El pasado 25 de septiembre, el diario El Mercurio publicó una noticia relacionada con el aumento de la matrícula en colegios particulares subvencionados o pagados, de estudiantes pertenecientes a los dos quintiles más vulnerables de nuestro país. Dentro de las razones, que se esgrimen en la nota sobre esta migración, se encuentra la violencia escolar que se está viviendo en algunos establecimientos escolares, lo que ha afectado la visión de algunos padres y apoderados sobre la escuela como un lugar seguro para sus hijos. Sin embargo, la violencia no sólo está afectando en la migración del estudiantado a otras dependencias, sino que también impacta directamente al profesorado.
Un ejemplo de esto se evidencia en lo vivido por un inspector del Liceo de Aplicación, quien fue rociado con líquido acelerante mientras intentaba evitar la quema de basureros. Este hecho disminuye la sensación de seguridad de los docentes que trabajan en estos colegios. Frente a esto, ¿quién vela por la integridad del cuerpo docente y del personal que trabaja en esos establecimientos?
El control de estos hechos es crucial, ya que, si bien en nuestro país estamos en una constante búsqueda de la mejora escolar, no podemos olvidar ni ignorar el hecho de que estamos atravesando por una crisis docente, en donde de acuerdo con lo señalado por Elige Educar, se proyecta un déficit de más de 26.000 profesores para el año 2025, lo cual pone en riesgo el óptimo proceso de formación de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país.
Lo anterior se produce por dos factores: en primer lugar, por la baja matrícula que están experimentando las instituciones formadoras en las distintas carreras de pedagogía que imparten (alcanzando 8% en 2022), o por la deserción temprana del profesorado, en donde 20% de los docentes que ingresa al sistema se retiran antes de los 5 primeros años de vida laboral.
Si queremos contar con profesores idóneos que promuevan un proceso de formación de calidad, debemos hacer que la carrera docente sea atractiva para quienes la ejercen, y eso se traduce en contar con buenas condiciones laborales, como salario, valoración social y el resguardo de su integridad física, psíquica y moral.
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