Combatir la desigualdad en la justicia con acciones reales
Se mantiene una percepción de injusticia y desigualdad en el sistema judicial, y esto provoca que el derecho se perciba como algo distante para las personas, con un acceso asegurado solo para unos pocos profesionales. Según la encuesta Data Influye, 83% de los chilenos cree que no somos iguales ante la ley, siendo la situación socioeconómica de las personas la principal razón, especialmente quienes poseen un menor nivel educacional.
En el mismo sentido, nuestra encuesta realizada reveló la percepción de nuestros colegiados de una profunda crisis ética en la profesión, destacando que la red de contactos es vista como el factor más importante para el éxito profesional. Todo esto refleja una disociación entre la élite y la comunidad, generando desconfianza en el sistema en su conjunto, lo cual se ha intensificado en las últimas semanas a raíz del caso Hermosilla.
Esto nos duele a quienes ejercemos la abogacía, ya que ingresamos a esta profesión motivados por la vocación de adquirir herramientas para promover la justicia en nuestra sociedad. Como Colegio de Abogados tenemos un rol fundamental en restablecer la confianza entre la ciudadanía y la justicia. Para ello, hemos tomado diversas iniciativas encaminadas en esa dirección.
En primer lugar, nos hemos involucrado activamente en el proyecto que crea un nuevo Servicio de Acceso a la Justicia, como una forma de colaborar en la prestación gratuita y de calidad para las personas más vulnerables. Este proyecto también crea una Defensoría de las Víctimas con acceso único a la asesoría y representación jurídica para quienes han sido víctimas de un delito. Otra iniciativa que impulsamos es otorgar espacios de reflexión con abogados recién titulados y estudiantes de derecho, con el objetivo de reforzar la importancia del deber ético en nuestro ejercicio y fortalecer el rol social que tenemos como profesionales del derecho en el acceso justo y digno a la justicia.
Además, hemos apoyado iniciativas para reformar el sistema de nombramientos judiciales, y de conservadores y notarios, buscando un proceso más transparente y basado en el mérito de las y los postulantes.
Por último, quiero destacar que estamos impulsando una reforma constitucional para consagrar la Jurisdicción Universal Ética. Esta modificación permitiría a los tribunales de ética de los colegios profesionales investigar y juzgar tanto a los profesionales colegiados como a los que no lo son. Actualmente, quienes no están afiliados a un colegio solo pueden ser responsabilizados éticamente en tribunales civiles, lo que retrasa el juzgamiento de un caso. Además, la ley requiere un informe pericial para acreditar una infracción, lo que encarece las denuncias en estos tribunales. La jurisdicción universal no solo aborda esto, sino que también busca establecer sanciones drásticas para los colegas que han infringido gravemente sus deberes éticos, lo cual podría incluir la cancelación del título profesional.
Pero si debemos hacernos cargo de algo, solo seremos capaces de solicitar la jurisdicción universal si nos hacemos responsables de la investigación ética abierta por el caso Audios y seguida contra el abogado Luis Hermosilla. Si bien la primera investigación fue suspendida por los hechos en los cuales fue formalizado, la segunda investigación fue abierta en el mes de abril, habiendo transcurrido seis meses de iniciada, pese a que han trascendido antecedentes suficientes para proceder a una sanción.
Es importante asumir la responsabilidad, mirarnos con autocrítica y corregir el rumbo hacia una solución real que devuelva la confianza de las personas en una justicia accesible e igualitaria para toda la sociedad. Sabemos que nuestro sistema es un reflejo de los problemas sociales existentes en nuestro país. La desigualdad y el abuso siguen presentes, y es nuestro deber combatirlos desde nuestra profesión.
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