Por sí y ante sí, como lo ha venido haciendo desde que asumió el poder, el presidente norteamericano decidió atacar a Venezuela y en una operación que él mismo describe como "quirúrgica, impecable e histórica" secuestró al dictador Maduro y a su esposa. En una conferencia de prensa posterior, junto con homenajear el profesionalismo de sus fuerzas armadas, ha señalado que él con su equipo de gobierno administrarán Venezuela hasta que se pueda realizar una transición segura.
Para ello, ha señalado su disposición a entenderse con el equipo del gobierno de facto instalado por Maduro -en la medida que acepten sus exigencias- y ha descalificado a los líderes de la oposición -Machado y González- que en un primer manifiesto señalaron que "éste era el inicio del camino a la libertad", camino que, por supuesto, estaban preparados para liderar cuanto antes y creían que les correspondería. Del mismo modo, en un anuncio que no sorprende a nadie, ha señalado que las empresas norteamericanas se harán cargo de "poner en marcha nuevamente la industria petrolera existente en Venezuela" y recuperarán "lo que les fue robado", cuestión que al parecer los gobiernos norteamericanos anteriores fueron incapaces de hacer.
Trump continúa desarrollando así su programa de gobierno que más parece su "plan de negocios": infraestructura de primer nivel para el turismo en Gaza ya arrasada y manejo absoluto de la industria petrolera en Venezuela. Está claro que al contrario de lo que señalan el propio Trump y sus personeros, la suerte del pueblo venezolano y el respeto a sus derechos de autodeterminación y recuperación democrática, no importan para nada y a nadie.
¡Estupefacto el resto del mundo asiste a esta agresión y ocupación militar de un país latinoamericano, sin declaración de guerra previa, sin el consentimiento del congreso norteamericano, sin base jurídica alguna y violatoria de la propia constitución norteamericana según lo denuncia públicamente el New York Times!
De hecho, esta operación -aun cuando no en sus detalles- se veía venir después de que, durante los últimos meses, Trump había desplegado una fuerza militar de gran escala en el Caribe -un portaaviones, al menos siete buques de guerra, decenas de aviones y unos 15 mil soldados- que ya estaba siendo utilizada para ataques ilegales contra pequeñas embarcaciones que la Casa Blanca vinculaba al narcotráfico y que ya había cobrado un centenar de vidas humanas, crímenes cometidos al margen del derecho internacional.
Como señala el citado medio de comunicación norteamericano, la supuesta justificación de esta operación estaría en la Estrategia de Seguridad Nacional de Trump, que reivindica el derecho de Estados Unidos a dominar América Latina, reactivando la Doctrina Monroe para "restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental". Bajo el llamado "Corolario Trump", el gobierno prometió redesplegar fuerzas en la región, usar fuerza letal contra migrantes y narcotraficantes y aumentar la presencia militar estadounidense.
Nada de lo dicho, puede entenderse como una defensa del actual gobierno de facto de Venezuela que, desde las elecciones presidenciales de 2024, junto con acentuar su carácter dictatorial ha perdido toda legitimidad.
Tenemos que preguntarnos si el futuro de la democracia y de los derechos humanos en América Latina será tutelado por EE.UU., y si la voluntad de este nuevo "imperio" que sueña Trump le permitirá operaciones similares en cualquiera de nuestros países.
Respecto de la nacionalización del petróleo en Venezuela es conveniente recordar que se llevó a cabo el 1 de enero de 1976, durante el gobierno democrático de Carlos Andrés Pérez, cuando Hugo Chávez todavía no aparecía en el horizonte. El Estado venezolano pagó una indemnización a las compañías petroleras extranjeras. Algunas que recibieron indemnización fueron ExxonMobil, ConocoPhillips, Royal Dutch Shell y Chevron.
Es efectivo que Hugo Chávez cambió la normativa de la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA) creada en 1976 y que, a partir de 1999, experimentó una transformación estructural, pasando de ser una corporación con autonomía técnica a convertirse en el eje central de la política social y económica del Estado; y que en 2007 lideró un proceso de estatización de los proyectos operados por transnacionales en la Faja Petrolífera del Orinoco, obligándolas a aceptar asociaciones donde PDVSA tuviera la mayoría accionaria (mínimo 60%) lo que generó litigios internacionales.
¡Hoy día el gigante norteamericano, conducido por su nuevo emperador, parece haber recuperado la memoria!
