Sistema de Admisión Escolar: justicia, transparencia, equidad

Alejandra Arratia Martínez

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En el debate sobre educación, pocas políticas han sido tan discutidas -y tan escasamente comprendidas- como el Sistema de Admisión Escolar (SAE). Durante años se ha repetido, de forma equivocada, que es una "tómbola", instalando la idea de que las familias quedan a merced de la suerte. Eso nunca ha sido cierto: el SAE funciona con prioridades claras -como por ejemplo hermanos y estudiantes prioritarios- que buscan dar más igualdad de oportunidades a todas las familias.

Este año, en el marco del acuerdo alcanzado en el Congreso, el SAE incorpora un mecanismo de desempate estable y auditable, que reemplaza el componente aleatorio. Este ajuste permite que el proceso siga funcionando con reglas claras y conocidas, manteniendo los principios de equidad e inclusión que, por ley, lo han guiado desde su creación.

Es importante comprender que este sistema no se limita a ser un mecanismo de postulación: es parte de una política más amplia, construida a partir de consensos en el debate legislativo, que tiene como eje central la Ley de Inclusión Escolar, una de las reformas más significativas del segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Esa ley terminó con la selección arbitraria en colegios subvencionados, puso, progresivamente, fin al copago y prohibió el lucro con recursos públicos. Fue una decisión que reforzó que la educación en Chile es un derecho social y no un privilegio reservado para quienes pueden pagar o cumplir con ciertos perfiles.

Un reciente estudio del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile revela que entre 2015 y 2024, la segregación en escuelas subvencionadas cayó 35%, alcanzando su nivel más bajo en dos décadas. En cuarto básico, la segregación interna en colegios particulares subvencionados disminuyó 43%, y en segundo medio 35%. Y la educación pública también registró avances, con descensos de hasta 24% entre 2018 y 2024 en cuarto básico. Este es un cambio significativo tanto para el sistema educacional como para la construcción de un país más democrático, justo e inclusivo.

En los años 2000, Chile era uno de los países con mayor segregación escolar del mundo, según PISA. La segregación educativa es una injusticia con repercusiones profundas a nivel individual y colectivo: limita los aprendizajes, fragmenta nuestra sociedad y reproduce desigualdades, dificultando la movilidad social. Cuando niñas y niños aprenden juntos, en contextos diversos e inclusivos, desarrollan en mayor medida habilidades para la vida en sociedad y el ejercicio ciudadano, tienen mejores resultados académicos y construyen una visión de país más inclusiva y democrática.

Estos avances muestran que las políticas de inclusión funcionan y que retroceder sería un error que dañaría a miles de estudiantes, sus familias y al país.

Para quienes creemos en una sociedad más justa, la inclusión escolar es mucho más que una política educativa: es parte esencial de la sociedad que queremos construir, y es una contribución al bienestar común. Las aulas diversas no solo entregan oportunidades a todos y todas (a partir de sus diferencias, y no a pesar de ellas), sino que forman ciudadanos capaces de convivir y de construir un país más cohesionado y democrático.

Toda política pública debe ser evaluada y revisada periódicamente, actualmente el Congreso analiza ajustes al Sistema de Admisión Escolar, en base a las recomendaciones que realizó la mesa técnica convocada por el Ministerio de Educación, que esperamos permita mejorar y robustecer dicha política. En este marco, debemos tener claridad: los cambios deben fortalecer la confianza de las familias, pero nunca volver a lógicas de selección que profundicen las brechas y la segregación en nuestro sistema educativo.

El SAE es una herramienta que, por una parte, garantiza que todos los niños y niñas tengan un acceso a la educación justo, equitativo y eficiente -porque no todos parten desde el mismo lugar- y por otra, permite que las comunidades educativas reflejen la riqueza del Chile diverso que somos, porque somos iguales en derechos, contribuyendo así a fortalecer nuestro tejido social.

Ese es el sentido más profundo de la justicia y equidad educativa: abrir caminos donde antes había barreras, ampliar horizontes donde otros solo veían techos. Que ningún niño o niña se quede atrás, porque el lugar donde naciste no puede definir hasta dónde puedes llegar; todas y todos tenemos la capacidad y el derecho a aprender.