Los efectos sociales y económicos de la pandemia para la infancia
La pandemia de Covid-19 no es solo una emergencia sanitaria sin precedentes, sino que es una emergencia económica y social, cuya magnitud y consecuencias están teniendo un impacto dramático en las familias más vulnerables. De acuerdo con las proyecciones recientes de CEPAL, la caída de un 5,3% del PIB y el aumento de un 3,4% del desempleo en América Latina generará un aumento de la pobreza en 4,4 puntos porcentuales (llegando a 34,7% de la población regional), y de la extrema pobreza de 2,6 puntos (llegando a 13,5% de la población regional) y de la desigualdad.
Si bien la crisis está afectando a toda la población, la actual situación agudiza factores de riesgo ya existentes, que afectan mayoritariamente a la población más vulnerable del país.
Resulta especialmente preocupante la situación que enfrentan las familias de menores ingresos con niños, niñas y adolescentes, considerando que previo a la crisis, la pobreza infantil en Chile prácticamente duplicaba a la pobreza en otros tramos de edad. De acuerdo con la encuesta CASEN 2017, los hogares con niños presentan mayores carencias que aquellos que no los tienen, situación que se agudiza en la población indígena, inmigrante y que se vive en zonas rurales.
La amenaza de la carencia económica desestabiliza a las familias, generando condiciones de estrés e incertidumbre que aumenta la probabilidad de violencia hacia niños, niñas y adolescentes.
Para evitar un aumento de la precariedad económica y vulnerabilidad, resulta crucial que se tomen medidas que permitan mitigar el impacto económico que está provocando la crisis de Covid-19 en estas familias.
La experiencia internacional muestra que, en momentos de crisis, es fundamental que los países cuenten con sistemas de protección social reforzados, que entreguen respuestas efectivas y oportunas a las familias a través de medidas de apoyo económico, que reduzcan los efectos negativos en el empleo y que garanticen el acceso a prestaciones básicas. De esta de manera es posible mitigar el impacto en el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, previniendo la deserción escolar, la malnutrición, el maltrato infantil y el aumento del trabajo de niños y adolescentes.
Es urgente que Chile avance en la implementación de un piso de protección social sensible a la niñez, realizando trasferencias monetarias que permitan que todas las familias con niños cuenten con un ingreso seguro y suficiente. Asimismo, es necesario garantizar el acceso a servicios integrados de salud, educación, nutrición, seguridad social y otras prestaciones que les permitan alcanzar un nivel de vida digno.
UNICEF está trabajando para avanzar en esta dirección, para que se implementen medidas que promuevan la inclusión y el acceso de todos los niños, niñas y adolescentes a servicios públicos esenciales, y que se entregue apoyo a padres y cuidadores para ejercer su rol de cuidado y protección.
A 30 años de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, UNICEF hace un llamado al gobierno y a todos los poderes de Estado a adoptar “todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole” para dar efectividad a los derechos reconocidos en la Convención. La capacidad del país, y el compromiso de los distintos actores para fortalecer el sistema de protección social con foco en la niñez y adolescencia, será clave para no hipotecar los logros alcanzados durante las últimas tres décadas para la población menor de 18 años.
En momentos de crisis, como la actual pandemia, es donde los países deben demostrar con acciones su verdadero compromiso con la niñez y adolescencia.
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