A partir de la madrugada del 18 de marzo de 2025, Israel reanudó los ataques en la Franja de Gaza, ocasionando al menos 500 muertos y rompiendo la tregua que regía en el territorio desde mediados de enero del presente año. Esta reanudación de los combates ha sido fuertemente rechazada por parte importante de la comunidad internacional y de sectores de la propia sociedad israelí. La organización de familiares de rehenes y desaparecidos ha acusado al gobierno de Netanyahu de abandonar a sus seres queridos y a la población israelí. Simultáneamente, se han producido manifestaciones masivas en las principales ciudades del país, exigiendo el cese de la guerra y la liberación de los rehenes.
¿Cómo puede explicarse el rompimiento de la frágil tregua alcanzada en enero? El acuerdo entre Israel y Hamas establecía una primera fase de 42 días, en la cual se convenía el intercambio de rehenes israelíes por presos palestinos y la autorización por parte de Israel del envío de ayuda humanitaria a la franja de Gaza. La segunda fase, que debía comenzar a principios de marzo, contemplaba el retiro militar israelí del territorio a cambio de un cese al fuego permanente, lo que llevaría posteriormente a un acuerdo definitivo sin la participación de Hamás y a la reconstrucción de Gaza.
En la visión del gobierno israelí, la reanudación de los combates obedece a la negativa de Hamas de liberar al resto de los rehenes y a extender la primera fase del acuerdo. Sin embargo, pareciera existir la intención de Netanyahu de mantenerse militarmente en el territorio gazatí, algo que está en conformidad con la posición del gobierno de Trump. Este ha propuesto resolver el problema de Gaza a través de la expatriación de sus habitantes y su reubicación en países árabes como Egipto y Jordania, lo que ha sido rechazado, entre otros, por la Liga Árabe, la Unión Europea y la ONU.
Al mismo tiempo, existiría el propósito de traer nuevamente al gobierno israelí a los sectores más nacionalistas que se han retirado de la coalición, representados especialmente por Itamar Ben-Gvir, del partido Poder Judío, ministro de Seguridad Nacional hasta el 19 de enero, fecha de la firma de los acuerdos. Ben-Gvir ha sido partidario de la expulsión de los palestinos de Gaza y un opositor a cualquier proceso de paz en el territorio.
La actual ofensiva en Gaza coincide con un escenario regional que resulta altamente volátil y conflictivo. En el Líbano también ha existido un rompimiento de la tregua firmada a fines de noviembre de 2024 entre Israel y el movimiento Hezbolá, en el que se había acordado de que ambas partes debían retirar sus respectivas fuerzas del sur del Líbano. Israel ha vuelto a atacar el Líbano, en tanto que Hezbolá ha realizado operaciones militares en el norte de Israel.
En otro frente militar, desde mediados de marzo Estados Unidos ha lanzado masivos ataques militares en contra de los hutíes, grupo chiita apoyado por Irán, que tiene el control de parte de Yemen. Estos ataques han sido como respuesta a las operaciones llevadas a cabo por el grupo en contra de barcos que pasan por el estratégico Mar Rojo, ataques que son en apoyo al movimiento Hamas en el contexto de la guerra en Gaza. El régimen iraní ha advertido tanto a Estados Unidos como a Israel, amenazando con una "respuesta devastadora", en caso de que continúen los ataques en Yemen.
También sigue abierto un frente de batalla en Siria, donde los alauitas, minoría religiosa conformada por alrededor de 10% de la población, a la que pertenece el expresidente sirio Bashar el Assad, han sido objeto de persecuciones y muerte por partidarios del nuevo régimen encabezado por el presidente interino, Ahmed el Sharaa. En un contexto de enfrentamientos sectarios en Siria, aparece nuevamente la amenaza del resurgimiento de ISIS, algo que también vale para Irak, donde la fragmentación étnica y religiosa es una característica central de este Estado.
La fragilidad del escenario regional y global se ve agravada por la ruptura de las treguas en Gaza y Líbano, así como por los conflictos persistentes en Medio Oriente. Estos eventos, sumados a la incertidumbre generada por las políticas de la administración Trump, contribuyen a una profunda crisis del multilateralismo, el derecho internacional y el sistema de las Naciones Unidas.
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