Deshonra militar
Una ola recorre todas las instituciones castrenses, las fuerzas armadas chilenas, comprometidas en delitos de corrupción, uso y abuso de los gastos reservados, que tienen como finalidad exclusiva y excluyente cubrir las actividades propias de la seguridad nacional.
Estos valientes soldados, que llegaron a ocupar el máximo y más honroso cargo en su carrera militar, hoy por sus conductas reñidas con la ley, están siendo juzgados por los tribunales, para deshonra de sus camaradas de armas, que confiaron en sus liderazgos.
Rommy Rutherford, la ministra de la Corte Marcial quien sin mayor parafernalia publicitaria y con un profesionalismo impecable ha sabido llevar adelante las investigaciones, en el estricto marco de la jurisprudencia vigente, aunque el TC, intente poner barreras a su cometido, sus resoluciones son a toda prueba.
La tarea no le ha sido fácil, por el contrario los obstáculos dentro y fuera del ejército, especialmente en las esferas superiores se hicieron patente, la complicidad del mando en la oficialidad tiene raíces profundas, las mismas utilizadas para ocultar hasta hoy día, las violaciones a los derechos humanos.
El general Juan Miguel Fuente-Alba, procesado, por malversación de caudales públicos, sobre $3.500 millones, encarcelado en el recito militar de Peñalolén, su esposa Anita Pinochet cómplice, participaba en los mismos sucios manejos de dineros fiscales, destinados para el reguardo de la Nación.
El general Humberto Oviedo la misma figura delictiva, pero el monto muy superior $ 4.500 millones, quien reiteradamente se negaba a declarar ante la jueza, incluso apelando al Tribunal Constitucional, para escaparse de la investigación, fue enviado a prisión preventiva al batallón de policía militar en Peñalolén, un lugar de privilegio para los militares.
El general Juan Emilio Cheyre, condenado por su participación en la “Caravana de la Muerte” el oficial hipócrita que intentó engañar al país con su lema “el nunca más” será el siguiente por las mismas causas que los otros, delito reiterado de malversación de caudales públicos y lavado de dinero, en el ejercio de su alto cargo.
Augusto Pinochet Ugarte, fue el profesor de las malas prácticas, quien acostumbró a sus subalternos a usufrutuar los dineros del Estado de Chile, dejó esta maldita herencia de corrupción institucionalizada, particularmente cuando nada, ni nadie se oponía a sus designios, y quien desobedeciera era brutalmente castigado.
Más de un millón de dólares costó al país el viaje a España para rendir culto a otro fallecido dictador Francisco Franco, con viáticos para su señora, hijos y la numerosa comitiva de acompañantes, de servicio y de seguridad.
Los Pinocheques pagados a su hijo primogénito fue otro escándalo mayúsculo que corrobora el enriquecimiento ilícito de todo dictador. Su detención en Londres permitió entre otras investigaciones descubrir las diferentes cuentas bancarias, que poseía en el extranjero, con el dinero de todos los chilenos y chilenas.
El mal ejemplo había que seguirlo al pie de la letra. Con los fondos reservados de la ley del cobre, la Comandancia en Jefe del Ejército tenía suculentos recursos para sus gastos personales y familiares, suficientes para darse lujos de mayor cuantía sin rendir cuentas a ningún órgano contralor.
25 mil socios uniformados se enfrentan hoy a un “corralito militar”, si pretenden retirar sus fondos de ahorro para la anhelada vivienda, manejados por la alta jefatura militar (JAVE). Otro lunar negro que estalla por mal manejo financiero y cero control.
La Cutufa del ejército, explota en medios de todos estos escándalos, estafando a los soldados a pie, esperanzados en su casa propia. Son más de 104 mil millones de pesos que están en juego.
Como si fuera poco el Ejército, gasta 1.200 millones de pesos anuales en millonarios sueldos a capellanes y vicarios castrenses, para impartir la fe, en la tropa, cantidad que no se condice con los salarios de la media trabajadora.
Los procesamientos no solamente deben caer en aquellos generales superiores, comprometidos en los fraudes, además se debe perseguir con todo el peso de la ley, a los responsables políticos, jurídicos y administrativos que hicieron vista gorda de las malversaciones, ex ministros y ex sub secretarios de Defensa que por acción u omisión, callaron o simplemente son cómplices.
“Un país no puede tener un ejército en que la ciudadanía empiece a perder la confianza”, declaró el actual Ministro del ramo, lamentablemente eso que le llama “confianza” la ciudadanía la perdió el 11 de septiembre de 1973, cuando el general golpista, con sus adláteres bombardeó La Moneda, destruyendo la democracia.
¿Será por esto que eliminar la historia como ramo permanente en los 3 y 4 medios, permitirá que no se conozca la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, por muy dura y cruel que esta sea?
¡Que la tumba será de los libres,
O el asilo contra la opresión!
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