Con apenas 7 años vio morir a su mamá en manos de quien hasta ese día compartía en su hogar. "Se me pasó la mano", fueron las primeras palabras del victimario ante Carabineros, como si hubiese algún grado de legítima violencia, como si como una norma establecida formara parte de un ritual previo que ocasionalmente se desborda con este resultado demoledor.
Quizás buscando explicar lo inexcusable, aquellas palabras develan una realidad profunda que normaliza el abuso y la violencia a tal grado de despreciar la vida de quien era todo para su hijo. Pero la construcción de este escenario está lejos de ser aislado, ya que se sostiene en una mirada colectiva de la violencia desde muy temprano. En nuestro país se estima que 7 de cada 10 niños/as sufre en algún grado violencia física o psicológica, donde 1 de cada 4 declara ser víctima de violencia física severa, 63% de los adultos encuestados reconoce usar métodos de disciplina violentos, incluyendo agresiones psicológicas (57%) y físicas (33%). Sólo 1 de cada 3 adultos reconoce utilizar métodos no violentos.
Al analizar la evidencia internacional, se ha podido establecer que un gatillante a la base del maltrato es que padres o cuidadores hayan sido víctimas o testigos de situaciones de violencia durante su infancia, lo que conlleva la transmisión intergeneracional del daño que provocan dichos episodios traumáticos. Cerca de 30 mil denuncias por violencia intrafamiliar ocurren cada año, 3 de cada 4 imputados son hombres, proporción similar al conjunto de los delitos violentos.
Hoy estamos llegando tarde, de nada sirven querellas que en absoluto disuaden a quien actúa bajo este esquema de normalización. Si realmente queremos evitar que estos hechos destruyan familias y, en particular, a los niños y niñas expuestos a la violencia, el Estado debe avanzar en una agenda de prevención social temprana en la familia, la escuela y la comunidad, fortaleciendo los elementos protectores que permitan mitigar los riesgos en el desarrollo de conductas problemáticas tales como la violencia al interior de los hogares y en los barrios.
No da lo mismo cuándo esta oferta se despliega en el territorio; intervenir desde los 14 años es demasiado tarde, ya que es el vínculo parental o de personas significativas las que operan en el cambio conductual y dicho vínculo es más fuerte precisamente hasta los 13 años. De esta forma es necesario contar con oferta programática sólida, con enfoque de salud pública y local.
Hoy esa oferta es reducida dentro del Estado, las coberturas son mínimas para los programas preventivos de estándar internacional como Familias Unidas (de la Universidad de Miami) y es la sociedad civil, la que avanza con mayor vigor en la instalación de una Agenda Temprana de Prevención Social. La Implementación de la Ley de Garantías no ha contado con la velocidad requerida en la instancia administrativa con la implementación de las Oficinas Locales de Infancia, espacio natural para la instalación e impulso de dicha oferta.
Esperamos que junto con atender las múltiples necesidades que enfrenta el Servicio Mejor Niñez, como las listas de espera de su oferta ambulatoria, la Subsecretaría de la Niñez cumpla su rol a cabalidad y podamos dejar de llegar tarde. Hoy el hijo de Cindy llora la pérdida de su madre, una familia en Valdivia quedó rota y no fuimos capaces de llegar antes. No podemos seguir esperando, somos responsable por él y por todos los niños y niñas de nuestro País. Tenemos que avanzar con decisión en esta agenda para cambiar la realidad que ninguno de ellos debiera vivir.
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