Transformación de la Educación Superior en Chile

Andrés Sanfuentes

Ultimos publicados:

• La pobreza como germen del populismo
• El mundo laboral después de la Pandemia
• La escondida voz de la calle

En 1981 la ES estaba circunscrita a solo 8 universidades, todas constituidas como entidades sin fines de lucro.

a) Dos estatales, la Universidad de Chile y la Técnica del Estado. La primera muy antigua y que había sido el pilar básico en las tareas de Educación Superior que se realizaban en el país y mantenía el liderazgo de la actividad.

b) Tres regionales, la Universidad de Concepción, la Universidad Técnica Federico Santa María y la Universidad Austral, afincada en la ciudad de Valdivia.

c) Tres católicas, con diferente tamaño, la Universidad  Católica de Chile, la Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad del Norte. Cada una tenía diferente dependencia administrativa.

A fines de los años setenta las universidades mantenían un cierto grado de autonomía del Gobierno Militar, a pesar de la “limpieza” de profesores y alumnos que se efectuó en los primeros años y del nombramiento de rectores designados en calidad de interventores. Por  otra parte, la ideología neoliberal se estaba imponiendo en los centros de poder del país, entre los cuales la enseñanza superior constituía un objetivo de importancia. Esos motivos fueron decisivos para realizar una profunda transformación de la ES.

Se partió por reducir el poder de las dos universidades estatales, con el argumento de fomentar la descentralización administrativa del país y así facilitar la regionalización. Las dos universidades estatales contaban con diferentes localizaciones a lo largo del país, con distinto grado de importancia.

Para estos efectos se establecieron sedes regionales mediante la unión de las iniciativas de la U. de Chile y la Técnica del Estado, en algunos casos bajo la denominación de universidades y en otros como institutos profesionales, cuando eran más débiles. Estos últimos, con el transcurso de los años también se estructuraron como universidades. Es así como recién en el Gobierno de la Presidenta Bachelet se inicia la formación de las universidades  de las regiones VI (O’Higgins) y XII (Aysén).

Con el objetivo de desconcentrar el poder central, la Universidad de Chile perdió en la Región Metropolitana la formación de profesores, con la creación de la Universidad de Ciencias de la Educación y la Enseñanza Técnica, con la Universidad Tecnológica Metropolitana. Algo similar ocurrió en la Región de Valparaíso, en que la sede local se dividió entre la Universidad de Valparaíso y la Universidad de Playa Ancha, dedicada a la enseñanza docente. La Universidad Técnica del Estado, junto con la pérdida de sus sedes regionales, pasó a llamarse Universidad de Santiago.

En esta primera fase, aparte de su intervención administrativa, las universidades regionales no tuvieron importantes alteraciones institucionales.

Por su lado, las católicas, también quedaron bajo el control de rectores designados por el Gobierno militar. Sin embargo, después de algunos años, surgieron las “derivadas”, especialmente originadas en la Universidad Católica mediante algunas sedes regionales. Por ejemplo, es el caso de las Universidades Católicas del Maule, de Temuco y de la Santísima Concepción.

Por lo general, las universidades “derivadas” tienen un nivel académico relativamente bajo, inferior al de los centros “madres”. 

No existían los Institutos Profesionales (IP) y  los Centros de Formación Técnica (CFT), creados legalmente en 1981.

La evolución de la matrícula es el principal cambio generado con la Democracia a partir de 1990.

Matriculados en pregrado. En 1990 eran 249.000 estudiantes (53% en universidades, básicamente del CRUCH). En 2000 subieron a 483.000, y en 2014 a 1.215.000.

Matriculados en Pos grados. En 1990, 2.143 estudiantes; crecen a 7.685 en 2000 y a 46.806 en 2014  (el 53,8% en el CRUCH).

Esta notable expansión de la matrícula que cambió a Chile, se logró con el financiamiento fiscal y el privado, para apoyar el fuerte aumento de costos que significó a las entidades de educación superior. El Estado aportó la gran expansión de las becas a los más necesitados y el apoyo a los créditos otorgados a los estudiantes de familias de ingresos medios que no podían pagar la educación de sus hijos, mediante el CAE y el crédito solidario, para lo cual se otorgó la garantía de pago fiscal, ambos modificados después para facilitar el cumplimiento de las deudas.

Criticar la existencia de estos mecanismos de crédito, que posibilitaron la incorporación masiva de los segmentos medios a la educación superior y pedir su eliminación es una de las muestras de populismo y demagogia más asombrosa de los últimos tiempos, especialmente cuando se ha demostrado que la “gratuidad universal” es solo un sueño romántico.