Represión y política del rompe paga

Javiera Olivares M

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Durante las últimas semanas, una vez más, hemos visto cómo el derecho a la educación,  denominado “bien de consumo” por el ex presidente y actual precandidato presidencial, Sebastián Piñera, ha vuelto a posicionarse en el centro del debate público. Liceos emblemáticos de dos de las comunas más importantes de la capital, Providencia y Santiago, han sido tomados por sus estudiantes, con el fin de interpelar y exigir a las autoridades que puedan responder a sus demandas, que abarcan las más diversas problemáticas internas, desde requerimientos en infraestructura hasta planteos de orden político institucional.

Ante ello, particularmente en el segundo caso, el alcalde de Chile Vamos, Felipe Alessandri, en vez de optar por enfrentar las medidas de presión estudiantil a través del diálogo y la escucha de las demandas pingüinas, optó por responder con métodos de fuerza mayor mandatando al cuerpo policial a desarticular por fuerza las movilizaciones estudiantiles.

Ha sido dramático ver las imágenes de Fuerzas Especiales y carabineros entrando al Liceo de Aplicación, retrotrayendo escenas oscuros de nuestra historia reciente, que se puede observar abarrotado de carabineros dispersando los estudiantes por medio de lumazos, golpes, bombas lacrimógenas y detenciones.

No es nuevo que la derecha no tenga interés en dialogar con cualquier grupo social pre-crítico con el statu quo, ni quiera conocer de voces que exigen cambios profundos en un país que aún tiene un largo camino por dar garantías efectivas a sus ciudadanos.

Lo que sí es meridianamente nuevo, es el momento histórico en el que se desenvuelve el movimiento estudiantil secundario tras el punto de inflexión de las movilizaciones de 2006 y 2011 que - más allá de sus alzas y bajas en organización - continúa poniendo sobre la palestra la exigencia de derechos sociales que antes parecían invisibles.

Derecho a la comunicación y libre expresión, garantía de diversidad y derecho a la movilización hoy parecen ser materias que no están dispuestas a ser tranzadas por los estudiantes, ni siquiera bajo uso de represión.

Por ejemplo, en Providencia, el Liceo Tajamar y el Liceo 7 se encuentran en toma, denunciando un tema grave que viven los establecimientos municipales de mujeres: abusos y acosos sexuales. Frente a lo anterior, que fue revelado a fines del año pasado, la alcaldesa Matthei comprometió un plan de intervención contra todo tipo de actos violentos, abusivos y de discriminación en los establecimientos bajo su administración.

En el plano de lo concreto, la respuesta de la alcaldesa aún ha sido insuficiente por lo que se ha mantenido una fuerte movilización de los estudiantes que exigen una educación no sexista, amparada en el Estado y que vele por la integridad física, emocional y académica de las estudiantes.

Pero el caso de Santiago, es una cuestión que supera cualquier análisis. Tres son los establecimientos que hoy están movilizados: el Liceo Confederación Suiza, Instituto Nacional y el Internado Barros Arana.

Frente a esto, el Alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, no solo ha optado por cerrar las puertas al  diálogo, desalojando con un alto nivel de violencia a los estudiantes que hoy lo interpelan, sino además ha utilizado una política y discurso criminalizador de los movilizados y sus dirigentes, atentando contra el legítimo derecho a movilización y libre expresión garantizado por la Constitución y por el Derecho Internacional.

La política del “rompe paga” que ha determinado el edil no hace más que estigmatizar todo intento de organización de los estudiantes, intentando responsabilizar a sus dirigencias de eventuales problemas de infraestructura de los colegios, que en su mayoría revisten defectos de carácter estructural y que, según alegan los propios estudiantes, no responden necesariamente a los procesos de movilización actual.

El perseguir, criminalizar y amedrentar a todos quienes se organicen y legítimamente propugnen planteos críticos al estado de la educación pública, no resolverá ni la crítica de fondo ni mucho menos la cada vez más escasa capacidad de diálogo, cultura cívica  y posibilidad de escucha.

Sólo generando instancias de intercambio real que den espacio para exponer los planteamientos de los estudiantes y sus demandas a las autoridades locales, permitirá construir una cultura cívica participativa y que avance al respeto por el derecho a la movilización y a una movilización responsable.

Por otra parte, es necesario entender que la sociedad no puede quedar impávida ante las imágenes de violencia desmedida sobre quienes se encuentran movilizados y la nula disposición de los gobiernos locales de derecha al diálogo.

Muy por el contrario, hemos de denunciar el abuso y develar la demanda de la desmunicipalización en el centro del debate, pues hoy más que nunca es necesario un Estado garante que asegure una educación de calidad, no sexista y que genere las condiciones para el pleno desarrollo de nuestras niñas y niños.