El Sename y los Pilatos contemporáneos

El candado se cierra y las puertas se transforman en rejas infranqueables. No hay espacio para la denuncia, el auxilio o el consuelo. Son tímidas las voces que reclaman entre murmullos, pues son niños las víctimas, menores vulnerables. El encierro es el principal cómplice de una sumatoria que involucra a muchos, incluso a quienes desde su oficina, pretenden invisibilizar las denuncias.

Desde que conocimos algunas de las conclusiones de la investigación realizada por el Poder Judicial y la Unicef sobre cómo viven los 15.000 niños supuestamente protegidos por el Estado, la marea de denuncias no ha cesado.

Pusimos de inmediato los antecedentes en la Fiscalía Nacional, nombrándose un fiscal especial y un equipo de expertos que tienen la misión de investigar los posibles delitos cometidos en contra de menores.

Sumemos la vulneración de sus derechos y una serie de aristas que hemos descubierto en el camino, incluyendo el verdadero secuestro de menores, por parte del Estado, a padres con dificultades económicas cuyo calvario es indescriptible.

Y sólo para nombrar parte de las conclusiones, en las Aldeas Infantiles SOS, institución que fue examinada a fondo por la comisión, “un 10% de todos los niños y niñas bajo el cuidado de esa institución participó de algún tipo de abuso sexual como víctima o agresor”, concluye el informe. Se precisa que 86 niños han sido víctimas y que otros 28 han sido identificados como abusadores.

Pero todavía hay quienes pretenden lavarse las manos, todavía hay quienes se escudan en críticas estadísticas en lugar de reconocer el fracaso de un sistema que pensado para proteger a los más desvalidos, los hiere día a día, los separa de sus familias y pretende borrarles la memoria a punta de castigos.

Así son los Pilatos del Chile contemporáneo que se agotan en la metodología, persiguen a la jueza Jeldres, le abren cuaderno investigativo por una ficha de prueba que hasta un neófito sabría distinguir, desacreditando a los investigadores y optando por encerrar más y más niños.

Los casos que hemos recibido sólo nos ratifican que la comisión Jeldres tenía razón, que es inaceptable que alguien o algunos hayan tratado de frenar la difusión del informe. Cuando un país fracasa en una materia tan sensible como ésta, lo único aceptable es reconocer el fracaso y enmendar el rumbo. Pero, para que ello ocurra, debe instalarse la verdad, con absoluta transparencia.

Lo anterior, porque el abuso sexual en los niños es la forma más extrema de violencia ejercida contra ellos; es el peor de los abusos. Pero así también lo son el castigo, la separación de sus familias, la indolencia y la ausencia de protección.

La política de puertas cerradas no tiene espacio cuando se trata de menores en riesgo social.No hay permiso, entonces, para dedicarse a buscar justificaciones. La valentía se premia, y quien diga la verdad por lo menos tendrá el reconocimiento de quienes sí quieren cambiar el rumbo de la historia de los menores vulnerables en Chile.

Desde la Cámara de Diputados seguimos fiscalizando y sabemos que el Ministerio Público sigue investigando. Las conclusiones no estarán lejos de lo que ya sabemos y, obviamente, ya nadie podrá esquivar esta vergonzosa realidad o pretender que con dos o tres anuncios parafernálicos se acaba el problema.

No basta con cerrar dos o tres centros, no basta con formalizar a quienes abusaron o seguir entregando niños en adopción, con argumentos, a ratos bastante dudosos.

Este es un tema que requiere cirugía mayor, y que sin duda pondremos sobre la mesa en esta etapa electoral, pues se trata de una gran reforma y una que puede cambiar el futuro, liberando a miles de niños de un sistema que sólo los castiga y que, en definitiva, constituye una bomba de tiempo.