El pasado 1 de octubre se cumplieron tres años desde la puesta en marcha del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia. Tras años de debate, como país alcanzamos un compromiso político transversal por priorizar la protección de los niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos. La urgencia resultaba más que evidente, por lo que las esperanzas y expectativas fueron altas. Hoy el desafío es aún más titánico y demandante de lo previsto.
A la necesaria y urgente tarea de instalar un servicio que atiende a una población con realidades dolorosas y difíciles, habilitando mejores estándares y cambiando prácticas de años, se suma una dura realidad: En estos tres años la cantidad de derivaciones a la protección especializada ha aumentado mes a mes, aunque los nacimientos en el país tienden a la baja. En agosto de 2024 atendimos a 124.621 niños, niñas y adolescentes; 17.915 fueron nuevos ingresos.
Nos enfrentamos como servicio, tanto en la administración directa como mediante las organizaciones colaboradoras acreditadas, a avanzados niveles de desprotección, a mayor exposición a violencia y a profundas inequidades que afectan a quienes son parte de nuestra red proteccional, tras una pandemia con complejas secuelas en el plano educativo y de salud mental, y para ello trabajamos en cambios en los modelos de atención, mejoras en la gestión y en la pertinencia territorial de los programas.
Uno de los desafíos urgentes del Servicio de Protección Especializada es ofrecer un ambiente familiar a niños, niñas y adolescentes; en otras palabras, asegurar un espacio protector y de cuidados que permita restituir sus derechos y alcanzar su pleno desarrollo, y para ello hemos aumentado la cobertura de familias de acogida, tanto en su versión extensa (cuando hay relación familiar) como externa. Si en 2007, uno de cada 10 niños, niñas y adolescentes en cuidado alternativo residencial estaba al cuidado de una familia de acogida, hoy corresponden a seis de cada 10, lo que da cuenta de este esfuerzo y constituye un importante avance.
Por lo mismo, nuestra prioridad está en lograr la desinternación en primera infancia a través de esta alternativa, para lo cual estamos aumentando nuestra capacidad y esperamos desarrollar nuevas modalidades con mayor especialización y foco en aquellos niños y niñas que se encuentran en sus primeros mil días de vida. Hoy contamos con familias de acogida que cuidan, protegen y acompañan a 9.606 niños, niñas y adolescentes, cifras que aumentarán en los próximos meses, gracias a una importante inversión contemplada en la propuesta de ley de Presupuestos 2025 que permitirá implementar siete nuevas unidades de evaluación formativa de acogimiento y adopción en el país.
Por otra parte, necesitamos hacer frente a situaciones de extrema vulneración de derechos y conseguir la reparación que le debemos a miles de niños, niñas y adolescentes, que se enfrentan a contextos de alta criminalidad o al riesgo de caer en ella -si es que ya no tienen trayectoria-, a la explotación sexual y laboral, a la trata de personas, la migración forzada y no acompañada, a la falta de respuesta ante problemas graves de salud mental, consumo problemático de alcohol y drogas y exclusión social. La magnitud de la tarea vuelve irresponsable la promesa de resolverla en el corto plazo, pero tenemos la convicción de su urgencia, y el compromiso del gobierno del Presidente Gabriel Boric es que avancemos decididamente en esta dirección.
Un esfuerzo como este requiere del compromiso mancomunado de otros actores públicos, privados y de la sociedad civil. Necesitamos trabajar juntos, con más y mejor coordinación, sumando fuerzas y voluntades, para reconstruir esperanza y proyectos de vida. No se trata de deslindar responsabilidades, sino de asumir como sociedad que tenemos un deber moral con los niños, niñas y adolescentes vulnerados, y construir un entorno sano para todos, sin dejar a nadie atrás, haciendo propio ese proverbio africano de "si quieres llegar lejos, ve acompañado".
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