El proyecto de Presupuesto fiscal para 2026 da cuenta de las equivocadas prioridades que posee el Gobierno en educación. En total, esta partida crecerá apenas 2,2%, y casi todo ese aumento se explica por la expansión de la gratuidad en la educación superior, que llegará a los 2.700 millones de dólares (+7,1%). En contraste, el presupuesto para la educación parvularia caerá en 40.488 millones de pesos (-3,2%) y, lamentablemente, los recursos destinados a la reactivación educativa disminuirán en 25,5%.
Los presupuestos no son solo una enumeración de gastos: son también una declaración de prioridades. En este caso, las señales son claras. El Ejecutivo privilegia el financiamiento de la educación superior, el fortalecimiento de la educación estatal en desmedro de la particular subvencionada y la atención a demandas que el oficialismo considera políticamente rentables. Pero, de forma aún más irresponsable, deja a su suerte a quienes perdieron aprendizajes, desarrollo y vinculación educativa en la pandemia de Covid-19.
En 2019, los niños de primero básico vivieron el estallido social y el desorden que, entre otras cosas, significó la suspensión del Simce de ese año. Al año siguiente, ocurrió la pandemia de Covid-19 y esos niños, que estaban en segundo básico, no fueron al colegio hasta 2022. En ese año dieron el Simce de cuarto básico. El resultado fue una caída histórica de 10 puntos en Matemáticas. Con todo, el efecto negativo del cierre de las escuelas no se dio sólo en los aprendizajes: el 2022, el número de denuncias por convivencia escolar alcanzaría su máximo histórico (12.056), siendo superado, además, en los dos siguientes años (12.562 y 13.962 denuncias, respectivamente). La pandemia empeoró la salud socioemocional de los niños chilenos (Granese et al., 2023), lo que sabemos que repercute directa y negativamente sobre su capacidad de desarrollo y aprendizaje. Adicionalmente a los aprendizajes y a la convivencia, los niños dejaron de ir a la escuela: aún nos encontramos por debajo de los niveles pre-pandemia de asistencia escolar (Acción Educar, 2025).
Ante esta situación, y de forma bastante tardía, el año 2023, el Gobierno presentó un Plan de Reactivación Educativa. Éste consistía de variadas medidas, con un presupuesto y un alcance bastante bajos. A principios de este año, incluso, la Contraloría General de la República indicó que el presupuesto que se asociaba a la reactivación ni siquiera era, en su mayoría, para ella; sólo el 9% (Informe 455/2024). Las transferencias para revinculación no alcanzaban para contratar encargados profesionales para reconectar a los desertores escolares en más de la mitad de las comunas contempladas en el programa; las tutorías de lectura llegaron a menos de 1% de la matrícula del sistema; y gran parte del presupuesto en convivencia se dedicó a expandir el programa Habilidades para la Vida, que ya se encontraba mal evaluado por la literatura especializada (De Chaisemartin y Navarrete, 2023).
El 2024, los mismos niños que habían presentado la caída histórica de 10 puntos en el Simce volvieron a ser evaluados, esta vez en 6° básico. La caída se repitió, porque no hubo prácticamente ninguna acción para recuperar a esa generación. En Matemáticas, 4 de cada 5 niños de esta generación no alcanzaron un estándar adecuado. Las acciones de reactivación, para estos estudiantes, no fueron suficientes.
En esta última discusión presupuestaria, el Gobierno trae una propuesta que, después de los datos expuestos, resulta inaceptable. Se reducen en 25,5% todos los recursos destinados a la reactivación educativa. El dinero fiscal para revinculación cae en 50%; se elimina completamente el Plan de Tutorías, que estaba recomendado favorablemente por la Dipres; y se reducen los recursos para el Simce en 1,4%. Para coronar, se recorta 18,5% de los dineros para los Liceos Bicentenario de Excelencia. ¿Dónde se va la plata? Se aumenta el dinero para la gratuidad en 171.663 millones de pesos. Se aumenta el aporte de las universidades estatales en 9 mil millones de pesos. "Prioridades".
Con su último presupuesto, el Gobierno muestra su legado en educación: pagar promesas electorales, a costa de renunciar a recuperar lo que perdimos con la pandemia. Un país no puede avanzar si destina sus recursos a las tareas equivocadas, menos aun cuando éstos son escasos.
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