Perú, 5 de abril y la importancia de la Memoria

Lucía Dammert

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24 años han pasado desde que Alberto Fujimori decidió la disolución del Congreso, la intervención del Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Ministerio Público.

Cinco días faltan para las elecciones presidenciales donde su hija Keiko, ex primera dama, se postula y podría ser la ganadora de la primera vuelta con el apoyo de un tercio de los votantes. Ambos momentos están íntimamente ligados y marcan el proceso político, la calidad de la democracia y los desafíos que enfrenta el Perú. Porque un pueblo sin memoria no puede escribir un futuro mejor.

Alberto Fujimori es muchas veces recordado por políticas económicas estabilizadoras y por terminar con la presencia de Sendero Luminoso pero hay otro lado que debe ser enfatizado.

La utilización de los servicios de inteligencia para hacer política, los abusos de derechos humanos, las esterilizaciones forzadas, la creación de escuadrones de la muerte, la corrupción galopante, el clientelismo como forma de hacer política, la compra de la línea editorial de los medios de comunicación, la destrucción de los partidos políticos, la jibarización del Congreso y la Justicia, la construcción de la agenda pública mediante sicosociales, son solo algunos elementos de lo que también vino después del 5 de Abril.

El gobierno de “Emergencia y Reconstrucción Nacional” instaló a Vladimiro Montesinos, hoy preso, como el ejecutor de una red mafiosa que controló el Estado en su totalidad y que penetró las raíces más profundas del  sistema político y empresarial vía la extorsión, la corrupción, la amenaza y la violencia.

Para más detalle están los llamados “vladivideos”, donde se ven a políticos y empresarios, nacionales y extranjeros, recibiendo miles de billetes a cambio de favores. Fujimori, que en el año 2000 renunció por fax y reconoció su ciudadanía japonesa, hoy purga condena de 25 años por delitos de lesa humanidad y corrupción.

Keiko Fujimori ha intentado desvincularse políticamente y separar su propuesta del legado de su padre. Ha afirmado que el indulto no está en su agenda. Se ha desligado discursivamente de muchos de los casos de violación de derechos humanos y corrupción cometidos por su padre, sus amigos y colaboradores. Se ha preparado intensamente por años para ser candidata presidencial porque sabe que los males que se instalaron en la política peruana el 5 de Abril de 1992 aún se mantienen.

Por eso propone que como antes se acabó con el terrorismo, ahora ella acabará con la delincuencia, en una demostración de poca seriedad en la definición de un problema que aqueja a la mayoría de los peruanos. El populismo en su máxima expresión. Nadie conoce sus redes de financiamiento, pero su jefe de campaña, Joaquín Ramírez, está siendo investigado por lavado de activos y uno de sus principales asesores acaba de aparecer en la lista de peruanos de los Panama Reports.

Y como en el gobierno de su padre, el clientelismo es pan de cada día. Tanto así, que el Jurado Nacional de Elecciones en una decisión controversial decidió  mantenerla  y retirar a su candidato a vicepresidente por otorgar regalos en actividades proselitistas.

El proceso electoral peruano es hoy una incógnita. El debate no ha estado centrado en propuestas sino en denuncias. Gane quien gane la elección presidencial se enfrentará a un Congreso dividido y fragmentado, a un país decepcionado de sus gobernantes y poco tolerante con los políticos. Con una institucionalidad debilitada y un Estado con poca capacidad para cambiar su propia precariedad.

Mucho de lo anterior es consecuencia  del camino que tomó el país a partir del 5 de Abril de 1992. Aquel momento y los principales problemas del Perú actual, están ligados por una línea clara, por el deterioro y la precariedad de la institucionalidad, del Estado, de la  política y de la propia sociedad. Pero también por la necesidad de avanzar por un rumbo diferente.