Prodemu: 35 años construyendo autonomía y derechos
La discusión sobre el futuro de Prodemu no puede reducirse a una cuestión de balances, déficit o eficiencia presupuestaria. Todo eso importa y debe ser abordado con rigor. Pero cuando hablamos de una institución que durante 35 años ha trabajado por la autonomía de las mujeres, la pregunta fundamental es otra: ¿qué estamos dispuestos a preservar de la experiencia que Chile ha construido para avanzar en los derechos de las mujeres?
Prodemu nació en 1990, junto con la recuperación de la democracia. Y esa coincidencia dice mucho. La reconstrucción democrática no consistía solamente en recuperar elecciones e instituciones. También suponía comenzar a reconocer a las mujeres como sujetas de derechos y enfrentar desigualdades que durante demasiado tiempo habían permanecido invisibilizadas.
Desde entonces, Prodemu ha construido una trayectoria difícil de reemplazar. Está presente en las 16 regiones, las 56 provincias y 317 comunas; trabaja con cerca de 50 mil mujeres cada año y el 28% de sus participantes son mujeres rurales. Pero su valor no puede medirse solamente en cifras. Durante más de tres décadas se han construido equipos, desarrollado metodologías y conocimiento de los territorios, establecido vínculos con municipios y servicios públicos, tejido relaciones con organizaciones y, especialmente, construido confianza con miles de mujeres. Esa experiencia también constituye patrimonio público.
Prodemu ha entendido que la autonomía económica no consiste simplemente en enseñar un oficio o entregar recursos. Significa generar condiciones para que una mujer pueda tomar decisiones sobre su propia vida. Por eso, su trabajo ha incorporado capacitación y emprendimiento, pero también liderazgo, asociatividad, conocimiento de derechos, autonomía personal, participación y construcción de redes.
El Programa Mujeres Rurales expresa especialmente bien esa concepción. Durante más de tres décadas ha acompañado a mujeres campesinas mediante procesos prolongados que combinan formación técnica, desarrollo productivo, fortalecimiento organizacional, comercialización, asociatividad y autonomía. No se trata simplemente de incorporar mujeres a una política agrícola general, sino de reconocer que las mujeres rurales enfrentan desigualdades específicas y que las políticas públicas deben hacerse cargo de ellas.
Eliminar este programa dejaría a las mujeres rurales sin una política social que atienda su especificidad y sus necesidades particulares. Quedarían en un vacío institucional: Indap no las considera en su particularidad porque son mujeres, y el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género las invisibiliza porque son mujeres rurales. Así, ninguna de las dos institucionalidades logra hacerse cargo de la intersección específica que ellas habitan, y la eliminación del programa no sería un simple ajuste presupuestario, sino la pérdida del único mecanismo estatal que efectivamente las considera como sujetas de política pública.
Pero sería un error confundir las dificultades financieras o de gestión que enfrenta Prodemu, con el fracaso de una política destinada a avanzar en derechos. Esas dificultades no hicieron desaparecer las brechas de ingresos, la menor participación laboral femenina, la desigual distribución de los cuidados ni las barreras territoriales que enfrentan especialmente las mujeres rurales.
Las políticas públicas también acumulan memoria. Aprenden de sus errores, desarrollan metodologías, forman equipos y construyen confianzas. Desarmar esas capacidades puede hacerse mediante una decisión administrativa o presupuestaria. Reconstruirlas puede tomar décadas.
Chile puede discutir cómo debe ser el Prodemu de los próximos años. Puede reformarlo, modernizarlo y exigirle los más altos estándares de transparencia y gestión. Lo que no deberíamos discutir es si sigue siendo necesaria una política pública decidida a construir autonomía para las mujeres. Porque las instituciones pueden transformarse. Los derechos de las mujeres no pueden retroceder.