Nueva Educación Pública: una política educativa en proceso de instalación
En las últimas semanas y, al parecer, como consecuencia de los resultados de la segunda vuelta presidencial, se han multiplicado las voces que pretenden instalar en la agenda política y social la noción de fracaso de la Nueva Educación Pública y de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) que le dan vida a lo largo y ancho del territorio nacional. Algunas de estas voces sostienen, sin fundamentos ni evidencias, la necesidad de congelar el proceso de desmunicipalización de la educación, queriendo hacer olvidar a la opinión pública que fueron los municipios, los grandes responsables del deterioro de la educación pública.
Las municipalidades administraron el sistema educativo desde el año 1981, es decir, durante 40 años estuvieron a cargo de la administración de las escuelas y liceos que antiguamente habían configurado el sistema de educación pública del país. Cuando las municipalidades se hicieron cargo de los establecimientos, la matrícula de la educación pública ascendía al 75% del total país. Según el Ministerio de Educación, luego de estas cuatro décadas de gestión municipal, tan solo el 35% de la matrícula está adscrita a la educación pública.
La municipalización significó el deterioro de la educación pública, con todos los efectos nocivos que, por un lado, dieron origen a ciclos de movilizaciones estudiantiles y de profesores. Fueron y siguen siendo numerosos los casos en que los fondos estatales destinados a educación fueron usados de manera irresponsable y en ocasiones dolosa. La casi nula inversión en infraestructura y equipamiento, con el consiguiente deterioro de los recintos escolares y del material educativo, son vergonzosos ejemplos de aquello.
En una línea igualmente grave, la expropiación que los gestores municipales hicieran de los dineros que debían cubrir las cotizaciones previsionales y de salud del profesorado y del personal administrativo de las escuelas y liceos públicos, constituye otro ejemplo del profundo fracaso del sistema de administración municipal de la educación. Cabe señalar que aún hoy algunos municipios hacen uso de los dineros de las y los docentes, como es el caso de la comuna de San José de Maipo.
Algunos de los críticos de la Nueva Educación Pública, muchos de ellos, imbuidos por un fanatismo ideológico hacia el mercado y rol subsidiario del Estado, pretenden desplegar una cortina de humo respecto de esta realidad y no ven o no quieren ver, que gran parte de los SLEP han debido hacerse cargo de este triste legado de la educación municipalizada. Los nuevos gestores, han asumido la tarea de poner al día, en algunos casos, años de cotizaciones previsionales adeudadas a las y los docentes de diversas zonas del país. De igual modo, han debido invertir gran parte de su presupuesto, luego de años de abandono, en la mejora de la infraestructura de los locales escolares.
Este análisis no puede interpretarse como una mirada indulgente a los incuestionables y vergonzosos episodios en los que algunos SLEP se han visto envueltos en todo este período. Sin embargo, ello no justifica en modo alguno las voces que llaman a congelar una política pública tan acertada como necesaria. Los problemas de implementación de la política no significan que el rescate y el fortalecimiento de la educación pública y la recuperación del rol del Estado activo en el sistema escolar estén equivocados. Todo lo contrario.
La experiencia internacional lo señala con toda claridad. Los países con sistemas democráticos estables y sólidos, que cuentan además con economías dinámicas y competitivas a nivel internacional y que brindan a sus poblaciones altos niveles de bienestar material y cultural, son países que cuentan con sistemas e instituciones de educación pública fuertes. Ello, por cierto, gracias a la existencia de presupuestos estatales que brindan un adecuado financiamiento a escuelas y liceos.
En el caso de nuestro país, el proceso de implementación de esta política y el proceso de instalación de los SLEP recién ha logrado superar, luego de casi 8 años, el 50% de la meta dibujada inicialmente. Se proyecta que este año estarán en funcionamiento 38 SLEP de un total de 70. Y este dato es relevante para lo que se pretende plantear aquí: 38 de un total de 70 y algunas voces pretenden hacernos creer que esta política ha fracasado.
Es de esperar que el Ministerio de Educación y la Dirección de Educación Pública, así como los restantes organismos nacionales del sistema, otorguen los necesarios apoyos a la continuidad de una política que pretende la recuperación de la educación pública en Chile. Es necesario, finalmente, generar un debate nacional que permita escuchar las voces del profesorado y del estudiantado, así como las voces de la academia, que permita lograr el equilibrio que una política tan necesaria como esta, sea evaluada en un proceso libre de sesgos políticos e ideológicos y libre de intereses corporativos y económicos.
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