Incendios y agricultura familiar

Llevamos ya más de dos semanas combatiendo los incendios forestales. Esta coyuntura ha sido muy dura para la agricultura familiar: aproximadamente tres mil familias afectadas con distintos niveles de daño, y muchos miles que han logrado salir relativamente indemnes, pero que han quedado muy traumatizadas con esta experiencia.

El Gobierno está desplegando múltiples iniciativas para enfrentar esta emergencia. Uno de sus brazos operativos es el INDAP, el cual ha hecho todo lo que está a su alcance para entregar su aporte. A través de 280 profesionales de terreno, y en estrecha coordinación con los municipios y con otros organismos públicos y privados, estamos prestando apoyo material, económico y psicológico a las familias campesinas afectadas. Dentro de nuestras limitaciones, también hemos dado apoyo logístico para aquellos que están directamente combatiendo el fuego. 

Aunque esta emergencia está todavía en desarrollo, la experiencia vivida en estos días sugiere varias reflexiones. 

La primera dice relación con la fuerte solidaridad entre familias campesinas para apoyarse mutuamente frente a la emergencia. Hemos recorrido todas las regiones afectadas y ha sido conmovedor escuchar a los vecinos de una localidad y saber que han luchado noches enteras contra el fuego, ayudándose entre sí.  También ha sido emocionante comprobar que centenares de familias campesinas de la Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y de otras regiones no afectadas por los incendios han empezado a enviar camiones con forraje y con otros enseres para ayudar a sus hermanos de la zona central.

La segunda se refiere a la relación entre agricultura familiar y empresas forestales que se ha puesto a prueba en estos días. En algunos casos ha habido colaboración y solidaridad entre ambos sectores y en otros no. Es la verdad y hay que decirla. Eso es lo que hemos podido comprobar en nuestras visitas a terreno y en nuestros diálogos con las familias afectadas. Hay aquí un ámbito en donde tenemos que mejorar.

La tercera reflexión se refiere a la pertinencia de la actual legislación forestal, y a las entidades públicas y privadas encargadas de aplicar estas normas. Es positivo que el Gobierno haya manifestado su voluntad de enviar el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal. Por otra parte, los especialistas y la comunidad toda tendrán que hacer una evaluación de las normas técnicas que regulan la actividad forestal, para ajustarlas después de esta experiencia.

Muchos actores venían planteando desde hace ya bastante tiempo que el modelo forestal chileno estaba agotado, y que había que pasar a otro estadio de desarrollo. Tal como las personas, los países avanzan después de pasar por crisis cuyos niveles de intensidad dejan enseñanzas evidentes, las cuales a su vez crean las condiciones para construir grandes consensos.

Se abre por tanto una oportunidad para resolver muchos temas que hoy son objeto de debate: la forma de cuidar y ampliar las superficies cubiertas con bosque nativo; el valor de las plantaciones con especies exóticas (sobre todo, pino y eucaliptus) y sus formas de manejo; el cuidado de las infraestructuras locales (caminos y otros) y la relación de las empresas forestales con las comunidades; las redes básicas de seguridad y manejo hídrico de nivel predial con que deben contar las familias campesinas; los conflictos de tierras con las comunidades indígenas; las nuevas normas que debemos implementar para controlar los futuros incendios; el tipo de agricultura y de ganadería que debemos promover en las zonas de secano.   

Son muchos los asuntos que tendrán que ser debatidos en la próxima etapa. En esta coyuntura, es el modelo forestal completo el que debe ser mejorado. Tenemos que revisar nuestra legislación y nuestras prácticas tecnológicas y sociales, con la participación de las empresas forestales, los productores agrícolas de todos los tamaños, la academia, las ONG ambientales, la institucionalidad pública. Esto hay que hacerlo con altura de miras, procurando aprovechar esta crisis para dar un nuevo paso.

En el caso de INDAP, es necesario hacer correcciones: somos una institución muy centrada en lo agrícola y en lo pecuario, con una escasa cultura forestal. Ello explica que hasta la fecha la agricultura familiar campesina no haya jugado ningún rol en materia de prevención y de combate de incendios.

En lo que se refiere a la reconstrucción del tejido productivo en las zonas devastadas, tenemos que sacar lecciones de esta experiencia. Es necesario un amplio proceso participativo para definir qué hacer en esos territorios. Sólo así la estrategia de desarrollo acordada contará con la legitimidad que hoy exige la ciudadanía.  El Gobierno y el ministerio de Agricultura han señalado que es necesario preparar este debate con todos los actores involucrados, el cual se deberá realizar una vez que termine la emergencia.

Muchos campesinos con los que hemos conversado ya están de nuevo limpiando sus campos, con la esperanza de volver a empezar. Como ya lo hemos visto en estos días, el Gobierno y la sociedad chilena no los dejarán solos.

Esperemos que esta crisis dolorosa nos permita visualizar una nueva etapa, que nos lleve hacia un modelo de desarrollo forestal mucho más sustentable y mucho más inclusivo.

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