Violencia escolar: dos almas

A un mes del asesinato de una inspectora a manos de un estudiante en Calama han surgido múltiples propuestas desde distintos sectores. Y ¿qué hemos aprendido? Quizás que en Chile conviven dos almas en tensión.

Por un lado, una que privilegia el castigo como forma de reparación, más que como solución al problema de fondo. Por otro, una que reconoce que muchos victimarios son niños y adolescentes que, de haber sido mejor cuidados, probablemente no habrían llegado a dañar a otros.

Así, algunas propuestas apuntan a endurecer sanciones: expulsiones, multas a los padres, aumento de condenas e incluso bajar la edad de imputabilidad. Otras, en cambio, buscan fortalecer los servicios sociales, especialmente en salud mental, junto con mejorar los modelos educativos, la parentalidad y las habilidades socioemocionales. También hay medidas orientadas a disminuir la percepción de inseguridad en las comunidades escolares, como detectores de metales o sistemas de denuncia.

La violencia escolar es un fenómeno complejo, que incluso países más desarrollados no han logrado resolver completamente. Sin embargo, existe evidencia clara de que las respuestas más efectivas son también complejas y deben ser integrales.

Un enfoque clave es abordar la violencia desde las trayectorias de vida. Esto implica identificar tempranamente a niños, niñas y adolescentes que se desvían de condiciones básicas para su desarrollo: permanecer en el sistema educativo, aprender, relacionarse sanamente, consumir drogas o alcohol o la comisión de delitos. Frente a estas señales, el Estado debe actuar de manera oportuna, coordinada y con programas efectivos.

A esto se suma la necesidad de una oferta universal: programas de habilidades parentales y un currículum escolar que promueva el desarrollo socioemocional. Estas intervenciones no solo previenen la violencia, sino que fomentan conductas positivas.

Hoy, sin embargo, la realidad es otra: actuamos tarde, una vez que la violencia ya ocurrió, con servicios públicos descoordinados, con brechas de cobertura y con escasa disponibilidad de programas especializados realmente efectivos.

Si esto no cambia, corremos el riesgo de repetir la experiencia de países que apostaron casi exclusivamente por el castigo: aumentaron su población penal y consolidaron culturas donde la violencia se normaliza. Sin embargo, tampoco basta solo con programas sociales. El desafío es equilibrar ambas dimensiones, tomando decisiones en base a la evidencia objetiva, a lo que ha funcionado en otras experiencias. Solo así podremos aspirar a reducir la violencia, particularmente en nuestras escuelas, y avanzar hacia una convivencia más segura y justa que permita el desarrollo integral de nuestros niños.