Niños inmigrantes, moneda de cambio para Trump

Marisol Aguila

Ultimos publicados:

• La contundente legitimidad de un cambio de modelo
• Históricamente abusados y ahora humillados
• El violador eres tú

La reunificación familiar es un derecho de las personas migrantes y refugiadas consagrado en diversos tratados internacionales de derechos humanos, que la política de “Tolerancia Cero” impulsada por Donald Trump ha vulnerado con la separación de menores de sus padres y su detención en jaulas que han impactado a la comunidad internacional, retrotrayendo a la memoria las peores escenas de guerra y conflicto que ha sufrido el mundo.

Es así como el artículo 44 de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos/as los/as Trabajadores/as Migratorios/as y de sus Familiares, insta a los Estados a proteger a la familia y facilitar la reunión de los trabajadores con sus cónyuges y con sus hijos solteros menores de edad que estén a su cargo.

Por su parte, la Convención de Derechos del Niño sostiene en su artículo 10 que es derecho de los niños y sus padres salir de cualquier país y entrar en el propio, con miras a la reunificación familiar o el mantenimiento de la relación entre unos y otros. Pero Trump, que basó su campaña electoral en un duro y populista discurso anti inmigración, seguramente ni se enteró de su existencia porque Estados Unidos es el único país del mundo que no ha ratificado dicho tratado. 

En medio de la crisis humanitaria que ha desatado su decisión de considerar delincuentes a quienes crucen ilegalmente la frontera, incluso si son solicitantes de asilo, Trump retiró a Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (formado por 47 países), al que  la embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, calificó como “un nido de motivaciones políticas, hipócrita y egoísta”, convirtiéndose en el primer país en abandonarlo de manera voluntaria.

La crisis humanitaria que tiene a 2.300 niños y niñas separados de sus padres mientras éstos son procesados, surgió luego del cambio de criterio anunciado en abril pasado por el Fiscal General Jeff Sessions. La nueva política de “Tolerancia Cero” contra la inmigración ilegal considera como delincuentes a los adultos que crucen irregularmente la frontera y sin los procedimientos correctos de asilo, y los procesa penalmente.

Dada la existencia del Acuerdo Flores de 1997, que prohíbe que los niños sean detenidos más de 20 días, el endurecimiento de la política migratoria de Trump abre la puerta a la separación familiar, porque los juicios migratorios pueden durar incluso años (hay 700 mil procesos pendientes en los tribunales).

En otras palabras, al presentarse cargos criminales federales contra los indocumentados que cruzan la frontera se enjuicia a los adultos, pero no a los niños, por lo que de facto se separa a las familias.

La administración de Obama no solía procesar a quienes entraban irregularmente por primera vez y mantenía a las familias unidas, priorizando procesos civiles y no penales, excepto en casos puntuales de tráfico de drogas o graves antecedentes penales.

Asimismo, impulsó el programa DACA, que suspendía temporalmente las deportaciones de jóvenes indocumentados, los llamados dreamers, que llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad, que su sucesor canceló.

Sin embargo, Trump ha intentado culpar al Congreso y a los demócratas por la crisis migratoria, aduciendo que no han aprobado una nueva legislación migratoria más restrictiva ni los millones de dólares que cuesta construir un muro en la frontera con México, que fue una de sus promesas de campaña.

En definitiva, Trump llevó la “Tolerancia Cero” al extremo de la separación familiar, convirtiendo a los niños en una moneda de cambio.

De hecho, el Jefe de Gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, había adelantado en marzo que usarían la separación familiar para disuadir la inmigración ilegal. Y el propio Fiscal General, Jeff Sessions, sugirió que se evitaría la separación de los niños a cambio de lo que esperan sea su nueva política inmigratoria, al afirmar que “si construimos un muro, pasamos algunas leyes, cerramos algunos vacíos legales, no nos enfrentaremos a estas decisiones terribles”.

Después de varias semanas con escasa información sobre los efectos prácticos del endurecimiento de la política migratoria en la separación familiar, los medios lograron entrar a las instalaciones de los centros de detención, donde pudieron confirmar que los menores se encontraban en jaulas y que en seis semanas desde el anunció del Fiscal Nacional, los niños separados de sus padres llegaban a los 2.300.

Como un boomerang, a Trump se le volvió en contra su decisión por el cuestionamiento que sufrió de la comunidad internacional (incluida su aliada Primera Ministra de Reino Unido, Teresa May) y de los propios republicanos.

Al punto de que se vio obligado a emitir una orden ejecutiva que  ordena localizar o construir instalaciones donde las familias permanezcan unidas y que los abogados del gobierno soliciten la modificación del Acuerdo Flores, que prohíbe al gobierno federal mantener a los niños en detención migratoria más de 20 días.  

Sin embargo, la política de Tolerancia Cero se mantiene y los funcionarios continuarán procesando penalmente a todas las personas que crucen las fronteras de manera ilegal.

Aunque Trump cedió en materia de reunificación familiar, no es claro que eche pie atrás en su política migratoria, sobre todo porque se aproximan elecciones legislativas y su electorado está a favor de restringir la inmigración.

Y porque recientemente la Corte Suprema le dio la razón, por cinco votos a favor y cuatro en contra, al ratificar la legalidad del veto migratorio que emitió Trump apenas a una semana del inicio de su mandato, con la orden ejecutiva titulada “Proteger a la nación de la entrada de los terroristas extranjeros a Estados Unidos”, que el máximo tribunal consideró que estaba justificada por razones de seguridad nacional en el ámbito de la migración.