Durante las últimas semanas, la contingencia o agenda en Educación Superior ha tomado, más que nunca, un cariz de análisis de viabilidad y gestión financiera que no se observaba hace tiempo, con exposiciones de autoridades del Mineduc, rectores y especialistas de diversas miradas. Detrás de esto se vislumbra la preocupación por un paulatino deterioro de la salud económica de este sector, que, independientemente de las razones que la originen, y a pesar de miradas "optimistas", no queda claro cómo se abordará en el futuro.
El panorama no es auspicioso.
Por un lado, la implementación de los aranceles de la comisión de expertos (CERA) ha significado cambios sustantivos en los ingresos de varias instituciones, y no necesariamente para mejor. A fines de este año recién tendremos a la vista los próximos años, porque todavía falta fijar aranceles en un porcentaje sustantivo de las carreras. Por el momento, no se ve que vayan a mejorar. Si son los más adecuados, si están bien recogidos todos los costos, si hay fallas administrativas, son temas discutibles, pero en concreto, en muchos casos son menores que los aranceles vigentes y eso significa, en la práctica, menos ingresos.
La Superintendencia de Educación ha expresado recientemente que el sistema goza de buena salud, y que el efecto de gratuidad es neutro, pero esas cifras se basan en los estados financieros 2023, cuando el porcentaje de aranceles CERA aún era muy bajo. Este año, dos de las universidades estatales en crisis revelaron públicamente déficits de 38.000 y 28.000 millones de pesos respectivamente, y un IP decidió cerrar sus puertas por inviabilidad. Proyecciones de Acción Educar, por ejemplo, estiman que los menores ingresos agregados son de más de 780 millones de dólares, algo que se vio acrecentado por la búsqueda del fin del copago. O sea, estamos sentados en la playa mirando de lejos como se forma el tsunami.
Por otro lado, el CAE se ha vuelto un instrumento excesivamente oneroso para el Estado producto de la morosidad en los pagos. La tasa de morosos superó el 80% en quienes no finalizaron sus estudios, mientras que para egresados alcanzó 54%, una cifra inédita que puede haber sido gatillada por la esperanza de condonación planteada como una promesa de campaña. Asimismo, si vemos el costo para las arcas fiscales entre 2006 y 2023, según estimaciones del CEP, son U$ 9 mil millones del gasto estatal.
Si bien es cierto que es necesario modificar este sistema de financiamiento, la actual propuesta Financiamiento a la Educación Superior (FES), por un lado, se basa en el concepto de una contribución, un eufemismo para aplicar un impuesto a los egresados; mientras por otro, busca profundizar el efecto de gratuidad utilizando estos aranceles para fijar el monto del financiamiento "estatal". Pongo "estatal" porque dado que el Estado no tiene los recursos, se propone una modalidad en que los que terminan financiando el sistema son los graduados relativamente exitosos. Y seamos honestos, si el sistema tiene efecto cero, como se argumenta, para que algunos queden exentos de pago (por razones valederas, como bajos ingresos o desempleo), otros tienen que pagar de más.
Para buscar garantizar la sostenibilidad del sistema se debe entender que el principal financiamiento de las instituciones proviene del cobro de matrícula y aranceles a sus estudiantes, los cuales con la gratuidad quedan fijados más bajos que lo establecido en su costo real. De hecho, según la Contraloría General de la República, en la mitad de las instituciones la diferencia entre aranceles real y regulado no logró ser compensada.
No se ve hoy un camino alentador, ya que el FES profundiza el problema financiero, en virtud de que el Estado costearía el arancel regulado, la matrícula y la titulación, y prohibiendo el copago o diferencia. Lamentablemente, sea CAE o FES, no se avizora una solución.
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