Las universidades y la educación pública

Hernán Neira

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Se discute, en la Convención Constitucional, sobre el rol de lo público en educación. El debate será estéril mientras no se defina qué se entiende por lo público y qué por lo privado.

Con la palabra "público" se designa cosas distintas y, a veces, opuestas. En primer lugar, lo público es el objeto sobre el que discuten abiertamente uno o varios grupos privados. En segundo, lo público son las audiencias privadas que van un teatro, a una conferencia. En tercero y último, lo público es lo relativo a la República, se dé o no a conocer a la ciudadanía. En este sentido, una operación antimafia requiere de aspectos secretos, pero que son de interés público.

Ahora bien, jamás la suma de audiencias o una suma de debates eruditos, serán equivalentes a lo público, entendido como el interés del Estado cuando está gobernado por instituciones legítimas y democráticas. Las dictaduras, como la que hubo en Chile, son apropiaciones privadas del interés público. Por eso, tampoco la sumas de una o varias "opiniones públicas" será el equivalente a la voluntad pública, que se expresa en leyes y en los reglamentos de las instituciones estatales.

La polémica sobre si sólo las universidades estatales son públicas o, en cambio, lo son también algunas universidades privadas, refleja maneras contrarias de concebir la vida política. Refleja, también, la lucha de algunas universidades privadas por obtener subvenciones fiscales. Algunos autores han pretendido que las universidades privadas, gracias al mercado universitario, producen bienes públicos y que eso beneficia a la sociedad entera. La afirmación es hermosa, pero inconsistente: no existe una "sociedad entera", pues en toda sociedad hay grupos y clases sociales con conflictos de interés.

La apelación al mercado para regular la educación universitaria esconde dos hechos: primero, la presión de algunas universidades privadas para que el Estado se aleje de la educación, ampliando así el mercado universitario; y, segundo, la promoción por la política y la publicidad de que el Estado subvencione a las corporaciones que buscan concentrar la producción de conocimientos y venderlos.

La suma de fines privados (vender servicios de conocimiento, promover credos, acumular capital) no equivale a un fin público. Pretenderlo es confundir lo públicos con lo público. El mejor modo para que una universidad privada obtenga subvención estatal es convencer al Estado de que los fines de aquella institución son "universales", lo que requiere debilitar la capacidad de acción pública del Estado. Con la pretensión de que las universidades privadas producen bienes públicos se busca una subvención estatal garantizada. Una universidad privada, productora de bienes intelectuales, que pueden contribuir a la formación de ciudadanos, no altera el sometimiento de esta a intereses privados, aunque sean legítimos.

Pero no todas las universidades privadas son iguales. La existencia de universidades privadas puede contribuir a la pluralidad de pensamiento. Asimismo, la cooperación entre universidades públicas y privadas es posible, incluso indispensable para la regulación intelectual de las universidades estatales.

La Universidad Austral surgió, más que por fines ideológicos, por abandono del Estado a la región de Valdivia; la fundación de la Universidad de Concepción también tiene por origen cierto abandono del Estado, a lo que se agrega el deseo de promover la laicidad.

Hay una diferencia de legitimidad entre las universidades privadas creadas antes y después de 1973. Las primeras, nacen de una mezcla de rivalidad y colaboración con el Estado; las segundas, surgen de una legislación cuyo fundamento último fue un golpe de Estado y la voluntad de destruir la educación universitaria pública desplazando los fondos y de esta a las universidades privadas.

Una universidad privada puede recibir fondos públicos si cumple ciertos requisitos, pero entonces debe dar cuenta de ellos al Estado, propietario de estos, y no al mercado. Una nueva Constitución debe permitir que haya universidades privadas, pero no debe asignarle al Estado la garantía de financiarlas, ni a ellas ni a sus alumnos.

En un sistema de mercado, los bienes públicos son presionados a dejar de existir. La pretensión de que las universidades privadas sean públicas a mismo título que las estatales y, por lo tanto, que el Fisco deba darles similar financiamiento, se apoya en la confusión de las distintas acepciones de la palabra "público". No es propio, en una República, que un público privado ocupe el lugar de lo público: el Estado debe priorizar el financiamiento de las universidades públicas, es decir, estatales.

• ^{La presente columna se inspira libremente en el artículo "El concepto de lo público aplicado a la universidad", Revista Chilena de Filosofía, de publicación prevista para 2022, escrito en colaboración con Cristóbal Friz.}