Venezuela, no podemos seguir callados

La reciente deportación de un periodista chileno que cubría las colas para la compra de productos básicos en la capital venezolana, con un relato que incluye la obligación de fuerzas policiales fuertemente armadas de borrar las imágenes grabadas y un confuso, intimidante e irregular proceso de deportación, alerta sobre la situación de derechos humanos en el país petrolero y de cómo un régimen elegido democráticamente está priorizando medidas para auto reforzarse y auto perpetuarse en el poder más que en el bienestar de sus ciudadanos.

Indigna el contraste entre lo fuertemente armados y numerosos de los agentes que, confiando en el relato del periodista de Canal 13, se abocaron a detener un supuesto “espionaje” actuando en menos de 5 minutos, y el terror que viven los habitantes de la ciudad más insegura del mundo, que rompe todos los récords en secuestros y homicidios, en cuyas mismas filas para comprar  han muerto ciudadanos que están 3 y hasta 5 horas parados (y debiendo ausentarse de sus trabajos) y reclaman porque otro, amparado por mafias, se les adelantó.

El reciente lanzamiento del “Carnet de la Patria” que en teoría es un instrumento unificado para la asignación de beneficios sociales y compras en almacenes del Estado (como nuestra extinta Ficha de Protección Social), está siendo usado como herramienta de control político.

La inclusión de preguntas sobre pensamiento político y opinión sobre el gobierno no solo tienen el terrible efecto de extorsionar por hambre, si no que también buscan sembrar confusión entre los mismos ciudadanos que al ver el falso apoyo a Maduro de muchos de sus compatriotas, callen sus opiniones propias pensando que son minoritarias, entrando en lo que la literatura llama una Espiral del Silencio. 

Estas son las medidas clásicas con las que se inauguran los regímenes totalitarios, cuando ya no son capaces de obtener el apoyo de su pueblo de manera legítima, y sólo les queda imponer el miedo y el hambre, los más primitivos catalizadores de la acción humana para, ahora sin máscaras, ejercer el látigo sobre quienes le dieron el poder.

Es curioso que hace algunos días el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza se haya opuesto tenazmente a la propuesta de Joaquín Lavín de quitar los beneficios sociales a la población con antecedentes de tráfico de drogas, aduciendo que “vulnera el Estado de derecho” y “es inconstitucional”, mientras el gobierno que él apoya no excluye personas de derechos y beneficios sociales por su actuar criminal, si no por su pensamiento.

¿Cómo reaccionaríamos en Chile si hubieran deportado, todos los días, bajo acusación de “espionaje” a los periodistas extranjeros de cubrían las protestas estudiantiles del 2011 contra Piñera, o si en la encuesta de la Ficha de Protección Social, el CENSO, el FUAS o el Registro Social de Hogares les preguntáramos su adhesión política y opinión del gobierno? Esto no lo sé ni por interesados medios de prensa internacionales, ni por militantes de partidos políticos venezolanos, chilenos u otros extranjeros, ni por los (todavía) acomodados venezolanos que viven en country clubs. Lo sé por el testimonio directo de venezolanos comunes y corrientes que lidian todos los días con la escasez y la inseguridad, que viven en las precarias y apiñadas casas de los cerros del suroeste de Caracas, que ven ya no con alarma si no con resignación el acelerado empobrecimiento que los tiene ganando un sueldo mínimo que es una décima parte del chileno y que en términos reales continúa bajando.

Mientras tanto, el régimen de Maduro prefiere invertir en asuntos que en la actual situación de ese país sólo servirían para avalar su propia imagen, como desarrollar tecnología para aumentar el rendimiento de sus atletas, pero no en tener un sistema de agua potable moderno que recientemente tuvo cerca de dos semanas con suministro cero o intermitente de agua potable a Caracas por la rotura de un ducto (y acá, nosotros quejándonos contra el modelo porque Aguas Andinas tras un aluvión dejó un día sin agua a los capitalinos)

Tanto el gobierno chileno como nuestros ciudadanos, ONG’s y medios de comunicación, tenemos el deber de denunciar y presionar para que un país hermano de nuestro continente no continúe en su espiral represiva, evitar que esta Venezuela que acá tanto se ha comparado con Allende-1973, se convierta en una Venezuela a lo Pinochet-1973.

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Edición
Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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