Fiscalía penal, ¿persecución del delito o trampolín político?

Los asuntos judiciales en lo penal son casi siempre remotos para quienes no los soportan directamente porque no sufren sus efectos. Pues me pasó desgraciadamente a mí, durante un viaje de vuelta a Santiago por la ruta 68 (camino de Valparaíso) con fecha 23 de marzo de 2015, a las 16.00 hrs.

En la ocasión, paramos muy relajados en el buen restaurante de Curacaví, Agua de Piedra.Allí almorzamos digna y copiosamente durante una hora, como corresponde a empleados de confianza que no comen en picadas o en chincheles ordinarios.

Al terminar y luego del café de grano muy aromático, nos levantamos para dirigirnos a nuestra camioneta, situada en el estacionamiento ubicado a unos 25 escasos metros de la entrada del restaurante.

El vidrio de la puerta trasera derecha estaba roto y para nuestro asombro habían desaparecido nuestro instrumento topográfico moderno, equipado con laser y un computador portátil, además de cajas de herramientas, todo avaluado por un total de cinco millones de pesos.

Devastador trance que nos hizo abominar de la buena mesa del lugar

El personal del restaurante fue muy gentil y nos informaron que había dos cámaras que con certeza habían filmado la ocurrencia del hecho. Además, llamaron a carabineros de la carretera quienes en 15 minutos ya estuvieron en el lugar y redactaron con rapidez el procedimiento.

Nos informaron, sin embargo, que una vez hecha la denuncia, la investigación del ilícito correspondía a la Fiscalía, la cual podía optar discrecionalmente por carabineros o por la PDI conforme al Procedimiento Penal vigente.

En el intertanto, la supervisora del restaurant, una dama argentina muy educada nos entregó las grabaciones, en total dos videos que reservamos para su entrega a la Fiscalía de Curacaví.

Luego y con fecha 27 de marzo, la funcionaria de la Fiscalía de Curacaví, Srta. Orellana nos recibió en su oficina, donde reiteramos nuestra declaración del hurto acontecido el 23 de septiembre.

En la ocasión, adjuntamos los dos videos generados por las cámaras del restaurant Agua de Piedra, donde se muestran claramente el momento del robo, el rostro descubierto del delincuente y su automóvil, con el cual se retira pausadamente del lugar.

Una vez entregados dichos videos a la Fiscalía, procedí a firmar la declaración para retirarme después a Santiago.

Con fecha 13 de abril, fui citado por Carabineros de Curacaví, donde y en presencia de dos funcionarios de civil, repetí mis declaraciones realizadas ante Fiscalía el 27 de marzo de 2015.

Durante mi declaración, el funcionario me requirió de algún antecedente o prueba que yo pudiera agregar al expediente.

Extrañado, le informé que, durante mi primer requerimiento ante la Fiscalía de Curacaví, había agregado los dos videos que relataban exactamente el momento de los hechos y mostraban sin la menor duda, al autor del ilícito.

El carabinero que me tomó la declaración me informó que dichas grabaciones no le habían sido transferidas con el expediente y si las tenía aún para completarlo. Se las entregué.

Preferí tragarme mi sorpresa, pues siempre pensé que el nuevo procedimiento penal garantizaba cierta celeridad, noción de la oportunidad y eficacia en la persecución de los delitos comunes.

Pues los ciudadanos del estado llano, no requerimos en estricto rigor que se resuelva el delito, se procese de inmediato al antisocial y se nos devuelvan con urgencia nuestras valiosas pertenencias.

No, por cierto.

Requerimos sí, que la Fiscalía actúe en forma diligente y oportunamente coordinada con las policías. Es un mandato legal manifiesto. Su contravención significa para un servidor, un notable abandono de deberes.

Y me refiero, en el caso que me afecta, a lo ocurrido con la Fiscalía de Curacaví, pues debo dejar constancia que carabineros, desde el mismo momento de la comisión del delito, nos apoyaron profesionalmente, cumpliendo, como es habitual en esta fuerza pública, con el mandato de la ley y con lo que espera la ciudadanía.

Creo categóricamente que en este caso, no se ha cumplido con los fundamentos y principios que legitimaron la ley N° 19696, cuando establece en el Mensaje del Presidente de la República, entre otros fundamentos:

“…Los cambios políticos, a su turno, exigen una justicia accesible, imparcial, igualitaria y que maximice las garantías. La necesidad de prevenir la corrupción, supone, a la vez, una activa participación de los ciudadanos en el control del poder”.

“ …La extrema dilación y la estructura de los procedimientos (antes de la presente ley) distancian a la infracción del castigo, privando a este último de sus funciones simbólicas y protectoras…”

Como contrapunto a esta situación que me afecta que no vacilo en calificar de manifiesta denegación de justicia, me encuentro con una crónica del Mercurio, fechada el 16 de noviembre del año en curso, donde se enumeran los diez oponentes para fiscal regional metropolitano, a saber las señoras Falcón, Ríos, Neira y los señores Arias, Pérez, Bufadel, Barros, Bravo, Cáceres y Concha.

La mayoría de estos abogados, aparecen como persecutores de casos relevantes como SQM, homicidio del Sr. Yuraseck, Universidad del Mar, abogados del CDE, Defensoría Regional, Crimen Organizado y otros cargados de gran publicidad o de un nivel manifiestamente político.

¿Qué duda cabe? Son todos casos importantes y su figuración en los medios permite a los persecutores, salir, por ejemplo de un simple robo a un hijo de vecino, o de un homicidio de menor cuantía a un ciudadano corriente.

En este escenario y a pesar de no ser santo de mi devoción, entiendo y solidarizo naturalmente con la actitud elusiva más que evasiva que al parecer, mantiene el tradicional candidato, Marco Henríquez Ominami, en viajes permanentes, urbi et orbi, en orden a sustraerse por el momento, a las indagaciones del actual cuerpo de fiscales dirigidas por el Sr. Chahuan, quien, en sus postrimerías, se ha destacado por un vigoroso protagonismo en la investigación de ilícitos sublimes, resaltados majaderamente  por la prensa nacional, los que por cierto no se caracterizan por su bajo perfil o el anonimato de sus supuestos infractores y probablemente, no terminarán con pena aflictiva o cárcel efectiva, habido el concurso del regimiento de juristas que se emplean en estos casos top.

Creo que a estas alturas del partido, o como sostienen los glosadores de los giros imperiales, at the end of the day, no hay duda que la gestión persecutoria encabezada por el Sr. Chahuan ha invertido gran parte del esfuerzo de su Fiscalía, en investigar a los famosillos, dejando unas cuantas migajas de jurisdicción para los ciudadanos de a pie, que ni siquiera hemos sido víctimas de elegantes portonazos, sino de delitos comunes, de naturaleza rasca, pues no generan alarma pública, ni tampoco aparecen en los sueltos de crónica de los pasquines más amarillos.

Somos un puerquillo que no da manteca.

El Sr. Henríquez Ominami, en cambio es puro filete, un verdadero “bocatto di cardinale”.Ojalá sea notificado de una vez, como lo requiere una sociedad democrática madura.