Nueva educación pública, nuevo sistema de financiamiento

Así como la desmunicipalización, el cambio del sistema de financiamiento de la educación pública también es una tarea democrática aún pendiente.

Tres son los principios constitucionales que, de mantenerse el financiamiento a la demanda (voucher), condicionarán el desarrollo del nuevo sistema de educación pública: una idea de libertad de enseñanza que limita la acción estatal, el principio de subsidiariedad y la igualdad de trato de parte del Estado hacia el sector público y el privado.

Al situar los derechos esenciales que emanan de la persona humana (art. 5º, Constitución Política) como limitación de la acción del Estado, la Dictadura situó al individuo aislado como eje articulador de la sociedad. Con ello la voluntad general, que en principio se expresaría en la acción estatal, debió someterse a los intereses individuales, los cuales fueron consagrados constitucionalmente como derechos esenciales.

Dentro de los derechos esenciales que reconoce la Constitución Política está la libertad de abrir y administrar establecimientos educacionales, y la libertad de los padres para elegir dentro de una amplia oferta (libertad de enseñanza).

Para que estos derechos esenciales puedan garantizarse, el Estado no puede satisfacer la necesidad que la población tiene de educarse exclusivamente a través de instituciones estatales, pues de hacerlo no existiría espacio para la libre iniciativa individual y los padres estarían obligados a llevar a sus hijos a la educación pública, sin posibilidad de elegir entre otras opciones. La acción estatal en materia educativa se limita, entonces, tal como aconseja el principio de subsidiariedad, a cubrir la necesidad de aquellos que no pudieron optar por la educación privada.

Para este sistema educativo, organizado en torno a intereses individuales consagrados como derechos esenciales que se garantizan a través del mercado, la mejor opción de financiamiento es el voucher.

Mediante el financiamiento a la demanda el Estado asegura la existencia de una oferta privada y la libertad de los padres de elegir entre distintas posibilidades, pues el financiamiento sigue al alumno sin importar si su familia decidió llevarlo a la educación pública o a la privada (igualdad de trato).

El voucher como se ve es uno de los principales mecanismos que utilizaron los ideólogos de la privatización para transformar al sistema educativo en un mercado. Si esta herencia de la Dictadura se mantiene como modelo de financiamiento del nuevo sistema de educación pública, el desarrollo de la educación estatal seguirá dependiendo de los mecanismos impersonales del mercado, ya que el financiamiento que ésta reciba no dependerá del Estado, sino de las elecciones libres que realicen las familias.

Por lo tanto, mantener el actual sistema de financiamiento significa que el Estado renuncia a su responsabilidad de tener un sistema público a resguardo de los vaivenes de la oferta y la demanda.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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