Cuando la hermana Nelly Reyes dijo al Papa en su visita a la cárcel de mujeres, “lamentablemente en Chile se encarcela la pobreza”, me tocó muy profundamente. Retumbó en mi conciencia. Me di cuenta que es una realidad que todos conocemos, pero procuramos relegarlo al olvido para no vivir en permanente conflicto con nuestros principios.
Hemos visto en estos últimos años grandes colusiones, fraudes al fisco a través de boletas y facturas ideológicamente falsas, cohechos, coimas y fraudes realizodas por miembros del sector más alto de la sociedad y muy pocos o casi nadie termina en la cárcel. Y si todos los resguardos fallan, incluso en los casos más graves, son siempre remitidas, jamás penas de cárcel efectivas.
El periodista Daniel Matamala en Ciper hace algunos días señalaba, “es cierto que desde el principio tenían todo a su favor. Las leyes, redactadas por la propia élite, estaban hechas a su medida. Algunos casos de corrupción, como la colusión, ni siquiera se consideraban delito. Otros, como los delitos electorales, tenían plazos de prescripción ridículos. La evasión tributaria estaba resguardada por un candado que impedía perseguirla si la autoridad política, a través del Servicio de Impuestos Internos (SII), lo impedía”.
En definitiva, todo está arreglado para no tocar a las elites sociales que parece que manejaran el país como una propiedad más suya. Grupos de poder que se autoprotegen y que además tienen acceso a los mejores abogados del país que por su costo la mayoría de la sociedad no puede acceder.
Lamentablemente parecen retrotraernos a la famosa “lucha de clases” en una versión siglo XXI.
Matamala agrega en el mismo artículo, “los dueños y ejecutivos de las empresas involucradas se pasean por sus clubes y restoranes de siempre. SQM firma nuevos contratos con el Estado. Penta pone a su presidente a la cabeza de los empresarios en la CPC. Y aquí, como en la película, no ha pasado nada”.
Pero si ayer podían pasar inadvertido, hoy ya nada se puede encubrir gracias a Internet y las redes sociales y eso es lo que se comienza a constatar en la sociedad.
El Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales realizó un estudio el 2016 para evaluar la justicia por parte de la sociedad. Una de las preguntas contenía una afirmación con la que se quería conocer el nivel de acuerdo. “Existen grupos privilegiados que reciben beneficios judiciales ya sea por su apellido o status social” el 95% de los entrevistados está de acuerdo y muy de acuerdo. Ello significa que casi la totalidad del país reconoce que tenemos una justicia clasista.
En la misma encuesta se evalúa el nivel de confianza en los tribunales en una relación de 1 a 7, el promedio fue de 3,9. Por su parte en el último estudio Bicentenario UC-Adimark (2017) solo el 6% cree en los tribunales de justicia. Resultado muy coherente con la encuesta antes señalada.
Esta es una cruda y dura realidad. En Chile paga más el que se roba una gallina que el que estafa por millones de pesos. Cuando hay una justicia no igualitaria para todos, termina siendo injusticia y se transforman en una argumentación para los que delinquen por poca monta y que muchas veces escuchamos. “¡Cuantos ricos roban mucho más que yo y no pagan ni por curado!”
Una situación de estos últimos días viene a evidenciar nítidamente esta realidad. Es la suspensión condicional de la causa por cohecho contra Soquimich en la que está involucrado el ex ministro de Economía Pablo Longueira.
Una grave situación en la que un ministro de Estado recibe dineros de una empresa mientras está en ejercicio de su función, disfrazado en recursos para fundaciones que le pertenecen. El propio Consejo de Estado ha cuestionado duramente esta decisión del Ministerio Público y por ello apelará a la resolución. ¡Sinceramente vergonzoso!
Esta grave situación obliga a todos los chilenos a rebelarnos y buscar caminos de justicia real para todos. Vivir en esta realidad es un polvorín a punto de reventar y ya no es sostenible.
La visita del Papa Francisco permitió desnudar esta realidad que retumbó en nuestra conciencia: en Chile se encarcela la pobreza. Esto se agrava aún más con las condiciones carcelarias y la escasa o nula rehabilitación, que naturalmente afecta a los más pobres del país que son los que ocupan esos espacios.
“Ser privado de libertad, no es lo mismo que estar privado de dignidad. Nadie puede ser privado de la dignidad", señaló el Papa y planteó un gran desafío a la sociedad.
“La seguridad pública no hay que reducirla sólo a medidas de mayor control sino, y sobre todo, edificarla con medidas de prevención, con trabajo, educación y mayor comunidad" .
¡Chile tiene que levantarse contra esta iniquidad, por ser una tremenda injusticia para nuestro tiempo!
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