Los chilenos que aplauden a Trump deben recordar que durante el gobierno de Frei Montalva se llevó a cabo la "chilenización" del cobre, en que Chile compró a las empresas norteamericanas "participaciones mayoritarias" del 51% dando lugar, posteriormente, a la "nacionalización pactada" en 1969 y al proceso definitivo de "nacionalización" en 1971, bajo el gobierno de Salvador Allende, con el respaldo unánime del Congreso Nacional. Aunque utilizando el concepto de "utilidades excesivas" el gobierno intentó "nacionalizar a costo cero", finalmente en 1974 el gobierno chileno terminó pagando a 5 compañías norteamericanas un total de US$ 377,2 millones entre indemnizaciones y pagos pendientes.
No sea cosa que, al gigante del norte se le ocurra que en Chile se cometieron robos contra las grandes empresas norteamericanas que explotaban el cobre y genere las condiciones para que esas empresas, o sus sucesoras, vengan a instalarse para administrar este recurso estratégico, especialmente considerando el rol que en el desarrollo del litio ha adquirido Codelco. Más aún, habría que preguntarles a esos chilenos, en general ligados al recuerdo y a la idolatría del dictador Augusto Pinochet, cual habría sido su reacción y cual sería su relato si en los '80 EE.UU. hubiera realizado una operación militar "quirúrgica, impecable e histórica" -de iguales características a la realizada en Venezuela- y hubiera secuestrado al general Pinochet y esposa para juzgarlos en territorio norteamericano por sus violaciones a los derechos humanos.
Por lo mismo, resulta vergonzante la declaración del Presidente electo sobre los acontecimientos que comentamos.
Más que ponderar los verdaderos motivos de la acción de Trump y honrar los atributos de una política internacional de estado que ha destacado a Chile en el concierto internacional durante los gobiernos democráticos, ha preferido optar por la visión ideológica de la internacional de la extrema derecha y saludar a su líder. Así señala, que "la detención de Nicolás Maduro es una gran noticia para la región" cuando debió decir "el secuestro" de Maduro y esposa. Como ha sostenido la mayoría de los expertos internacionales, EE.UU. no tiene autoridad para haber desarrollado esta operación ni menos practicar "una detención".
Pero, aparte de haberse hecho rápidamente eco de los argumentos de Trump, de manera increíble agrega al terminar su declaración: "La democracia se defiende con convicción, coordinación y con el respeto irrestricto al Derecho Internacional". Exactamente, lo que él no hace con su declaración.
Tolerar que la fuerza reemplace al derecho internacional, cuando lo hacen los amigos, constituye una pequeñez increíble en un líder que, a partir de marzo 2026, ejercerá la primera magistratura de la nación. Los demócratas cristianos debemos enfatizar la necesidad de que los organismos multilaterales cumplan su rol y que las ocupaciones de fuerza por parte de cualquier potencia para arrasar la soberanía y el derecho a la autodeterminación de los estados no pueden ser aceptadas.
Sabiendo el derecho a veto que se ejerce en el Consejo de Seguridad de la ONU, entre otros por parte de EE.UU., lo que seguramente espera le garantice impunidad, instamos al secretario general de la ONU a llevar la situación actual, que denunciamos, a la Asamblea General y que sea el conjunto de los estados miembros el que se pronuncie.
Es allí, además, donde debiera definirse el camino para que el pueblo venezolano recupere su derecho a la autodeterminación y la definición de su camino democrático acompañado, eso sí, por la experticia y el apoyo de los organismos multilaterales pertinentes garantizando efectivamente el término de la dictadura.
Si Trump continúa con este atropello al derecho internacional -actuando en nuestra América Latina y el Caribe como si fuéramos "el patio trasero" de su casa- y cree que está avanzando hacia el premio Nóbel de la Paz, nos parece que estará más cerca de la Corte Internacional de La Haya para ser encauzado junto a Netanyahu y Putin (por las guerras de exterminio en Gaza y Ucrania) y a Maduro (por los crímenes de la dictadura venezolana).
Para nosotros demócratas cristianos, enfatizar el rol de un organismo multilateral como la ONU para preservar la paz en el mundo y favorecer un desarrollo más humano que alcance a todas las regiones del mundo y sus habitantes -en el marco del derecho internacional- es una manera de honrar el trabajo señero de Jacques Maritain, para hacer posible la Declaración de Derechos Humanos de 1948.
Su objetivo fue mostrar que, aunque la humanidad se encontraba dividida sobre la base de desacuerdos intelectuales, era posible la cooperación práctica. Una cooperación que no implicaba compartir una misma concepción del mundo, el hombre y el conocimiento, sino tan sólo la afirmación de un mismo cuadro de convicciones prácticas, el cuadro moral del mundo civilizado. Más allá de los intereses de corto plazo o de las conveniencias políticas coyunturales, nuestro deber sigue siendo apostar por el respeto irrestricto al derecho internacional y denunciar cada acción que lo vulnere, como en este caso.
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