Por una solución integral a la deserción escolar en Chile

Danilo Núñez

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Desde hace unos meses, la deserción escolar se ha posicionado como uno de los temas centrales del país, a la luz de los más de 50.000 estudiantes que abandonaron el sistema educativo durante 2022. Esto, sumado a los anteriores problemas del sistema educativo relativos a la pandemia por Covid-19, nos presenta un enorme desafío educacional y social que debe ser abordado con urgencia.

Cuando miramos desde cerca el fenómeno de la deserción escolar, nos percatamos que su dimensión como problema social es extensa y que son numerosos los elementos que debemos observar e intervenir para detenerla. Desde la evidencia científica, es posible determinar que el acceso de las familias a ingresos económicos y a servicios y derechos sociales es fundamental para asegurar un correcto apoyo a niñas, niños y adolescentes respecto a sus estudios y que, por el contrario, cuando estos elementos no se encuentran correctamente resueltos por los grupos familiares, los riesgos de deserción aumentan significativamente.

Como es sabido a partir de las cifras del país, son casi cinco millones de personas adultas las que no han terminado su educación media en Chile, donde los niveles de rezago se concentran fundamentalmente en las personas mayores de 45 años de menor nivel socioeconómico y en la población rural. A su vez, estos problemas de rezago en las personas adultas inciden en sus trayectorias laborales: quienes tienen menores niveles de escolaridad acceden a menores salarios y peores condiciones laborales que quienes cuentan con mayor logro educativo. De aquí, la vulnerabilidad de la educación y formación para estos grupos se torna obvia: las condiciones precarias de base de muchas familias inciden en trayectorias más complicadas y desafiantes para sus hijos e hijas.

Este problema nos obliga a plantear una pregunta fundamental, ¿qué lugar ocupa la educación dentro de la construcción de nuestro modelo de sociedad? En general tendemos a coincidir en que la educación es uno de los derechos más importantes en nuestra convivencia y debiera ser uno de los principales motores de movilidad social.

Desafortunadamente, para que estos deseos se concreten y tomen forma como realidades palpables, se debe asumir un compromiso de marca mayor. Difícilmente podremos garantizar mejores oportunidades para niñas, niños y adolescentes sin desarrollar, simultáneamente, oportunidades de reingreso, inclusión y apoyo para quienes no pudieron formar parte del sistema educativo de manera satisfactoria. Esta noción de la necesidad de contar con una integración educativa abierta a las personas de cualquier edad, es la que podemos ver en los lineamientos del Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida de la Unesco, donde la propuesta de soluciones estructurales para los problemas educativos pasa por reconocer la relación entre las distintas edades y los distintos niveles educativos, las diferentes instituciones educativas y así también otros sectores relevantes y complementarios al educativo, como el mundo productivo y político.

Desde Infocap sabemos que una parte importante en el desarrollo psicosocial de las personas tiene que ver con el apoyo, ayuda e inspiración que les resulta cercana desde su núcleo familiar y su comunidad. De esta manera, una madre que puede ayudar a estudiar con seguridad a su hijo de seis años, o la hija adolescente que motiva a su padre a terminar sus estudios de oficio, son los ejemplos más claros de lo virtuosa que resulta la búsqueda de una solución integral y transversal en este aspecto. Volvamos a pensar la educación como una oportunidad de desarrollo para todas y todos, sin distinción ni edad.