Tarjeta roja a banqueros, políticos y advenedizos

Tras superado el susto por el primer contagio de ébola fuera de África y que acabó con final feliz,  los españoles tienen  ahora otro motivo para manifestar inquietud, indignación, rabia  o  decepción.

La corrupción ha pasado de ser una ola gigante para transformarse en un tsunami que con furia incontrolable arrasa instituciones respetables, como la mismísima Casa Real, sacude los cimientos de partidos políticos que ayer  enarbolaban  exultantes banderas de honestidad y de transparencia  y arrastra por el fango a ex ministros, banqueros, alcaldes, empresarios y personajes de dudosa reputación, eso sí, bien trajeados y perfumados,  que no se perdían sarao para salir en la foto junto al líder de turno.

Los medios de comunicación revuelven archivos para ofrecer imágenes de los corruptos ahora  desenmascarados que lucen radiantes  junto a presidentes de Gobierno, dirigentes políticos  o altos cargos.

Hoy la crónica política de España pasa obligatoriamente por los tribunales de justicia.

El recuento de los casos de corrupción es abrumador. Por mucho que se empeñe el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en manifestar que no se trata de una situación generalizada. La opinión pública no comparte esa idea.

Las causas abiertas por corrupción ya superan las mil 700 que se contabilizaban el pasado mes de abril. El costo social por estas prácticas se calculaba entonces en 40 mil millones de euros.

Con los escándalos destapados en las últimas semanas, el número de juicios y las cantidades de dinero robado a las arcas públicas se incrementará.

Para muestra, la llamada operación Púnica que acaba de salir a la luz. Implica a ayuntamientos de Madrid y otras regiones de España. Se trata de una trama montada por alcaldes y empresarios para amañar licitaciones de obras públicas, elevar costos y repartir el dinero entre las partes involucradas.

Los detenidos superan el medio centenar y la suma malversada podría alcanzar a  mil millones de euros.

Como suele ocurrir en estos trapicheos entre políticos y empresarios, las ganancias, mejor dicho, lo robado era depositado en cuentas abiertas en paraísos fiscales. Precisamente fue un aviso del organismo fiscalizador de cuentas de Suiza el que puso en alerta a las autoridades españolas de los negocios sucios de alcaldes y empresarios.

De las seis autoridades locales detenidas, una pertenece al Partido Socialista y  cinco al Partido Popular.

Esta vez, los populares, en el Gobierno, no han podido ocultar su disgusto por el comportamiento poco digno de sus representantes. Algunos de ellos han pertenecido a la directiva del partido, por tanto, se trata de personas de máxima  confianza. Para evitar males mayores, han decidido borrarlos de las listas de la agrupación y no morderse la lengua a la hora de criticarles su mal proceder.

Los socialistas han hecho otro tanto con el edil que metió mano en la caja para lucrarse.

Al Partido Popular, los alcaldes descarriados le han hecho un flaco favor. Era lo último que  esperaban de ellos después de otros escándalos que han tenido que soportar.

Primero fue el  “caso GURTEL “, relacionado con una trama de sobornos y  adjudicaciones de obras que acabó con el encarcelamiento del ex gerente y tesorero del partido, José Luis Bárcenas.El proceso, que  pone en tela de juicio la procedencia y el uso dado al dinero que financia al partido, sigue abierto. La imputación en la causa del ex Ministro y secretario general popular, Miguel Acebes, ha originado todo tipo de conjeturas.

Como si fuera poco el descredito, un nuevo embrollo político-policial, bautizado como “tarjetas opacas”, ha dejado fuera de juego a  Rodrigo Rato, ex ministro en tiempos de José María Aznar y aspirante a mayores glorias.

Rato, que presidió  BANKIA, uno de los bancos rescatados de la crisis; Tomás Blesa, otro gran jefe de la entidad  y 82 consejeros utilizaron a destajo una tarjeta de crédito para gastos de representación. Entre estos últimos hay empresarios, parlamentarios, sindicalistas y civiles de todos los colores políticos.

