Eyzaguirre

El ministro de Educación está bajo fuego cruzado, enemigo y amigo, tras desplegar una amplia ofensiva, para reafirmar la voluntad del gobierno de cumplir su promesa de reconstruir un sistema nacional de educación pública, gratuita y de calidad, terminando con la "pesadilla", como acertadamente la ha calificado, en que ha devenido el experimento extremista de atender este derecho social mediante la creación forzosa desde el Estado, de un mercado educacional.

El Ministro merece un amplio apoyo en este propósito. Al mismo tiempo, parece conveniente evitar repetir errores de conducción, como los que empantanaron el asimismo loable propósito gubernamental de hacer una reforma tributaria mayor, cuyo reciente traspié en el Senado motiva esta andanada y la reacción del ministro de Educación en primer lugar.

Un diseño apresurado puede resultar en complicaciones, como sucedió con la propuesta de Hacienda. La idea de Eyzaguirre de restringir la gratuidad a un "College" de cuatro años, por ejemplo, fue una propuesta improvisada que tuvo que desmentir al día siguiente. Lo más bochornoso es que cayó redondo en la trampa de El Mercurio, urdida por un rector disfrazado de periodista, cuyos antecedentes de oposición a la reforma y poca fiabilidad política son bien conocidos.

Quizás el Ministro se acostumbró a las zalamerías de este medio cuando ejercía otra cartera, en una gestión más cercana a su línea editorial. Quizás no se enteró de la voltereta de este rector-periodista cuando pasó, de un día para otro, de redactor de la propuesta de la mayoría progresista del Consejo Asesor para la Calidad de la Educación en el año 2006, a co-redactor de la propuesta Brunner que terminó en el nefasto acuerdo de “manos levantadas” ; y poco después apareció de editorialista de El Mercurio.

Estos errores ayudan a los reducidos sectores que se benefician con el esquema actual, en su mezquino propósito de entorpecer estas reformas indispensables, en la ilusión que más adelante puede cambiar el clima político que hoy favorece ampliamente su implementación.

El diseño de la reforma no es asunto técnico sino político. Debe estar orientado estrictamente por el objetivo de transformar el actual esquema privatizado, en el nuevo sistema de educación pública gratuita, en todos los niveles. Las grandes reformas no destruyen nada, sólo cambian el carácter de lo existente. Ésta no será la excepción.

Lo principal es identificar quienes son los actores del sistema actual que necesariamente deben ser incorporados al nuevo y proponerles un esquema de transformación que los estimule a adherir voluntariamente, o al menos neutralice su resistencia. Al mismo tiempo, es necesario aislar de partida a los que no resultan viables ni en el esquema actual ni en el nuevo y garantizar a sus comunidades su traslado a otras instituciones. El diseño de la reforma debe sumar y no restar.

Una manera sencilla de hacer la transición puede ser la que ha insinuado el nuevo rector de la Universidad de Chile al congelar los aranceles del 2015, apostando a que el Estado le va a reponer directamente los recursos que habría proporcionado un eventual reajuste, los que requiere de modo imperioso.

Es una apuesta acertada, pero no se trata sólo de congelar los aranceles sino reducirlos. Por ejemplo, se puede proponer a todas las instituciones que se desea incorporar al nuevo sistema público, que reduzcan sucesivamente sus aranceles en un sexto cada año, hasta cumplir de ese modo la promesa de gratuidad del gobierno.

A cambio de ello, el Estado debe comprometerse a reponer con creces los recursos que se dejan de percibir con la rebaja de aranceles, mediante aportes directos y estables al presupuesto de estas instituciones.

Precisamente, el reemplazo de los ingresos por venta de servicios, por financiamiento presupuestario estable, es la clave de la desmercantilización de la educación y fin del lucro en sus proveedores, así como la palanca principal para mejorar su calidad.

La manera de garantizar el derecho universal a una educación pública gratuita no es repartir "vouchers" a todos los estudiantes. Ello sólo profundizaría la mercantilización y privatización de la educación, con todas sus consecuencias “de pesadilla". La forma de garantizar este derecho es conformar un sistema nacional de educación pública que entregue educación de calidad en forma gratuita, al cual se acceda sin discriminación ninguna, y expandirlo sucesivamente en la medida de las posibilidades del Estado.

El nuevo sistema gratuito deberá conformarse en primer lugar con los remanentes del antiguo sistema público, los que han logrado sobrevivir a duras penas gracias a sus académicos y autoridades, pero que se encuentran hoy en una situación límite. Ellos deben recuperarse con decisión, asignando a esta tarea todos los recursos que sean necesarios.

La presencia directa del Estado en la provisión de educación es lo principal. Al revés, mantener un sistema estatal “reguleque” siempre fue parte del diseño explícito de la privatización, para evitar que hiciera “competencia desleal” a los actores privados. Parece increíble que todavía hoy haya voceros de la Nueva Mayoría que insistan, como acaba de hacer un conocido senador, en oponerse a que el Estado reconstruya y expanda en forma decidida un sistema público estatal de alta calidad.

En el caso de la educación básica y media, lo principal es la desmunicipalización y reconstrucción de un servicio nacional de colegios públicos. Éste debe conformarse, sin vacilaciones ni nuevos experimentos "descentralizadores", destinados al fracaso.

En el caso de la educación universitaria, evidentemente se deberán mejorar y expandir con decisión las universidades estatales. Será necesario atender a su crítica situación actual, resolver los casos de dos o tres que son inviables en su forma actual y reorganizarlas por región. En el caso de la educación terciaria técnica y profesional, es imperioso reconstruir un actor estatal. Lo más lógico es revertir la escandalosa entrega de INACAP a sus directivos en las postrimerías de la dictadura.

En segundo logar, el nuevo sistema público deberá incorporar a como de lugar a las instituciones no estatales tradicionales de reconocido prestigio y evidente condición sin fines de lucro. Es el caso de las universidades no estatales del CRUCH y sus filiales técnicas, entre ellas el DUOC.

En tercer lugar, el nuevo sistema deberá incoporar a las principales instituciones privadas sin fines de lucro y de calidad reconocida, que operan en todos los niveles al amparo de los subsidios estatales.

El diseño de la propuesta debe ser tal que no la pueden rechazar dada su evidente conveniencia. Por otra parte, tendrán en cuenta la perspectiva de operar en el contexto de un reconstruido sistema público gratuito y de buena calidad, lo que es muy diferente al cuadro actual. Parece conveniente que todos los miembros de sus respectivas comunidades, propietarios, profesores, académicos, funcionarios y estudiantes así como sus apoderados, participen democráticamente en esta trascendental decisión.

Al mismo tiempo, la propuesta debe identificar y aislar a aquellos otros actores que no resultan viables ni en el nuevo esquema ni en el actual y proceder con decisión a su intervención. Lo principal en este caso es garantizar a sus alumnos, profesores, académicos y directivos, que serán trasladados sin traumas y con ventaja, a las instituciones que se incorporen al nuevo sistema. Ello debe ser efectuado cuanto antes, de modo que quede en evidencia que la falencia de estas instituciones se origina en el esquema actual de mercado y no en la reforma.

Finalmente, habrá otras instituciones que no se interesen en incorporarse al nuevo sistema público. Ellas podrán continuar operando en todos los niveles con financiamientos exclusivamente privados, en la medida que satisfagan ciertas condiciones generales válidas para todos los actores educacionales. Quizás no es lo mejor, pero siempre ha sido así en Chile.

La conducción certera de las inevitables reformas en curso es la responsabilidad principal del gobierno. Si no lo hace será sobrepasado y ese es el peor escenario de todos, para todos.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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