Democracia y derechos: la violencia contra las mujeres es una urgencia nacional

Karen Palma Tapia

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Cada 25 de noviembre, Día Internacional por la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, las mujeres nos encontramos en una realidad que no admite maquillaje ni evasivas: en nuestro país la violencia sigue marcando la vida cotidiana de miles de mujeres, tanto en sus hogares como en sus espacios de trabajo. Y aunque hemos avanzado en un marco normativo más robusto -con la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, el Registro Nacional de Deudores de Alimentos, la ratificación del Convenio 190 de la OIT y la Ley Karin- aún queda un largo camino para transformar los derechos en garantías reales.

La Ley Karin representa un hito histórico en la lucha por espacios laborales libres de violencia. Sin embargo, su implementación revela el verdadero desafío: entre el sector privado y el público se acumulan más de 49.000 denuncias desde su entrada en vigencia, pero la mayoría no encuentra resolución oportuna ni protección adecuada. Estos números muestran que las trabajadoras están denunciando, que confían en la herramienta, pero también retratan un Estado que aún no responde con la urgencia que exige la vida y dignidad de miles de mujeres.

Lamentablemente no vemos mayor voluntad por mejorar las herramientas de fiscalización y prevención. Un ejemplo es lo que pasa con la Dirección del Trabajo, que tras intensas gestiones de la CUT se logró en el presupuesto 2025 -a regañadientes de muchos- aumentar en 15 nuevos fiscalizadores exclusivos para ver casos de Ley Karin. Para este presupuesto 2026 no se encuentra en tabla algún aumento de fiscalizadores en este sentido.

Desde el mundo sindical hemos visto de cerca las consecuencias extremas de la violencia laboral: trabajadoras y trabajadores que han terminado quitándose la vida tras años de acoso, hostigamiento o impunidad institucional. Cada una de esas muertes es un llamado a actuar, una demanda ética que no puede seguir quedando atrapada en expedientes sin avances o comisiones sin recursos. No queremos más víctimas. Necesitamos prevención real, fiscalización con atribuciones, protocolos que se cumplan y voluntad política para que la Ley Karin y el Convenio 190 sean herramientas vivas, no declaraciones de buenas intenciones.

Este 25 de noviembre también nos sitúa frente a un momento político decisivo. El avance de la ultraderecha en Chile, a través de su candidato Kast -que durante su labor parlamentaria solo se dedicó a fomentar el maltrato y la exclusión de derechos para las mujeres- amenaza con retroceder derechos conquistados por las mujeres y las disidencias, promoviendo discursos de odio, negando identidades y reforzando estereotipos que perpetúan la violencia. No se puede hablar de democracia plena cuando se ponen en riesgo los derechos de la mitad de la población. Defender a las mujeres es defender el futuro democrático del país.

Por eso, desde la Vicepresidencia de la Mujer y Equidad de Género de la CUT reafirmamos nuestro compromiso con la erradicación de todas las formas de violencia, con la defensa de los avances alcanzados y con la construcción de un Chile donde todas, todos y todes podamos vivir libres de miedo. Llamamos a las mujeres de nuestro país a organizarse, activarse y tomar un rol fundamental en este proceso histórico, articulando una respuesta colectiva que ponga la vida y la dignidad al centro. Porque democracia y derechos no son consignas: son la base de un país que aún tenemos la responsabilidad de construir.