Por estos días, el pueblo venezolano enfrenta una grave situación de falta de abastecimiento de víveres, implementos básicos para la atención de salud y una delicada denegación de derechos políticos. Hay que lamentar la presencia de presos de conciencia y de varias señales que dan cuenta de un deterioro cada vez más irremontable de la institucionalidad democrática en Venezuela.
La región no puede permanecer impávida ante esta crisis y en especial nuestro país, no puede desviar la vista frente a estos graves hechos, ya que como sociedad sabemos exactamente los peligros que encierra la falta de diálogo y de respeto a las instituciones y sus distintos roles.
Se le ha pedido a la Cancillería chilena que explore todas las posibilidades de diálogo en los organismos multilaterales de la región, para que las autoridades de Venezuela al menos se abran a la posibilidad de recibir ayuda humanitaria para alivianar la crisis que enfrenta de su sistema de salud-entre otras cosas. Qué mejores garantías que las que pueden ofrecer la Organización de Estados Americanos (OEA) o la propia UNASUR para permitir que el acuerdo, el diálogo y la convivencia pacífica vuelvan a imperar.
Pero es la responsabilidad principal del Presidente Maduro la que debe primar para dar unidad a las instituciones en Venezuela y así transitar hacia una normalidad en las relaciones entre los distintos poderes del Estado. Para nuestro Congreso, el hecho de que no se respeten las prerrogativas de poder Legislativo es alarmante, ya que se trata de una institución completamente democrática, elegida por el pueblo y cuyo respeto no admite ninguna excusa ni excepción.
Con esta petición que hemos hecho buscamos que los principales bandos políticos de Venezuela puedan encontrar una salida pacífica a la crisis y no que se siga alimentando el germen de violencia innecesaria. Y en ese sentido, el primer llamado a actuar con la máxima responsabilidad es al poder ejecutivo, ya que desde ahí han surgido señales preocupantes de poco respeto a los derechos humanos y a las facultades de las instituciones.
La Asamblea Legislativa Venezolana tiene todo el derecho de pedir y validar un referendo revocatorio que está establecido en la constitución de ese país, por lo que una negativa sin fundamentos legales es sólo animar un foco de conflictos. El poder legislativo es uno de los pocos espacios de diálogo que van quedando y es de esperar que el presidente Maduro asuma este hecho con altura de miras y no permita que el conflicto llegue a un punto de no retorno.
Chile sabe de las graves heridas que deja la muerte de la democracia y es por eso que intervenimos.
Intervenimos no en la política interna, sino con el ánimo de generar espacios de entendimiento, de tender puentes de confianza y de estrechar lazos de amistad cívica, en especial cuando el diálogo no ha sido hasta ahora posible.
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