América para sus pueblos
El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, afirmó en el Foro Madrid que nuestro país ya está ejerciendo la llamada "doctrina Donroe" y que, con una administración como la del Presidente Kast, su implementación resulta "muy fácil". Uno podría pensar que el diplomático quiso hacer un elogio al Gobierno, aunque resulta bastante curioso que la cualidad elogiada sea la facilidad con que una potencia puede aplicar su doctrina en otro país.
La declaración permite volver sobre una fórmula que, de tanto asociarse a la hegemonía estadounidense, parece haber perdido cualquier otro significado: "América para los americanos". Hay en ella un principio y un origen que merece ser recuperado, pues la idea de que los pueblos americanos tienen derecho a gobernarse sin dominación extranjera ya movilizaba las luchas de independencia antes de que Monroe pronunciara su mensaje de 1823. Las nuevas repúblicas habían comenzado a realizar, con todas sus dificultades y contradicciones, aquello que después se presentaría bajo el nombre de un presidente estadounidense.
Chile, por ejemplo, había proclamado en 1818 su condición de Estado independiente y su capacidad de adoptar el gobierno que conviniera a sus intereses. La independencia tenía su fundamento en la voluntad de los pueblos que la conquistaban, por ello, que Monroe formulara una advertencia contra la intervención europea podía coincidir con esa aspiración, pero, ciertamente, no la fundaba ni convertía a Estados Unidos en su propietario.
El problema aparece cuando, bajo la misma fórmula, los americanos pasan a ser exclusivamente los estadounidenses y el resto del continente queda disponible para su protección. Una protección bastante singular, por lo demás, si quien la ofrece se reserva también la facultad de establecer las condiciones en que los protegidos deben vivir. Se conserva el lenguaje de la independencia mientras se reconstruye la relación de subordinación que le dio origen. La dominación colonial, en este sentido, no hacía más que cambiar de domicilio.
La lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado exige cooperación, y precisamente por la gravedad de esos problemas corresponde discutir qué acuerdos se adoptan, cuáles son sus límites y quién responde por sus consecuencias. Cuesta entender que la urgencia de enfrentarlos vuelva innecesaria esa discusión, como si bastara la afinidad entre dos gobiernos para dar por resuelta una cuestión que compromete al país.
Hay, por cierto, otra manera de comprender la solidaridad americana, en la que los pueblos reconocen sus problemas comunes, organizan respuestas conjuntas y conservan su capacidad de disentir. Esa solidaridad pierde su sentido cuando la disposición a colaborar se confunde con la disposición a obedecer.
El Gobierno debiera explicar qué compromisos permiten al embajador afirmar que su doctrina ya se ejerce en Chile. Después de todo, lo que para un representante extranjero resulta muy fácil puede ser justamente aquello que a nuestras autoridades les corresponde examinar con particular cuidado.