Paradoja de la educación chilena: altamente privatizada (y segregada), con financiamiento estatal

Pablo González Martínez

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La fisonomía del sistema escolar en Chile resulta ser un caso paradojal para el concierto latinoamericano, y también respecto del espacio europeo. Según datos entregados por el Ministerio de Educación en 2023, el 54% de la matrícula escolar en Chile está concentrada en centros educativos privados, que reciben subvención fiscal para su funcionamiento. El 35% de dicha matrícula, según la misma fuente, está adscrita a escuelas y liceos públicos, todavía preferentemente municipales. Cerca de 11%, en cambio, se encuentra en establecimientos particulares pagados.

¿Cuál es la paradoja? La respuesta es simple: la inmensa mayoría de los más de 3.600.000 estudiantes que completan el universo de la educación escolar chilena tiene acceso a la educación gracias a las normas y a los recursos económicos que dispone el Estado para el sector. Esto quiere decir que son los fondos públicos los que, por lejos, sostienen la red de escuelas y liceos del país. La paradoja es evidente. Son los privados, con sus enfoques e intereses igualmente privados, quienes, con fondos públicos, desarrollan proyectos educativos propios.

En la historia de la educación chilena se puede reconocer con toda claridad que el sistema escolar ha sido, y lo sigue siendo, un sistema mixto, con la participación histórica del Estado y de agentes privados en su provisión. Son estos actores, los agentes públicos y también los privados, los que han aportado al desarrollo de la educación en el país. Y parece ser que dicha fórmula resulta virtuosa. No obstante, es necesario reflexionar y debatir respecto del evidente desequilibrio en el que actualmente se encuentra el sistema, en especial, en un escenario de creciente desafección de las personas con la vida pública nacional, lo que parece ser expresión de una profunda carencia en la formación de las nuevas generaciones de ciudadanas y ciudadanos en el país.

Para ello, por ejemplo, basta recordar que en la actualidad las elecciones de los representantes de la ciudadanía, a nivel local, regional y nacional se fundan en el voto obligatorio, el que fue instituido luego de un sostenido descenso de la participación ciudadana. Este descenso ocurrió bajo el régimen del voto voluntario, momento en el la participación llegó hasta niveles críticos, cuando el voto ciudadano se acercó dramáticamente a 50% y menos del universo del padrón electoral. De hecho, en la elección presidencial de 2013 la abstención alcanzó el 58,21%.

El voto voluntario rigió los torneos electorales durante casi una década (2012 a 2022), período que se caracterizó por un sostenido descenso de la participación ciudadana, fenómeno que impacta negativamente en la legitimidad y representatividad del sistema democrático en el país. La desafección de las y los ciudadanos con el régimen democrático también se expresa en los niveles de adhesión que el soberano dice tener con la democracia. A este respecto, por ejemplo, la expresidenta Bachelet preguntaba en 2023, en el marco del cierre de un seminario internacional realizado en Chile con ocasión de la conmemoración de los 50 años del golpe cívico-militar de 1973: "¿En qué hemos fallado para que los jóvenes pongan al mismo novel la democracia y el autoritarismo?"

Tal vez, una respuesta posible de considerar se relacione con esta paradoja del sistema escolar chileno. Son preferentemente proyectos educativos privados los que mayoritariamente concentran a la matrícula escolar chilena. Por tanto, son dichos proyectos los que tienen a su cargo la formación de las nuevas generaciones de ciudadanas y ciudadanos. Este fenómeno, esta realidad resulta ser la dimensión más crítica de la paradoja que se propone en estas líneas.

A lo largo de la historia de la democracia en Europa y en América Latina, ha sido el Estado el principal responsable de formar a las y los ciudadanos. Se sabe que dicha responsabilidad se ha materializado especialmente a través de los sistemas de educación pública que, no sin resistencias de las oligarquías y del conservadurismo, los propios estados han logrado configurar. Al estar la mayor parte de la matrícula escolar, casi dos tercios de ella, adscrita a centros escolares privados, esta responsabilidad estatal con el régimen democrático, cuando menos, se ve desdibujada. Los privados que fundan sus proyectos educativos gracias al financiamiento estatal no tienen, más bien no tienen porqué tener, por su naturaleza particular, ni la vocación ni el sentido de propósito de formar a las nuevas generaciones de ciudadanos comprometidos con el sistema democrático.

Entonces, si se reconoce la necesidad de fortalecer las competencias ciudadanas para resguardar la democracia, entendida ella como sistema de representación política y también como marco para la convivencia pacífica y armónica de quienes habitan en el territorio nacional, se hace necesario que el Estado recupere su vocación y su responsabilidad en la formación de ciudadanas y ciudadanos. Y ello implica, de modo principal, que la educación pública amplíe su campo de influencia mediante el incremento sustancial de su matrícula, sin que ello signifique terminar con la naturaleza mixta que caracteriza la historia del sistema escolar chileno.

Se ha de buscar el fortalecimiento de la educación pública, para que el Estado de Chile recupere el verdadero sentido de propósito y la extensa tradición de su sistema educativo: formar ciudadanas y ciudadanos comprometidos con la democracia, los derechos humanos y el desarrollo nacional. La actual coyuntura nacional e internacional exige con urgencia avanzar en esta dirección, antes que sea demasiado tarde.