Inversión pública y derechos de la niñez
Los derechos de niños y niñas no ocurren en abstracto ni son una declaración de buenas intenciones, sino que se requiere contar con un nivel adecuado de presupuesto público y hacer el mejor uso posible de dichos recursos para hacerlos realidad. La Ley 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia establece que corresponde a los órganos de la Administración del Estado, en el ámbito de sus competencias, garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Para saber si los recursos públicos están cumpliendo su objetivo de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el país requiere contar con un mecanismo de control permanente que supervise las asignaciones presupuestarias. De esta manera, se podrán determinar aquellas áreas en las cuales se deben aumentar los recursos para resguardar el cierre progresivo de brechas de desigualdad, información fundamental para la discusión presupuestaria con miras al año 2024.
Desde 2019 Unicef ha apoyado la elaboración de un reporte anual para identificar, transparentar y monitorear la inversión del gobierno central en niñez y adolescencia. Se identificó que en 2022 la inversión del gobierno central en niñez y adolescencia representó 4,4% del PIB y 17,8% del gasto público. Al analizar esta inversión por eje de derecho, se identifica que la mayor parte de estos recursos se destinaron a la oferta programática relacionada con el eje de desarrollo (educación), seguido por el eje de supervivencia (salud y habitabilidad) y luego el de protección (protección social y protección especializada). Destaca el casi inexistente presupuesto dirigido al eje de participación.
El monitoreo de la inversión en niñez requiere institucionalizarse en el país y de esta manera, poder contar con la información que permita evaluar la suficiencia de los recursos públicos para garantizar el ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes. De lo contrario, se hace más difícil identificar las brechas existentes y realizar los ajustes necesarios. Es por ello, que incorporar en la Ley de Presupuestos la glosa presupuestaria de la Subsecretaría de la Niñez, que establece el compromiso de elaborar un reporte anual con la información sobre inversión en infancia y adolescencia por parte del Estado, es un paso fundamental para el monitoreo de la inversión en niñez y la garantía de sus derechos.
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