades educativas en los proyectos educativos impulsados por particulares, el Estado tiene el deber de propender a fortalecer dichas iniciativas en sus diversas actuaciones, dentro de las cuales se encuentra la gestión de recursos y la revisión de normas que desincentivan e impiden la creación de nuevos colegios de este tipo, más aún, cuando la gestión estatal en esta materia es a todas luces deficiente.