La frustración también tiene patines cortos

Mauricio Bravo Rojas

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La columna "La mentira tiene patines cortos" de Sylvia Eyzaguirre señala con razón que el debate educativo no debe sustentarse en exageraciones ni en diagnósticos simplistas. Coincido en que la política pública requiere datos y no caricaturas. Sin embargo, la discusión en torno a la calidad de los aprendizajes, los SLEP y la libertad de elección merece mayor profundidad, lo que produce claros cuestionamientos.

Es cierto que Chile no presenta una caída sostenida, pero sí enfrenta un estancamiento de larga data. La ley de Inclusión logró abrir puertas, pero no mejoró aprendizajes. Por ejemplo, PISA confirma que los resultados siguen lejos del promedio OCDE, lo que refleja que las reformas priorizaron la arquitectura institucional por sobre la sala de clases. La urgencia, entonces, no es desmentir una supuesta caída sin fin, sino reconocer que el sistema ha sido incapaz de revertir la tendencia de bajos resultados.

Coincido también en que hablar de un "colapso" de los SLEP es impreciso, pero tampoco podemos minimizar la percepción social de fracaso. Como señala la Contraloría y muestran múltiples estudios, los SLEP se han transformado en aparatos burocráticos, generando frustración en comunidades educativas que esperaban cercanía y mejores ambientes para el aprendizaje. Más allá de avances puntuales, la legitimidad de la Nueva Educación Pública está erosionada, y no basta con informes técnicos: se requiere recuperar confianza a través de resultados visibles en las aulas.

Respecto al SAE, su instalación ha impedido potenciales prácticas discriminatorias en los procesos de admisión. Sin embargo, no logró cumplir plenamente con el objetivo de reducir la segregación socioeconómica en el sistema escolar. Más aún, al centralizar la asignación de vacantes, el sistema dejó intacto un problema de fondo: los padres y apoderados ya no sienten que eligen, sino que son espectadores de un proceso que no reconoce el mérito de sus hijos. Lo más grave es que un porcentaje no menor de estudiantes termina siendo asignado a colegios que no los representan ni responden a las expectativas de sus familias, generando una profunda frustración y desconfianza en el sistema.

Si algo deja en claro la historia de nuestras reformas es que hemos diseñado grandes arquitecturas institucionales -Ley de Inclusión, SLEP, SAE-, pero el foco no estuvo en lo que ocurre entre docente y estudiante. Esa es la verdadera deuda. La confianza ciudadana en la educación ha caído porque, pese a los cambios, las familias no ven mejoras tangibles en aprendizajes ni en convivencia escolar.

En definitiva, es necesario advertir contra la mentira. Pero también debemos reconocer que la política educativa chilena, incluso con buenas intenciones, ha caído en su propia trampa: prometer inclusión y calidad, pero con estructuras que no transforman la experiencia en el aula. Ese es el debate que necesitamos dar de cara a la próxima elección presidencial: no solo defender lo hecho, sino preguntarnos por qué seguimos sin resolver lo esencial.