Viajes de placer, safaris,  comidas en restaurantes de lujos, compras de joyas, vehículos de alta gama, muebles, ropa de marca, arreglos dentales, pago de peaje o saunas fueron cargados a esas tarjetas. Ocurrió cuando la crisis dejaba a miles de españoles sin trabajo y cuando se congelaban o rebajaban los salarios. Peor aún. El despilfarro se producía cuando  miles de millones de euros del erario público se destinaron a salvar a BANKIA de la quiebra.

La biografía de Tomás Blesa es ejemplar en cuanto a la doble moral de un banquero insaciable. Él fue promotor de un producto financiero tóxico- las preferentes- que esquilmó los ahorros de miles de personas.

Precisamente por este caso, Blesa  pasó unos días en la cárcel. El magistrado que se atrevió a ponerlo entre rejas fue apartado de la carrera judicial por prevaricación. Un hecho que tiene matices muy similares a lo acontecido con  el magistrado Baltasar  Garzón.

Afortunadamente, el juez que instruye el caso de las “tarjetas opacas” le pide 18 millones de euros de fianza para evitar la carcel.Blesa pidió que esa suma la desembolsara el seguro que  tenía cuando presidió la entidad bancaria. El magistrado dijo que nada de nada, que tiene que salir de su bolsillo.

Si se hiciera un gráfico del territorio español y se marcara en negro las zonas donde se han registrado comportamientos corruptos y en blanco las que se han librado de esa plaga,  podría asemejarse a la piel de un dálmata.

A  los casos mencionados puedo añadir: Negocios ilegales del cuñado de Felipe VI, Iñaki Urdangarín, Comisiones ilegales en Cataluña por obras públicas – Caso Palau- y negocios bajo sospecha de Jordi Pujol, ex presidente de la Generalitat y su familia.

Fraude masivo de ayudas económicas- ERE- en Andalucía, con directa implicación de socialistas.Hay 227 imputados desde políticos, dirigentes sindicales, funcionarios y empresarios.

Caso Pokemon. Amaño de contratos de gobiernos locales con empresarios en Galicia.

Sobornos y malversación en Baleares, que involucra a Jaume Matas, ex ministro del gobierno de José María Aznar.

Referirse a la comunidad de Valencia equivaldría a penetrar en una maraña de despilfarro sin ton ni son. Enumerar las corruptelas sería cuento de nunca acabar.

En esta larga lista de malversaciones, cohechos, blanqueos de dinero y fraudes también se incluyen personajes que están fuera de la política. Caso de la cantante Isabel Pantoja, a punto de ir a la cárcel e imputada por colaborar con un ex alcalde de Marbella que participó en una trama de corrupción conocida como Operación Malaya.

Y en este baile de miles de millones de euros esquilmados al erario público aparece el nombre de Francisco Nicolás. Un estudiante de 20 años, sin profesión, que ya a los catorce años se introdujo en los mentideros del Partido Popular, que se paseó por mítines, congresos, reuniones de alto nivel, dejando constancia gráfica de su ascenso meteórico por las altas esferas del poder. Incluso fue invitado, sin que se conozcan  los motivos ni por quién, al besamanos del nuevo rey de España, Felipe VI.

Cuando se ha descubierto que Francisco Nicolás  utilizó coches oficiales, con escoltas, por media España , que decía pertenecer a los servicios secretos y que llegó a cobrar miles de euros a un empresario para facilitarle contactos para sus negocios, hasta los más próximos han puesto cara de asombro y aseguran no conocerle. Ni tampoco saber los motivos por los que compartía mesa y mantel con José María Aznar y otros altos cargos políticos.

Un misterio por resolver pero que hunde sus raíces en la picaresca zafia y ruin de estos ladrones de guante blanco que han puesto patas arriba a la democracia española.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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