La sala cuna que nunca cerró
Hace algunos años, conocí dos salas cuna que en el papel eran gemelas: misma autorización, misma capacidad, los mismos números en cada casillero. En esa época el Estado sólo contabilizaba la matrícula (cuántos niños, en qué comuna, en qué modalidad), pero ninguna cifra permitía distinguirlas. En una, a los niños de un año les hablaban y los tomaban en brazos apenas lloraban. En la otra los mantenían limpios y alimentados, pero nadie se sentaba a hablarles ni a mirarlos.
Pienso en esa segunda sala porque el país discute otra vez la sala cuna universal, y el debate está lleno de voces legítimas: si es un derecho del niño o una guardería, de dónde sale el financiamiento, si la red debe ser pública o abrirse a privados. Casi todas discuten quién entra y con qué permiso. A mí me preocupa lo que pasa después, cuando el permiso ya está dado.
La pelea concreta es por el estándar de entrada: si basta la autorización de funcionamiento o se exige el reconocimiento oficial. Pero reconocer un jardín o un colegio nuevo se volvió un proceso lleno de exigencias al punto que cuesta abrir incluso los buenos; y ni la propia red pública llegó a tiempo: la ley puso plazo el 2022 y en 2026 la subsecretaría todavía acompaña a Junji y a los vía transferencia de fondos (VTF) para que alcancen el reconocimiento. El proyecto sí crea una fiscalización, pero financiera: la Superintendencia de Pensiones vela por que el aporte se use bien y que el niño esté matriculado. Que además se desarrollen, no lo vigila nadie.
Donde de verdad fallamos es en la salida. Casi no cerramos jardines ni colegios por mala calidad y para cerrarlos, en el nivel de educación parvularia, primero habría que medirla.
En básica y media al menos existe el mecanismo: una escuela estancada en desempeño insuficiente puede perder el reconocimiento del Estado. Pero la ordenación se suspendió en la pandemia, preferimos los planes de acompañamiento y los administradores provisionales, y cada vez que un cierre asoma, aparece (con razones atendibles) la iniciativa para evitarlo. En parvularia el problema es más de fondo: las salas cuna recién entraron al sistema de aseguramiento de la calidad en 2021 y lo hicieron con instrumentos que evalúan para orientar, no para decidir. La Agencia de Calidad de la Educación visita y recomienda. Ninguna de esas visitas termina en una puerta que se cierra.
Y acá me incluyo. Cuando conocí esas dos salas yo no tenía la facultad de cerrar la segunda; sugerimos mejoras, pero no había un instrumento que dijera que esa sala estaba fallando, así que mi palabra pesaba lo mismo que su ficha: nada que obligara a nadie. Acompañar es lo humano y casi siempre lo correcto. Pero cuando un lugar lleva años sin educar, acompañar sin plazo es dejar a un niño adentro esperando una mejora que no llega.
No se trata de cerrar escuelas por un puntaje ni de castigar a lo público; ese miedo es válido y es, justamente, algo que mantiene la discusión trancada. Se trata de construir una salida que mire la calidad en terreno y no una nota: alguien que entre a la sala, vea qué viven los niños y tenga la facultad real de cerrar el lugar que les hace daño, sea público o privado.
Esa es la pregunta que el proyecto de sala cuna universal todavía no responde: quién va a mirar la sala una vez que el niño ya está dentro y qué va a poder hacer con lo que vea. Universalizar el acceso sin esa capacidad es multiplicar la sala que nunca cerró.